Estados Unidos anunció que revocará los visados de funcionarios nicaragüenses vinculados con la violencia contra los manifestantes.
El presidente Donald Trump responsabiliza a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de la "violencia indiscriminada".
La Casa Blanca exigió este lunes "unas elecciones justas, libres y transparentes" para la restauración de la democracia en Nicaragua, y abrió la puerta a más sanciones a funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega si no detiene la "indiscriminada" violencia, que ha dejado ya más de 350 muertos.
"Unas elecciones libres, justas y transparentes son el único camino hacia la restauración de la democracia en Nicaragua", afirmó la Casa Blanca en un comunicado sobre la crisis política en el país centroamericano.
En concreto, el Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, responsabiliza a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de la "violencia indiscriminada" y la "brutalidad policial" contra los manifestantes que piden "reformas democráticas".
Hasta ahora, Estados Unidos ha impuestos sanciones contra tres altos cargos nicaragüenses: Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y consuegro del presidente nicaragüense; Francisco López, vicepresidente de la petrolera Albanisa; y Fidel Moreno Briones, secretario general de la alcaldía de Managua.
"Estas son el principio, no el final, de sanciones potenciales", remarcó la Casa Blanca.
En concreto, EE.UU. anunció que revocará los visados de funcionarios nicaragüenses vinculados con la violencia contra los manifestantes, así como sus familias, se agregó en el comunicado.
Asimismo, el Gobierno estadounidense ha ofrecido 1,5 millones de dólares en asistencia para "continuar el apoyo a la libertad y la democracia en Nicaragua, ofreciendo un fundamental respaldo a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y medios independientes actualmente bajo amenaza por el régimen de Ortega".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Ejecutivo de
Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
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