Mientras la oficina Jurídica de la Gobernación de Antioquia estudió durante la mañana de este martes la situación jurídica del alcalde de Envigado, Raúl Eduardo Cardona González, el Directorio Liberal de esta ciudad se reunirá este jueves para pronunciarse sobre la crisis política administrativa que se registra en esta municipalidad del Aburrá Sur.

Luego de conocida el pasado lunes la decisión del juez de control de garantías sobre la suerte jurídica del mandatario municipal y de otros funcionarios de su gabinete y también de particulares, originó muchos comentarios la decisión de dejar en libertad al alcalde Cardona González con una serie de limitaciones como la de no ingresar a la Alcaldía de Envigado y no tener contacto con funcionarios de la administración que ha comandado en los últimos casi tres años.

Aunque exótica por lo poco conocida o por ser una medida sin precedentes, esa decisión del juez si está contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano, concretamente en el Código de Procedimiento Penal.

Es casi lo mismo o parecido a cuando una persona es castigada penalmente por inasistencia alimentaria y se le impide salir del país.

La medida contra el alcalde de Envigado pese a recobrar su libertad, es también una medida de aseguramiento consistente en limitarle a la persona juzgada sus movimientos y relaciones.

También esta determinación se considera inédita, pues básicamente se conocen dos medidas de aseguramiento, la intramural y la detención domiciliaria.

Así las cosas y resuelta la situación jurídica de este alcalde tras las acusaciones de la Fiscalía por supuestos actos de corrupción que se han ido desvirtuando o desmoronando, la ley faculta a los gobiernos departamentales a llenar el vacío temporal en la titularidad de las alcaldías, en este caso la envigadeña.

Por tal motivo los abogados de la Secretaría Jurídica del ente seccional trabajaron en la mañana del martes y tras analizar durante varias horas este caso, determinaron proponerle al gobernador Luis Pérez Gutiérrez que expida una resolución suspendiendo al alcalde de Envigado, ante la imposibilidad que tiene de gobernar por las restricciones impuestas por el juez.

Pero previamente la Gobernación de Antioquia elevará una consulta al juez de este caso, para que certifique si su decisión está debidamente ejecutoriada o contra la misma cabe aún alguna acción de reposición.

En caso que se confirme esta decisión judicial, la administración antioqueña notificará al Partido Liberal, que avaló la candidatura de Cardona González, para que suministre una terna de nombres, de la cual deberá seleccionarse un alcalde que actuará en calidad de encargado.

Entre tanto, el proceso judicial continuará y si en su transcurso el alcalde sale airoso, podrá regresar a su cargo.

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Liberales de Envigado

Entre tanto, el presidente del Directorio Liberal Municipal de Envigado, Armando Cardona Cataño, informó que esta directiva política se reúne este jueves para analizar la crisis que hoy afecta la actividad pública de esa ciudad, que ha sido puesta como ejemplo de organización administrativa en Colombia.

Pero tanto este directivo, como el cuatro veces alcalde Héctor Londoño y jefe político liberal de Envigado, y el diputado Braulio Espinosa Márquez expresaron vehemente que están seguros de la honestidad del alcalde y confiados en que demostrará su inocencia.

Todos tres y muchas personas en Antioquia se mostraron en total desacuerdo por la forma como el fiscal General de la Nación presentó ante la opinión pública nacional los supuestos actos de corrupción.

Aunque respetan y acatan la labor de la justicia y de la Fiscalía como ente acusador, no comparten el daño que el fiscal le hizo a Envigado y a la honra de las personas, en este caso a los funcionarios de la alcaldía, toda vez que por las decisiones adoptadas por el juez, las pruebas eran muy débiles, además que se atentó contra la reserva procesal.

A propósito el abogado y analista Guillermo Mejía Mejía comentó que en sus clases de penal en la Universidad de Medellín, el jurista y político Federico Estrada Vélez, siempre enseñó que destruir el buen nombre de una persona es tan fácil como desplumar una gallina, pero igualmente de difícil de reparar su honra como volver a ponerle las plumas.

Recordemos que el fiscal desde Bogotá salió nacionalmente a divulgar que habían descubierto un gran pero supuesto entramado de corrupción en el Municipio de Envigado, en el que, según en él, se detectaron delitos contra la administración pública como la compra de un lote a un precio mayor al valor comercial, el cobro de coimas, la compra ilegal de tablets y el cobro de dinero por puestos en la administración de esta ciudad.

Sin embargo, en desarrollo de este proceso ante el juez, la mayoría de esos cargos o acusaciones se fueron esfumando, pues en ningún momento el Municipio de Envigado ha adquirido el lote del escándalo, la supuesta coima de casi 400 millones de pesos se trata de un crédito de un particular y no hubo ningún favor ilegal por la compras de las tablets.

Por tal motivo hoy no se encuentra ninguna persona privada de la libertad en centro carcelario.

Comentarios:

juan guillermo
2018-12-30 10:42:04

LAS ALCALDIAS POPÚLARES ENTERRARON A COLOMBIA, LO SUMERJIERON EN UN OCEANO DE TERROR Y CORRUPCION....FUE PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD...

Néstor
2018-12-05 05:56:45

COINCIDENCIAS Mientras los medios de comunicación hablan de la terna de abogados de entre los que se escogerá el fiscal ad-hoc con la idea de conformar una estructura autónoma que se encargue del proceso Odebrecht, en Envigado se conoce que el juez del caso en contra del Alcalde Municipal Raúl Eduardo Cardona González le da libertar restringida, pues no puede ingresar a ninguna dependencia oficial del municipio ni establecer contacto, ni con funcionarios públicos, ni con contratistas, mientras se adelanta el proceso en su contra. Coincide el caso contra Cardona con el caso contra Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, en ambos casos se habla que sabían de la comisión de delitos por parte de terceros y no hicieron nada para evitarlos. Pero más allá de esta coincidencia, aparentemente el fiscal Martínez si tenía intereses propios de todo tipo, económicos, políticos y estratégicos, y además la intención de desviar la investigación para no verse inmerso en problemas civiles y penales; caso contrario al alcalde Cardona quién demostró en la etapa preliminar del proceso en su contra, que no denunció pues sabía que este proceso ya tenía curso ante las autoridades competentes y no participó de él en forma alguna. El fiscal del caso en contra del alcalde de Envigado, lo calificó como una peligro para la sociedad y solicitó al juez del caso que lo recluyera en una cárcel, mientras se adelanta el juicio en su contra, lo calificó como un criminal corrupto y lo presento como el cerebro de una banda de delincuentes, ello siguiendo la línea utilizada por su jefe el Fiscal General de la Nación quien al anunciar la captura de Cardona describió la situación como ”responsable de conformar una red de corrupción para apoderarse de los dineros públicos”. Por su parte, al finalizar la primera etapa del juicio contra Cardona, el juez del caso lamentó que la fiscalía no presentara a los ciudadanos de Envigado como víctimas del caso y, como ya se dijo, privó al Alcalde del ingreso a cualquier dependencia oficial del municipio, así como prohibió el contacto con funcionarios públicos y contratistas del municipio. Ahora bien, si el Alcalde Cardona conoció de la comisión de un delito y a los ojos de la fiscalía es un delincuente corrupto que merece cárcel y a los ojos del juez victimizó a los 250.000 habitantes de Envigado, ¿qué se deberá hacer con el Fiscal General de la Nación?, quien evidentemente sabia de los pormenores de los delitos del caso Odebrecht, ¿qué se deberá hacer con él, que victimizó a la totalidad de los ciudadanos de este país? ¿qué se deberá hacer con él, que si tiene interés propio en los negocios relacionados con el caso Odebrecht?, ¿será que los fiscales que conozcan de este caso también pedirán la reclusión de Martínez en una cárcel?, ¿será que a Martínez también le impedirán ingresar a cualquier dependencia de la Fiscalía y establecer contacto con los funcionarios de dicha institución?, ¿será que públicamente alguien (por ejemplo el presidente de la república) se atreve a salir a decirle a Martínez y todos sus relacionados que no pueden hacer de los dineros públicos una natillera, como lo anunció a voz en cuello el fiscal Martínez en el caso de Envigado, estigmatizando al 100% de los funcionarios públicos? Será que públicamente un fiscal es capaz de decir públicamente que Néstor Humberto Martínez es un peligro para la sociedad y un delincuente corrupto? Con pesimismo diré: Amanecerá y Veremos. Y para ser claro y a pesar de las coincidencias: Creo en Cardona y no creo en Martínez.

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