Molestos, así se encuentran los comerciantes de los establecimientos nocturnos del Parque Lleras con la Administración Municipal por lo que ellos consideran son abusos en los procedimientos que se han llevado a cabo para el control de la zona desde 2016, en especial este año, en el que se han cerrado diez locales de forma definitiva. La situación, dicen los empresarios, los está llevando a tener pérdidas millonarias, por lo que han venido manifestando su inconformidad, como lo hicieron el pasado viernes 31 de mayo, con un plantón en las inmediaciones del parque.

Durante los últimos meses, manifiestan los comerciantes, el gobierno municipal ha aumentado la cantidad de visitas que hace a los establecimientos con el fin de buscar posibles irregularidades en los locales comerciales del sector. Las autoridades, por su parte, aseguran que estos son necesarios, pues se debe luchar contra problemáticas conocidas en este espacio, como microtráfico, prostitución y presencia de menores.

Sin embargo, uno de los puntos que mayor inconformidad ha generado es la imposibilidad de establecer canales de comunicación viables con la Alcaldía, a fin de resolver la situación de manera conjunta, según los empresarios, quienes aseguran que desde las instituciones de la Administración se los ha estigmatizado, al punto de relacionarlos de manera directa con los problemas de ilegalidad que acosan a la zona.

La posición de los comerciantes

EL MUNDO habló con algunos empresarios del sector, quienes prefirieron que sus nombres no sean publicados, sobre los hechos que vienen ocurriendo respecto de los controles que se han ejercido en la zona. En primera instancia, estas personas explicaron que existe una problemática a la hora de la ejecución de las normas legales que los cobijan en su actividad, como lo son el artículo 87 del Código de Policía, encargado de las medidas obligatorias para el ejercicio comercial, y los decretos 889 y 890 de 2014, que regulan los horarios de funcionamiento de los establecimientos bajo el programa Medellín Convive la Noche.

Según sus declaraciones, los cierres temporales impuestos por la Policía afectan su actividad comercial pues, tras la notificación que se hace a la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, sus negocios pierden el beneficio de la extensión de horario establecida en ambos decretos, lo que, indican, les genera pérdidas económicas de entre 50 y 60% respecto de las ganancias.

“Para ellos es una pérdida de un beneficio, pero para nosotros es una sanción y una muerte comercial, por muchas razones: si abrías hasta las 4:00 a.m., y al lado tienes discotecas que abren hasta las 2:00, te afecta la competitividad, los ingresos te merman hasta un 60%; la gente no entra a tu lugar si no abres hasta más tarde; con la pérdida de ingresos se vienen las deudas con los proveedores, toca despedir personal y muchas personas se han quedado sin trabajo”, manifestó uno de los comerciantes afectados.

Los comerciantes aseguran que existen irregularidades en los controles, además de algunos abusos de la autoridad policial o institucional, así como también consideran que estos mismos no se ciñen a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que estipula el numeral 12 del artículo 8 del Código de Policía, señalando que las sanciones pueden ser en muchos casos desmedidas.

“Se ha llegado a estos extremos: si hay un chicle debajo de una mesa, Secretaría de Salud hace el reporte, si hay una gaseosa vencida, es un problema. Le informan a Medellín Convive la Noche y te excluyen del beneficio. Hay problemas que se repiten, como las mediciones de ruido. Eso tiene complicaciones porque los rangos no están actualizados. Difícilmente una discoteca lo pasa, por muchas razones: tienen que medir el ruido del ambiente, y llegan a hacer la medición en horarios en los que el ruido de la discoteca obviamente es más fuerte que el sonido ambiente, como a las 3:00 a.m., cuando el ruido externo es casi inexistente y el ruido interno es mayor”, dijo uno de los entrevistados.

Además, expusieron que hay irregularidades en la notificación de las sanciones, pues estas no siempre son indicadas a ellos de manera directa: “Te notifican a través de la lista que le envían a la Policía y se sabe que quitaron el horario. Eso no se puede, a usted le deben notificar. En la ley se establecen unos pasos para la notificación que tienen que cumplir para que la sanción quede en firme”.

Los comerciantes argumentan que siempre han mostrado intenciones de resolver las problemáticas en conjunto con la Alcaldía, de buscar soluciones de forma mancomunada y ser actores fundamentales en el cambio de una zona que, reconocen, vive problemáticas que son conocidas.

“Nosotros estamos en compromiso con la legalidad, no nos oponemos a los controles, está bien que se hagan. Puedo decir que el 95% estamos comprometidos con actuar de forma legal; no patrocinamos consumo de drogas en los establecimientos, ni el ingreso de armas ni el ingreso de menores”, indicó uno de los empresarios, mientras que otro dijo que “hemos sido claros con la Alcaldía diciendo que respaldamos la institucionalidad. Estamos de acuerdo con que se controle a los negocios que no cumplen con la legalidad. Pero creemos que hay sanciones que pueden ser flexibles”.

Gran parte de los comerciantes del Parque Lleras realizaron un plantón el pasado 31 de mayo, por la inconformidad que están viviendo, a raíz de las medidas adoptadas por la Alcaldía.

“El problema radica en el procedimiento”

Pero no solo los comerciantes del sector se manifiestan en contra de los hechos. Betty Olaya, presidenta de la Federación de Comerciantes por la Noche (Fedecon) expresó que: “Ningún comerciante se ha opuesto a las intervenciones que la Administración ha venido haciendo. El problema radica en el procedimiento que se está haciendo frente a los establecimientos, en donde obedece sistemáticamente a una política de arrasar con todos los lugares de comercio y llevar a cabo cierres definitivos de la actividad comercial”.

Olaya, al igual que los afectados, considera que la situación presenta desfases en la aplicación de los principios de racionalidad y proporcionalidad, aduciendo que no resulta complicado recibir tres sanciones por los mismos hechos: cierre temporal, multa económica, y exclusión de la extensión de horario en el programa Medellín Convive la Noche.

De la misma manera, tanto Olaya como los comerciantes indican que su posición no es otra que acatar legalidad y ser respetuosos de los controles. No obstante, son claros al decir que están en contra de la estigmatización que, perciben, ha generado la Administración a su alrededor.

“Aceptamos los controles, pero no estamos de acuerdo con los procedimientos que constriñen y generan temor al comerciante, cuando lo debido es hacer una unión con el comerciante. Hago un llamado a la Administración para que no miren al comerciante como un problema, porque ellos quieren hacer parte de la solución, y la mayoría están atentos al cumplimiento de los requisitos”, dijo Olaya.

¿Qué dice la Administración?

Respecto a la situación, Sandra Giraldo, gerente de la Comuna 14 (El Poblado), manifestó que el Parque Lleras ha sido un tema prioritario en el gobierno de Federico Gutiérrez en materia de articulación con los comerciantes, así como en la seguridad: “casi que es un clamor de la comunidad que haya presencia institucional en el parque por todas las problemáticas que se viven desde hace mucho tiempo, y la comunidad misma percibe que esa zona viene en un proceso de depresión”.

Giraldo comentó que desde el inicio de la actual Administración se estableció un Puesto de Mando Unificado en el sector, con la intención de identificar los días y horarios en los que son más notorios los problemas, para poder establecer controles legales que sean efectivos en el combate de los mismos, indicando que los fines de semana fueron los momentos de mayores índices.

En el tema de los controles, la gerente señaló que “se lleva a cabo un procedimiento en el que se le informa al comerciante dónde está incumpliendo, cuál es la sanción y se lleva un proceso en la estación de policía. Si el comerciante vuelve a incumplir, se procede con el cierre. Desde que hay una primera sanción, hasta el cierre, hay un proceso en el que el comerciante tiene la oportunidad de resarcir lo que está haciendo mal, y solo se da el cierre cuando recae sobre el mismo incumplimiento. El cierre definitivo es a la tercera vez”.

La funcionaria sostuvo que las acciones son necesarias, y que las problemáticas son notorias: “No solo hay regulaciones del Código, sino también de Secretaría de Salud, porque se han encontrado problemas de salud en los establecimientos, como cucarachas, alimentos vencidos, etc. Y hemos tenido problemas con bomberos, con el permiso que da el Dagrd, ese permiso tiene que ver con los aforos del establecimiento según los metros cuadrados y salidas de emergencia. Nos hemos dado cuenta que un establecimiento con aforo para 90 personas, tiene hasta 130 personas, está incumpliendo, y si hay un accidente, es más difícil evacuar. No queremos tener incidentes en los que se pierdan vidas”.

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Poca presencia en las mesas de trabajo

Sandra Giraldo indicó que tanto desde la Gerencia de El Poblado, como desde la Secretaría de Seguridad, se realizan constantemente mesas de trabajo y capacitación con los comerciantes de la zona, con el fin de explicar la normatividad y orientar al personal en las formas correctas de actuar. Sin embargo, asegura que la participación de los empresarios es muy baja en estos espacios, aduciendo que no tienen la voluntad de hacerlo.

“Nos han dicho que no tienen la información, pero hemos hecho unas siete u ocho mesas de trabajo, en las que se han tocado temas desde el aforo, señalización, salidas de emergencia, hasta cómo es el manejo con los menores de edad si los identifican adentro de sus establecimientos. No obstante, la asistencia de estos comerciantes a los espacios de talleres es escasa. Nosotros hacemos la convocatoria puerta a puerta, pero solo van 35 o 45 de 170 que convocamos, entonces nos damos cuenta que hay una falta de voluntad en asistir a las capacitaciones para conocer la norma”.

En sus palabras, la intención de estos espacios es también generar canales comunicación y confianza para lograr que los comerciantes del sector cumplan con la norma. No obstante, precisamente los empresarios indican que, si bien es cierto que se han dado las mesas de capacitación, la convocatoria no es la más efectiva, y se ha generado un estado de desánimo “porque solo han visto represión y no consenso sobre los problemas que existen”, como manifestó uno de ellos.

La comunicación con las instituciones

Los comerciantes del sector manifestaron que han intentado resolver el problema por vías legales, sin mayores resultados. Además, aseguraron que se han buscado espacios de diálogo directo con la Alcaldía, a fin de lograr establecer estrategias claras entre las dos partes. Sin embargo, enfatizaron en que no ha sido fácil la búsqueda de establecer relaciones inmediatas con la Alcaldía.

En este aspecto, expresaron que sostuvieron una reunión con el alcalde, quien les señaló que era necesario hacer cumplir la orden, pero que también les solicitó a sus funcionarios que manejaran la situación con “sentido común”. No obstante, dicen los empresarios, no ha vuelto a darse ningún espacio de concertación.

Por otra parte, han acudido a instancias como la Contraloría, la Procuraduría y la Personería, pero sus alegatos no han prosperado en estas instancias. Igualmente, en marzo de este año acudieron a una sesión en conjunto con comerciantes de toda la ciudad al Concejo, con el ánimo de buscar soluciones para el sector empresarial. Ellos indican que en ese espacio encontraron receptividad de varios concejales, quienes se manifestaron a su favor. Sin embargo, señalaron que hasta el momento no ha habido ninguna medida efectiva.

“Los empresarios vienen trabajando hace tres años con la Alcaldía a través de la comisión 040, exponiendo estas problemáticas, buscando un diálogo y consenso con la Administración para buscar soluciones a los problemas, pero no ha habido diálogo fluido para encontrar soluciones”, indicó uno de los empresarios.

Así luce el Parque Lleras durante el día.

Las afectaciones: económicas y morales

Los problemas, que manifiestan los comerciantes del Lleras le ha traído la situación, no solo pasa por las pérdidas económicas inmediatas a los cierres, temporales o totales, sino que, consideran, la situación los está perjudicando, tanto a ellos como al sector, en materia moral y de imagen.

Uno de ellos narró que, tras un operativo, una persona que frecuentaba el lugar hizo comentarios alusivos a una presunta ilegalidad del establecimiento, señalando que los procedimientos no tienen en cuenta la afectación en términos de reputación que puede traer para los establecimientos, generando una paulatina pérdida de clientes.

Los comerciantes señalan que consideran injustificado que estos operativos los vinculen a ellos con la criminalidad: “La complejidad de la seguridad en Medellín no puede ser causa que justifique involucrar a la mayoría de los comerciantes en un vínculo con la delincuencia. Es una concepción injusta que afecta la imagen del comercio. La afectación no solo es económica, sino que la imagen de legalidad queda por el suelo cuando los procedimientos de forma arbitraria dan la sensación de que el comerciante es un irregular”, señaló Olaya.

En lo económico, dicen que muchos empresarios se han visto en la quiebra, pues los cierres o pérdidas de extensión de horario les ha afectado la posibilidad de recuperar sus inversiones, dejándolos con grandes deudas. Uno de ellos aseguró que perdieron cerca de 200 millones, mientras que otro dijo haber tenido déficit de cerca de 120 millones. Una tercera persona aseveró que en la ciudad, por estas causas, puede haber pérdidas cercanas a los 10 mil millones de pesos, además de un crecimiento del desempleo de más de 300 personas.

“Hay gente que tiene sus bares y discotecas y viven de eso. Si se los cierran, dejan de estudiar sus hijos, dejan de comer, ¿qué hacen? Por eso le hemos dicho a la Alcaldía que se sienten con nosotros, que nos enseñen, nos muestren lo que estamos haciendo mal, pero no lo han hecho, el alcalde no nos ha dado la cara”, dijo uno de los afectados.

Los comerciantes son claros al indicar su descontento. No obstante, dicen estar dispuestos a trabajar con la Administración para resolver los inconvenientes y encontrar medidas efectivas para todas las partes: “Los programas que quieren implementar no tienen el resultado esperado. Hago un llamado para que haya un real acompañamiento al comerciante, que se ha sentido solos desde el punto de vista de la articulación con la Administración”, sentenció Betty Olaya.