Presentada hace 16 años como la gran obra que traería desarrollo y plusvalía al norte del valle de Aburrá, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello es hoy un dolor de cabeza para la ciudadanía. Manejos irresponsables, malos olores y poca claridad en las comunicaciones: Aguas Claras tiene tantos lados y aristas como detractores y proyecciones.
Desde hace 16 meses, la comunidad bellanita se queja por los malos olores que produce la Ptar Aguas Claras.
A pesar de ser un proyecto liderado por Empresas Públicas de Medellín, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Aguas Claras” se inauguró el 7 de junio de 2019 en Bello, cerca de los barrios Machado y Navarra, tras cinco años de demora en su entrega y un sobrecosto de 75.000 millones de pesos. Bajo el precedente del buen funcionamiento de la planta San Fernando, en Itagüí, el Concejo de Bello había aprobado hace más de una década la destinación del suelo del municipio para la construcción de una obra que, según las proyecciones del 2004, constituiría una línea de plantas paralela al río Aburrá, desde el sur al norte del valle.
Hoy es bien sabido que las planeaciones y promesas de entonces quedaron cortas: San Fernando y Aguas Claras son las únicas encargadas de la gran responsabilidad ambiental de controlar hasta 140 toneladas diarias de materia orgánica, recolectando hasta el 84% de aguas residuales del Aburrá. Mientras que, en términos de pleitos y preguntas por resolver, alrededor de la reconocida planta modelo hay tela para cortar: incumplimientos en la construcción y pago a subcontratistas por el consorcio encargado, HHA; malos olores y confusión hacia el manejo de los inconvenientes por Aguas Nacionales EPM e incertidumbre por la desconocida destinación de la plusvalía pagada por EPM a la Alcaldía de Bello, con razón del uso de suelos.
“Bello es el patio trasero del valle de Aburrá”, asegura vehemente el concejal Jorge Giraldo como preludio a su relato sobre el complicado panorama de Aguas Claras. Lo cierto es que, en medio de este tira y afloja de culpas, promesas y responsabilidades, permanece una ciudadanía desconfiada por los tantos agravios soportados.
A rata muerta, a huevo cocido, a pedo atómico, a cañería, a materia fecal humana remojada y recalentada en un sancocho nauseabundo. Así huele Aguas Claras. Así huele Bello. Para Niquía, Machado, Navarra y, a veces, Santa Ana, este fue por dieciséis meses un hedor condensado en los calores matutinos y mal viajado en el sereno nocturno; un visitante furtivo de hogares, el primer comensal en sentarse a la mesa.
Pero hoy, sea por paranoia o verdadero compromiso de EPM de contener los olores, el extranjero temporal no percibe más que el fantasma incierto de una peste cual simples migajas en el plato o pelos sueltos de diente de león. Siendo así, los torniquetes de la estación Bello, algunos pasajes de Puerta del Norte y las inmediaciones de la UVA lucen como trincheras de concentración aromática que, en horas aleatorias, bien pueden expandir sus tentáculos y abrirse paso entre puertas selladas y fosas nasales desprevenidas.
Hoy las afectaciones en la Ptar Aguas Claras se expresan en términos de devaluación de vivienda, disminución del turismo y comercio, y deterioro del bienestar social. Foto: Laura Wagner.
“Hay gente que le gusta el olor”, tan pronto como lo dice, la voz de Jaime Cardona es pisoteada por un ejército de burlas y desacuerdos comunes. A pesar de su intento de aligerar la conversación, el gerente general de GSA, empresa contratada por Aguas Nacionales EPM para la medición del aire alrededor de Aguas Claras, tiene ante sí un público difícil.
Paredes blancas, sillas de plástico y una suave frescura de eucalipto: en la Urbanización Florida de Norteamérica, en el barrio Navarra, los representantes de 18 barrios bellanitas dirigen sus ojos acusadores a los dos ponentes de Gestión y Servicios Ambientales, GSA, y al de Aguas Nacionales EPM. La razón del encuentro: la socialización de los tres proyectos de medición de olores pedidos por Aguas Nacionales. El contexto de la fallida broma de Jaime Cardona: el agotamiento de una comunidad cansada de no ser tomada en serio durante más de un año.
A pesar de su inauguración en el 2019, la planta sólo comienza a ser operada por Aguas Nacionales el 27 de septiembre, momento en el que el consorcio Aguas de Aburrá HHA debe entregar la obra anticipadamente por su ineficiencia en los procesos de estabilización y tratamiento. Entre estos, se destaca su incapacidad de depurar de un 30 a 50% del caudal y el estado crítico de hasta un 49% de los equipos; razones por las que, según Sebastián Pescador Romero, profesional de Aguas Nacionales EPM, la actual operación ha tenido recursos más bien limitados y un menor margen de maniobrabilidad.
Por su parte, el vicepresidente de Agua y Saneamiento EPM, Santiago Ochoa, coincide: “En dicho proceso de puesta en marcha y estabilización tenemos estos eventos de generación de olores que causan malestar en la comunidad”, y añade que la mitigación de estos responde también al tiempo incierto de los procedimientos biológicos involucrados. “Hay que crear una colonia de bacterias en los tanques para que eliminen la carga orgánica del agua; sin embargo, no han logrado llegar a una población ideal y descomponer toda la materia”.
No obstante, aunque Aguas Nacionales ha logrado hoy dar una explicación razonada de los olores y unos compromisos con la Alcaldía de Bello para mitigarlos a finales de febrero y eliminarlos para junio, hasta hace poco había manejado unas comunicaciones contradictorias y muy flojas. En palabras del concejal Daniel Villa, venía aplicando pañitos tibios con los ciudadanos.
Él recuerda: “En la primera reunión, uno de sus ingenieros dijo que siempre olería y que no se podría hacer nada, luego llegaron los directivos afirmando que se iban a mejorar mas no habría un olor cero, y ahora el vicepresidente dice que se eliminarán los olores y hace 36 compromisos. Así que tenemos tres versiones, y ahí es cuando la ciudadanía desconfía de EPM”.
Desde sus asientos de plástico blanco, los bellanitas se remueven inquietos a pesar del vaporoso aroma de la sauna ubicada a pocos metros del salón social: una de sus mayores preocupaciones hacia la actividad de GSA es su incapacidad de monitorear al 100% las 24 horas del día. Entonces, para ellos, dejan de ser suficientes los 18 puntos de medición en los alrededores y las dos mil encuestas de percepción a realizar, pues es mayor la incertidumbre de que, así como ahora los rodea una fachada de perfume de hierbas, las horas medidas aleatoriamente no capten el verdadero y molesto olor de Aguas Claras.
“En la pregunta por la descripción de las emisiones de la Ptar, podrán elegir dos o tres opciones entre los siguientes olores: sustancias químicas, porquinaza, alcantarillado, mortesina, estiércol, ganadería...”, enumera juiciosamente el gerente general de GSA antes de ser interrumpido de nuevo.
“Todas las anteriores”, responden molestas las cabecitas iluminadas por el reflejo del proyector de diapositivas.
El diputado Alexander Osorio y la entonces corte de concejales de Bello regresaron al norte con la visión de una planta de tratamiento moderna y ejemplar, la impresión de ver corrientes depuradas de aguas transparentes y la ensoñación de regresar la vida a un río por tantos años tóxico. Tales fueron las promesas que trajeron de su visita a San Fernando en el 2004, y por las que la ciudadanía, exaltada por el gran desarrollo que arribaba al municipio, compró y arrendó inmuebles alrededor de la futura Aguas Claras. Hoy estos no valen más del 50% de su precio original, según declaraciones del congresista León Muñoz, pues los olores se prenden a las paredes y juran velar por la quietud de las viviendas bellanitas.
De mayor proporción que la planta San Fernando, en Itagüí, Aguas Claras recibe el agua residual de hasta 3 millones de habitantes y tiene una capacidad de 5 m3/s; en comparación a la primera, de solo 300 mil habitantes y 1,8 m3/s. Foto: Santiago Londoño.
Sin embargo, la devaluación del patrimonio es uno más entre los frentes de afectación por las emisiones de la Ptar, pues el reconocimiento de los padecimientos en salud física y mental es la mayor inquietud del municipio. Náuseas, vómitos, dolores de cabeza y estrés: a pesar de la sintomatología, la comunidad no ha podido comprobar ante Aguas Nacionales y la Secretaría de Salud que aquellos se deben a las moléculas de materia orgánica que día a día respiran y consumen en sus alimentos. De hecho, el problema radica en demostrar que los gases generados por Aguas Claras contienen realmente microorganismos perjudiciales; por ello, la importancia en las mediciones del aire.
Pero tan rápido como ahora, sentados en comité con GSA y EPM, los vecinos plantean el tema, sus intenciones son desestimadas y echadas bajo tierra: “No existe en el mundo una norma que asocie el tema de olores con la parte microbiológica; solo es calidad del aire”, rechaza Jaime Calderón y añade respecto a su trabajo: “La norma de olores, Resolución 1541, bajo la que medimos, no trata sobre los problemas de salud en las personas, sino de inconfort”.
La predecible ola de protestas del comité de ciudadanos reunido no tarda en hacerse sentir: ¿de qué les sirve, entonces, que un tercero instale puntos de monitoreo si solo podrán aplicarse acciones reactivas al inconfort? En ese marco, ¿qué responsabilidad podrá asumir EPM en cuanto a las afectaciones en inmobiliario, comercio y salud?
Vistiendo su chaleco verde y el carné que lo identifica como vocero de Aguas Nacionales, Sebastián Pescador procura mediar el concierto de angustias y enfados en un tono cansino, casi inexpresivo: “Tenemos claros los objetivos de reconocimiento de una afectación a la comunidad, por lo que no escatimamos recursos ni esfuerzos para hacer un diagnóstico completo y honesto, y llevar a buen término los problemas”. Y continúa a pesar de las voces que intentan interrumpirlo: “Mas todo esto está por fuera del cumplimiento normativo: no estamos obligados a contratar todos estos estudios porque ya tenemos una licencia ambiental que nos habilita el funcionamiento”.
La propuesta de unas acciones compensatorias por EPM es tema recurrente en las plenarias de los concejales Jorge Giraldo y Rafael Cárdenas, así como de las peticiones del comité de ciudadanos liderado por Felipe Piedrahíta. Además de razones, tienen un precedente: el retiro y posterior reparación económica en obras en el 2002 de Empresas Varias de Medellín a ocho comunidades de Bello por los malestares del relleno sanitario Curva de Rodas. Comentario: curiosamente, el basurero también se ubicaba en las inmediaciones del barrio Machado.
“Personalmente, me preocupo por el resarcimiento de la comunidad pues todo lo que está generando EPM se lo deberían devolver”, opina segura y pausadamente Felipe Piedrahíta. “Por ello, le pedimos explícitamente que el olor se detenga”.
Ante ello, la respuesta de Aguas Nacionales EPM es clara, pero engañosa en apariencia: las compensaciones para el entorno, sociedad y ambiente responden a la licencia ambiental de Aguas Claras y, de acuerdo con el vicepresidente Santiago Ochoa, se expresan en: “El pago de la plusvalía a Bello por la modificación del POT para realizar la planta, que son 89.000 millones de pesos, y el pago del impuesto predial, alrededor de 9.000 millones de pesos anuales”. Él complementa: “Adicionalmente, entregamos una UVA en la plazoleta para desarrollar actividades de capacitación, culturales y de recreación. Esta es la forma en que nuestras actividades entregan una compensación o tributo al territorio de desarrollo”.
¿Hasta qué punto pueden considerarse indemnizaciones sociales a unas medidas pensadas y llevadas a cabo meses, o incluso años, antes de conocerse las afectaciones ocasionadas? ¿O es que, acaso, ya se tenían previstas dichas irregularidades en la planta más moderna de Latinoamérica? Más y más preguntas resurgen en la búsqueda de respuestas de Aguas Claras.
Aunque la planta de San Fernando es referente constante al hablar de Aguas Claras, lo cierto es que ambas son plantas distintas en términos de capacidad, recursos y condiciones. Por su locación cercana a la cuenca del río, la primera recibe un caudal de agua con mayores niveles de oxigenación y menos componentes orgánicos. En otras palabras, el congresista León Muñoz, experto en el tema, especifica que, en comparación a Bello, Itagüí recibe casi tres veces menos de aguas residuales con una contaminación diez veces menor.
Por su parte, Santiago Ochoa, vicepresidente de Agua y Saneamiento EPM, coincide en la mayor complejidad de Aguas Claras en el momento de sincronizar procesos eficientemente. No obstante, reconoce que ambas plantas sí tienen un punto en común: la generación de olores. En su momento, en el 2000, San Fernando tardó entre 18 y 24 meses en estabilizar sus emisiones; por su parte, Bello lleva dieciséis y, según EPM, no tardará más de cuatro meses en eliminar los olores. Solo el tiempo dará la razón a estas nuevas promesas.
Dos son los costados que hasta ahora no se han retomado de la controversial Aguas Claras: la plusvalía de 89.000 millones de pesos entregada a la Alcaldía por la cesión de suelos y los 40.000 millones de pesos en deudas a los subcontratistas que el Consorcio HHA nunca pagó.
El primero, por más mediático, es el menos claro: el 29 de diciembre de 2009 el entonces y aún actual alcalde bellanita, Óscar Andrés Pérez, recibe el monto de EPM por concepto de egresos corrientes de libre destinación. Sin embargo, once años después, sigue sin conocerse la destinación de estos dineros.
Por último, la disputa con los subcontratistas de Aguas Claras responde a la corrupción del consorcio y a la ejecución irregular de las obras, sea a causa de un mal diseño o de construcción, aún queda esclarecer en la audiencia pública cuál de los dos. Lo cierto es que en el pleito intervienen cerca de 50 pequeñas empresas con deudas del tamaño de su corto capital, en peligro de entrar a la quiebra.
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