Cualquiera sea el origen del coronavirus que puso al mundo patasarriba, su propagación les cayó como anillo al dedo a muchos gobernantes, quienes aprovecharon la declaratoria de emergencia económica y social o de alarma o de crisis, según cada país, para imponer reformas que por las vías democráticas no tenían salida.

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Tres meses de gobierno en solitario, sin Congreso y sin opinión pública, dejan, en el caso colombiano, una reforma pensional, una reforma laboral, una reforma tributaria y una reforma educativa, sin contar las modificaciones sustanciales a otros sectores económicos y sociales.

Como sabemos, la pandemia afecta especialmente a los mayores, a personas de edad avanzada o con enfermedades previas, que son los usuarios más costosos para la seguridad social, tanto en pensiones (que el sistema considera ya amortizadas), como en salud, por los altos costos y la mayor frecuencia de los tratamientos médicos y de los medicamentos. Desde su óptica, a las EPS “se les apareció la virgen” porque a los mayores que son afectados por el virus los atienden las entidades de salud pública y el resto ha dejado de ir a consultas, a intervenciones quirúrgicas y a reclamar medicamentos, lo que representa ahorros para las empresas “prestadoras” del servicio de salud, amén del alto número de fallecidos que, en su lenguaje, dejan de ser una carga para el sistema.

La reforma laboral tiene un profundo impacto. Por obra y gracia de la crisis económica derivada del confinamiento obligatorio, se autorizan los despidos masivos sin costos derivados (indemnizaciones); a su vez, las empresas rebajaron salarios, redujeron o suspendieron las prestaciones extralegales y aplazaron el pago de las prestaciones legales y los aportes a la seguridad social. Los salarios seguirán congelados por mucho tiempo y el que no esté de acuerdo, “ya sabe dónde está la puerta”.

En materia tributaria se otorgaron ventajas a las grandes empresas, mientras los pequeños empresarios independientes se tienen que defender solos para asumir los costos fijos o cerrar sus establecimientos; así mismo, se aplazaron los pagos de impuestos. El dinero público se canalizó a los bancos y estos a las grandes empresas con notorios beneficios tributarios.

El sistema educativo fue afectado en su estructura, no solo porque la crisis deja sin posibilidades de estudio a miles de jóvenes, sino porque las instituciones de educación modificaron sustancialmente su oferta pedagógica, que pasó de ser presencial a digital, en cuestión de una semana.

A las universidades, esta crisis las impulsó a una reforma pedagógica y laboral de gran calado. Con el paso a la digitalización y el menor número de alumnos se aplana la nómina de docentes, porque sale de circulación la mayoría de los profesores de cátedra, el eslabón más débil de la cadena.

Esto supone el agravamiento de la crisis profesional: habrá más desempleo de profesionales cualificados y con alto perfil académico, porque para ser profesor la exigencia mínima es tener maestría. Y en muchos casos, esta será una inversión que tampoco será amortizada.

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El virus reformista también golpea a los más débiles y, como sucede siempre, viene a consolidar la desigualdad social y a favorecer a los grandes capitales, mientras los sectores medios y bajos de la población padecen todo el rigor de la crisis.