Han aumentado las dificultades y los hechos que han venido acercando a nuestro estado social de derechos a un ambiente de descomposición y caos que en nada se diferencia con el pasado que se quiso corregir.
De nada ha valido nuestra Carta Magna, que hay que decirlo es considerada por los expertos como una de las más garantistas del mundo.
A casi 30 años de vigencia de la constitución de 1991, es mucho lo que está por decirse en cuanto a lo que ha sucedido en nuestra nación y se pretendiera solucionar por quienes, en representación del pueblo, tuvieron la honrosa oportunidad, como difícil tarea, de trazarle el rumbo a nuestras instituciones democráticas.
Fueron invaluables los esfuerzos realizados en procura de entregarle a Colombia una herramienta seria y expedita que le diera a sus administrados la solución a los grandes males que desde mucho tiempo atrás han azotado a nuestra patria. Pero muy poco, por no decir que nada, han servido las buenas intenciones y novedosas instituciones que –para modernizar al Estado y atacar los desmanes administrativos y sociales, creó la Constitución del 91; como ciertamente lo fueron la Corte Constitucional, la acción de tutela, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, entre otros significativos y llamativos cambios.
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Antes, por el contario, han aumentado las dificultades y los hechos que han venido acercando a nuestro estado social de derechos a un ambiente de descomposición y caos que en nada se diferencia con el pasado que se quiso corregir o con las naciones más descompuestas y anarquizadas de la civilización humana.
De nada ha valido nuestra Carta Magna, que de paso hay que decirlo es considerada por los expertos como una de las más garantistas del mundo, por su nutrido catálogo de derechos individuales y colectivos, envidiables por otros sistemas democráticos del planeta, pero que entre nosotros no hemos podido hacer plenamente efectivos. Por muchos que hayan sido los esfuerzos para lograrlo, no han pasado de ser normas muy buenas, pero fríamente escritas en el papel, que –por innumerables circunstancias- muy lejos están de poderse volver realidades concretas que contribuyan ciertamente, como debe ser, al fortalecimiento integral, institucional, económico, político y social del pueblo colombiano.
En medio de todo ese conjunto de virtudes, de pluralistas y altruistas principios (que es nuestra constitución) como de grandilocuentes propósitos de respetar la vida, libertad y dignidad de todos, que rigen nuestro orden jurídico constitucional, crece la violencia y la descomposición social a muy desconcertantes niveles, gracias a la falta de políticas contundentes que contrarresten el desempleo, la pobreza, la inequidad, la injustica y las más variadas expresiones delincuenciales que amenazan, desde el ciudadano más sencillo y humilde, hasta el más encumbrado y portentoso; no pudiéndose hacer aquí exclusión de las organizaciones institucionales y sociales dentro de las cuales se encuentra el mismo Estado; hoy visiblemente socavado, en su legitimidad y soberanía; hasta el punto de tener en no pocas latitudes territoriales y de opinión ciudadana, en entredicho o muy cuestionada su legitimidad- estabilidad– menguada su credibilidad y confianza.
Los hechos sociales y las expresiones ciudadanas en frente al acontecer cotidiano, dejan fehaciente prueba de que no han sido suficientes los muy destacados catálogos de derechos y garantías que se han establecido en nuestra Ley de Leyes, para el largo y muy tortuoso camino que los colombianos hemos emprendido en busca de la paz y de nuestra redención. Menos se han podido materializar las cruzadas libertarias que desde el pasado se han dado en nuestra nación, ordenando a partir 1.810, en el acta de nuestra independencia, en la que categóricamente se afirmó, que la constitución política es para la búsqueda de la libertad y el bienestar de los pueblos, con el elocuente pronunciamiento: “…trabajar con infatigable celo para crear la constitución bajo los puntos acordados y, en una palabra, cuando conduzca la felicidad de la patria…” no cabe duda, ese debe ser el fundamental propósito de una constitución.
Buscar, pues, que los estatutos constitucionales concreten modelos de desarrollo humano y social sostenibles que sí se cumplan y satisfagan integralmente las necesidades de todos los asociados, en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación, no es un invento ni actitud retórica de algunos pocos dirigentes y/o movimientos que –en medio de muchas dificultades -permanentemente luchan, clamando por la instauración de un modelo político que realmente haga efectivos los principios básicos del orden constitucional; pues ello ha sido el mayor anhelo de generación tras generación desde el momento mismo de la creación de nuestra república, lo que ocurre es que tan loable y justo propósito no ha sido posible lograrlo. Hay fuerzas muy poderosas que no están interesadas en que la constitución- orden jurídico y social- cumpla integra y cabalmente con el objetivo para el cual fue establecido: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
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Una cosa es la constitución formal, el pacto escrito por los constituyentes (pueblo), que en total consonancia con los intereses de todo el conglomerado social, dejaron un elocuente y generoso libro con los más sagrados derechos y garantías; pero otra cosa muy distinta son los hechos sociales en la vida real y concreta, en la que se evidencia que todo eso está muy bien, pero en el papel, y que es muy difícil, por no decir que imposible, que a muchos se le pueda garantizar todos esos principios, valores y derechos.
Hay pues un evidente fraccionamiento y discriminación a la hora de hacer valer los derechos: el ideal escenario jurídico, social y económico del que todo lo tiene al alcance, pudiéndose desenvolver libre y soberanamente en ejercicio de todas sus facultades; y la escabrosa realidad de los que -al ir a ejercer sus derechos- encuentran el obstáculo de tener que esperar-aguantar, pasando por grandes penalidades y afujías, a ver si sí pueden acceder a los mismos.
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