La intención del Gobierno Nacional de permitir el regreso a clases presenciales bajo un esquema alternado entre presencialidad y estudio en casa, ha levantado todo tipo de posiciones, más en contra que a favor, incluso entre diferentes asociaciones de colegios existen discrepancias entre sí ir o no ir al colegio.

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El Ministerio de Educación ha sido enfático en la libre determinación de las instituciones como de los entes territoriales, así mismo de la decisión de los padres de familia de enviar o no los hijos al colegio.

El tema del manejo con condiciones de bioseguridad es complejo, comenzado por lo económico, como los costos de los insumos tales como tapetes, desinfectantes, tapabocas para todo el personal de docentes, administrativos y demás colaboradores. Por ejemplo, para los docentes no es lo mismo usar un tapabocas sin tener que hablar, que estar dictando clase de 45 minutos, lo que incrementa el humedecimiento interno y reduce su vida útil, por lo menos se requerirán 4 de esos aditamentos por día por docente. Además, en cada salón de clases debe haber un desinfectante para que cada vez que un estudioso o docente entre al salón se desinfecte, así mismo, se recomienda la desinfección de los puestos de trabajo con frecuencia, por lo menos dos o tres veces al día. Conociendo como conocemos los colegios ese gastico se lo trasladan a las familias como un implemento más dentro de los útiles escolares, las que a su vez la gran mayoría han sufrido un impacto en el presupuesto familiar sea por pérdida del empleo de uno de los padres, o porqué el negocio familiar no ha podido generar los ingresos necesarios, entre otros factores.

Ahora bien, ¿qué pasa con las instituciones educativas del sector oficial? Considerando la dependencia del presupuesto oficial, ¿se trasladará la carga presupuestal a los entes territoriales? ¿Bajo qué rubro se comprarían esos insumos si, por ejemplo, en el presupuesto no se establecieron recursos para ello? ¿Será necesario otro estado de emergencia económica, social y ambiental para qué el sector oficial pueda adaptar el presupuesto y no caer en garras de las “asustadurías” por un posible peculado por aplicación oficial diferente de fondos?

Cuento aparte es la interacción humana en las instituciones educativas, ¿cómo manejar el distanciamiento social en los descansos? ¿Se recurrirá a la regla nuevamente como herramienta tecnológica correctiva para medir los dos metros de espacio entre unos y otros?

La modalidad entre la presencialidad y el estudio en casa implicaría aumentarles la carga laboral a los profesores, porque tendrán que atender al grupo qué está en el colegio, como a los qué están desde el hogar. A su vez, esto implicaría una desigualdad, porque una cosa es recibir clases presenciales y otra desde la virtualidad, la interacción sincrónica y asincrónica son totalmente diferentes, ello no implica que una tenga ventaja sobre la otra, pero, quienes tienen la experiencia de ser docentes virtuales saben el esfuerzo adicional que se requiere en estos casos.

Otra opción qué alguien planteó es la asistencia por niveles de grupos, por ejemplo, un día van los grados pares y otro los impares, con la alternancia de horarios de clase para poder dividir los grupos y mantener el distanciamiento en el salón de clases.

Símil a lo expuesto con el sistema educativo es el sector de la justicia, quién también sufre de problemas presupuestales. ¿Serán los jueces, fiscales y magistrados quienes tendrán que asumir los costos las condiciones de bioseguridad de su despacho?

Me comentó una persona de la Rama Judicial frente al posible contagio, dado que la covid-19 es considerada una enfermedad común, y sí es adquirida en la oficina, ¿sigue siendo enfermedad común o se debe tratar como enfermedad profesional? Ojo a la cascada de demandas que se avecinan por esta doble instancia de la enfermedad en los lugares de trabajo.

En el caso del hacinamiento en los despachos judiciales, en muchos de ellos se comparten los expedientes en las estanterías con ubicación en el piso, más tres o cuatro personas en escasos 30 o 40 metros cuadrados. ¿Cómo organizar esos escenarios laborales para mantener el distanciamiento social? Ante la avalancha de abogados o personas que tienen litigios, ¿cómo se procederá a la asignación de citas?, ¿recaerá en cada despacho la obligatoriedad de llevar el registro de control de cada visitante para diligenciar la ficha de persona no riesgosa con los debidos datos de contacto?, ¿podrá ser qué alguien se niegue a dejar los datos registrados porqué se le violan sus derechos de privacidad y por ser recogidos por la justicia “podría ser usada en su contra”?

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Esos y muchos interrogantes surgen por andar corriendo y como dijo un padre de familia en un noticiero de televisión: “si no podemos controlar una pandemia de piojos, menos está pandemia de covid” a razón de estar abriendo escenarios sin necesidad, que perfectamente pueden apoyarse en las herramientas tecnológicas de las TIC.