La empresa de construcción Construloft aún no escritura los inmuebles, ni ha reembolsado el dinero a los inversores ni ha terminado el edificio.
El edificio Marat Plus aún no está terminado y a los propietarios de los locales no se les ha escriturado el inmueble ni tampoco se les ha reembolsado el dinero.
Cerca de seis años lleva la señora Margarita María Hincapié Ramos, directora Administrativa de la empresa Soluciones Integrales en Proyectos de Ingeniería S.A.S. (Sipi) esperando a que la constructora Construloft le escriture el local comercial, ubicado en el edificio Marat Plus en Sabaneta, donde se asienta la organización o que le hagan devolución del dinero.
Todo empezó cuando la empresa que dirige Margarita hizo un acuerdo con dicha constructora para prestarle sus servicios de ingeniería a cambio del local comercial. Sumado a lo anterior, le hizo un pago inicial de $130 millones como cuota inicial de pago a la fiduciaria, que es Corficolombiana.
No obstante, hasta la fecha ni se le ha escriturado el local ni se le ha devuelto el dinero y tampoco el edificio se ha terminado, a pesar de diversas promesas que ha hecho la constructora de pagar y de los acuerdos a los que ha llegado la empresa de ingeniería para que se les haga el pago.
Asimismo, Sipi le hizo el requerimiento a la Secretaria de Planeación en 2016 para que se le instalara los servicios públicos y organizaran e iluminaran debidamente el acceso de las escaleras al local. Recibieron respuesta en 2018 con un radicado, pero no se obtuvo solución efectiva.
“La entrada al edificio está sin terminar, la parte de atrás y por fuera está sin pintar, lo único organizado es la parte donde está el local, que lo organizamos nosotros con recursos propios. Sumado a esto, hay 51 apartamentos embargados por Colpatria”, afirma Margarita.
En comunicaciones emitidas por la constructora se asevera que el edificio Marat Plus pasará a ser un hotel y que se están realizando negociaciones con el inversionista. Además, que se está a la espera de que EPM instale los servicios públicos para que estos no continúen en funcionamiento de un privado.
Lea: Deterioro en obras de Metroplús tras cinco meses de suspensión
Sin embargo, el asunto es que la empresa de Margarita tiene como uno de sus mayores activos esta oficina y el valor que le adeuda la constructora es de un total de $502.173.131, un capital importante para el funcionamiento de esta empresa Pyme, que se encuentra en crecimiento.
“Fui donde se supone que es su oficina y está cerrada y dejaron unos teléfonos celulares. Había una persona ahí antes y no volvió. Todas las semanas vienen uno o dos propietarios de los otros locales y apartamentos de este edificio y no sé qué decirles. Tuve incluso una discusión con una de estas personas, porque me insinuó que yo era de la constructora y que no la quería atender”, detalla Margarita.
Este medio de comunicación envió solicitud de información al respecto de esta situación, vía correo electrónico, al abogado de Construloft, el señor Augusto Londoño, y a la señora Natalia Correa, apoderada general de esta constructora, pero no se recibió respuesta.
Un caso similar al de la señora Margarita lo vivió el señor Jorge Bonilla, quien ocupaba dos locales comerciales, desocupó el edificio y hasta el momento no le han escriturado ni le han pagado dichos inmuebles. Misma situación viven otros propietarios.
Acerca de situaciones como esta, la abogada Carolina Martínez Arenas afirma que es importante que las personas se asesoren a la hora de invertir en proyectos inmobiliarios, porque lastimosamente hay constructoras que los ofrecen sin contar con los permisos de curaduría para empezar a construir.
Estado del edificio Marat Plus en Sabaneta.
“En el caso de esta señora, compró el inmueble, pero la destinación va a ser diferente, entonces ella tiene derecho a que le devuelvan su dinero, más la indemnización de la cláusula penal, porque la constructora está incumpliendo con el acuerdo al que llegaron. Entonces, ella debe acudir a la jurisdicción civil para demandar el incumplimiento y que las cosas vuelvan al estado inicial, es decir, que le devuelvan su plata indexada en el tiempo, es decir, teniendo en cuenta los incrementos anuales, y que aparte le paguen la cláusula penal. Esto se hace a través de la jurisdicción civil, por medio del centro de arbitramiento de la Cámara de Comercio o los juzgados civiles”, especifica Martínez.
Según Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz, en este momento no existen vacíos jurídicos, porque las personas tienen todos los mecanismos para realizar sus reclamaciones, por medio del Estatuto del Consumidor.
Con respecto a esto, María Alejandra Pérez Sánchez, directora Jurídica de La Lonja de Propiedad Raíz, explica que en la actualidad existe la Ley 1480 de 2011, que regula todas las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores, esta norma facilitó las reclamaciones para los consumidores y esta competencia la asume la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que hizo esta ley fue facilitar más el proceso, porque si antes tenía que ir a la justicia ordinaria, pagar abogado para reclamar, lo que hizo fue darle la competencia jurisdiccional a la SIC, es decir, que puede sancionar e imponer multas a las constructoras.
“Las personas de manera muy fácil pueden entrar a la SIC y presentar las reclamaciones. Esta institución es diligente en cuanto a la revisión de los casos. ¿Qué tiene que mirar ese cliente? ¿A quién le está comprando? ¿Qué tipo de constructora es y si tiene el músculo financiero para responder? Porque si la SIC impone una sanción a una empresa pequeña, sin recursos para responder, esto no servirá de mucho. También, saber si lo que se está firmando es un encargo fiduciario, si la fiducia ejerce el control total del proyecto. Esto para que la vigilancia de la SIC tenga efectividad”, señala la abogada María Alejandra.
Otra de las ventajas de llevar el proceso con la SIC es que es bastante expedito, ágil y se puede solicitar que se compense económicamente el valor del dinero en el tiempo y compensación con intereses. Además, la persona ingresa a la web de la SIC, puede encontrar un banner para las demandas y allí se van llenando unos campos de una manera intuitiva para configurar una estructura de demanda. La norma sobre la cual sanciona este ente es con base en el Estatuto del Consumidor, pero ha hecho algunas precisiones para el consumidor inmobiliario.
“En el caso nuestro como gremio, cualquier persona que tenga un problema con algún afiliado a La Lonja puede presentar una reclamación. Lo que hacemos es una labor de intermediación entre las partes y verificar lo que dice la ley y emitir un concepto para que la empresa actúe de conformidad. En caso de condiciones irregulares tenemos un proceso disciplinario por faltas a la ética y a la ley. Tenemos una autorregulación”, indica María Alejandra.
Prohibida su reproducción total o parcial. La traducción a cualquier idioma está permitida estrictamente para usos pedagógicos y debe citarse la fuente. Reproduction in whole or in part is forbidden. Translation in any language is permitted strictly for pedagogic uses without written permission, and credits shoud be given to EL MUNDO.
Webmaster: webmaster@elmundo.com - Contáctenos en la Calle 53 #74-50 Barrio Los Colores en Medellín - Colombia - Teléfono (574) 2642800
Mi Mundo
Regístrate
