El Diccionario de la Lengua Española dice que “sagrado” también significa ser digno de respeto en grado sumo. La familia, la vida, el honor, la honradez son sagrados. Hoy debemos recordar que EPM es sagrada.

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EPM es un instrumento de Estado que sirve a la comunidad. No debe usarse como instrumento de gobierno ni en beneficio de intereses particulares.

EPM es propiedad del municipio de Medellín, por tanto, sus verdaderos dueños somos los ciudadanos de Medellín. El Concejo y el alcalde de Medellín y los directivos de EPM son administradores, no dueños.

Estos comentarios vienen a cuento con motivo de la propuesta que presentaron en días pasados el alcalde y el gerente general para pedir que el Concejo otorgue facultades al alcalde para modificar el objeto social de EPM.

Se propone ampliarlo para incluir la producción y comercialización de todo tipo de bienes. ¡Todos sin excepción!, así lo dice el texto. Y luego detalla algunos que pueden clasificarse en dos grupos: Un grupo relacionado con productos y actividades relacionados con fortalecer la oferta de los servicios públicos domiciliarios, que constituyen su objeto social natural, y otro grupo relacionado con productos y actividades completamente ajenos a ellos.

Algunos de estos últimos son: infraestructura lineal, movilidad sostenible, servicios compartidos, adecuación de tierras, infraestructura, información, conocimiento, ofertas de financiación, soluciones para las personas, seguros y turismo. Todos ellos son extraños a la esencia de EPM.

Esta propuesta de modificación del objeto social de EPM es innecesaria, inconveniente, peligrosa y aparentemente ilegal.

Es innecesaria porque EPM todavía tiene un campo amplio de acción en Medellín, Antioquia y Colombia, para fortalecer la oferta de servicios públicos domiciliarios, con nuevos productos y nuevas tecnologías, y para ello sólo necesita que la Junta Directiva y la administración de EPM cumplan con su deber.

La propuesta es inconveniente porque EPM debe darle prioridad a resolver cuatro temas fundamentales, a saber:

1. Concluir la central Hidroituango y resolver los problemas financieros y jurídicos que generó la emergencia.

2. Resolver los problemas que tiene con algunas de sus empresas filiales en otros países. Pocas de ellas están produciendo el valor económico agregado esperado.

3. Solucionar el descontrol de su filial más importante, UNE-Tigo, y garantizar a la comunidad acceso a esos servicios.

4. Atender los compromisos técnicos, comerciales y financieros con las empresas eléctricas de la costa Atlántica colombiana adquiridas por EPM.

La propuesta es peligrosa porque ampliar el objeto social de EPM a bienes y servicios que le son extraños significaría la amenaza de resultar involucrada en proyectos de alto riesgo y dudoso retorno de la inversión, como ya ha sucedido. De hecho, dos empresas de EPM en Chile, una en Panamá y otra en México, que requirieron inversiones muy altas de capital, están destruyendo valor o generando beneficios muy inferiores a los de la promesa de negocio inicial.

Incursionar en infraestructura (diferente a la relacionada con servicios públicos domiciliarios), movilidad, servicios compartidos, ofertas financieras, intermediación de seguros, turismo y otras actividades propuestas beneficiaría a terceros, personas y empresas privadas que se aprovecharían de la capacidad financiera y operativa de EPM en su beneficio particular, desviando la finalidad de los recursos públicos.

Esta modificación del objeto social de EPM puede ser ilegal, porque contradice el mandato de la Ley 142 de 1994 de que las empresas como ella tengan la prestación de los servicios públicos domiciliarios como su objeto social exclusivo. El soporte legal que se invoca en un aparte de la Ley 1955 de 2019 puede no ser válido, pues la redacción del parágrafo que se cita para ello no es contundente y se presta para diferentes interpretaciones.

Como ciudadano de Medellín y como exfuncionario de EPM me complace la decisión del alcalde, tomada a finales de esta semana, de retirar el proyecto de acuerdo y abrir un debate público, previo a su trámite en el Concejo, para que toda la comunidad pueda manifestarse acerca de este asunto.

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Ojalá podamos seguir viendo en EPM una “fuente vital de bienestar y progreso”, y no una empresa en la que el ánimo de lucro y de crecimiento primen sobre el beneficio de la comunidad.

Comentarios:

Jorge Alberto
2020-07-14 18:31:08

que peligro, hay que recuperar la autonomía administrativa de EPM, le llenaron la cabeza de cucarachas al inexperto alcalde. Ojo con la elección del alcalde por parte de estos grupos.

Antonio
2020-07-13 06:05:01

Muy respetado Columnista, EPM hace rato dejó de ser de los antioqueños, quienes la USUFRUCTAN es el GEA. Y comparada con otras empresas del mismo género de países más abanzados está RRZAGADA.

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