Se considera que los españoles, en cabeza de Colón, desembarcaron en América en 1492. La conquista o el sometimiento de los aborígenes, por parte de los hombres armados de la monarquía y los misioneros de la iglesia, que implicó desvertebrar las instituciones nativas, el cambio de una religión politeísta a una monoteísta y la expoliación económica, según los historiadores, duró 50 años, hasta abrirle paso a la consolidación de la colonia que desapareció a partir de 1819 con la batalla de Boyacá al sellar la independencia nacional y el fin de la Nueva Granada y, dos años después, con el primer congreso de la Gran Colombia en Cúcuta, bautizo de la nueva república.  Fueron 327 años de dominio imperial, la mayoría de los cuales como colonia de la corona española. El año pasado cumplimos 200 años de vida independiente y en 2020 cumpliremos 200 años de vida republicana con constitución nacional propia. Escasamente nos dimos cuenta del aniversario independentista. Desde el Palacio de Nariño solo hubo un recorderis alrededor del bicentenario de la independencia, pero no hubo mayor celebración. Respecto al bicentenario de la constitución de 1821 en Cúcuta, nada se vislumbra en el horizonte. El Estado colombiano tiene poco que celebrar.

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La declaración en boca de Bolívar y Santander de que la vida de colonia era un asunto del pasado, fue una simple declaración. El nuevo Estado surgido al calor de confrontaciones virulentas sobre el modelo a construir, entre centralismo y federalismo, por ejemplo, quedó inconcluso. Como ocurría en la colonia, tenemos más territorio que Estado. La Gran Colombia concebida como la nueva república a partir de la constitución de Cúcuta, colapsó 10 años después de su creación por la polarización política reinante y la incapacidad de copar todo el territorio de la nueva nación y ganar legitimidad a partir del reconocimiento del millón de habitantes del recién país. El Estado nuestro nació con incapacidad para hacer presencia en todo el territorio nacional y ejercer las mínimas competencias asignadas por la Constitución Republicana relacionadas con los monopolios de la fuerza, la justicia y la tributación. Monopolios institucionales vigentes hoy, pero tampoco ejercidos a cabalidad. Seguimos teniendo más territorio que Estado y vastos sectores de la población reclaman su presencia y acción protectora, ante la cercanía de ejércitos de civil, decididos a desarrollar rentas ilegales pero lucrativas con gran impacto en la economía; administrar justicia en esos lugares mediante la solución de los conflictos entre los pobladores ante la ausencia de inspectores de policía, comisarios de familia, conciliadores en equidad, jueces y fiscales; y cobrar tributos por la vía de la vacuna, la extorsión y la colaboración forzada o voluntaria.

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La economía, estructuralmente, tampoco ha cambiado en lo fundamental. Como en la colonia, el aparato productivo nuestro sigue siendo de carácter extractivista, soportado por el sector primario, supeditado a lo que la tierra nos entregue como materias primas desde la minería y la producción agrícola. La canasta exportadora sigue siendo dependiente de productos sin mayor valor agregado. Vendemos banano, flores, café, oro y petróleo y compramos tractores, maquinaria pesada y liviana y tecnología. Es más lo que compramos, que lo que vendemos. Nos acostumbramos a que la balanza comercial sea deficitaria. Con una economía de tal carácter, jamás vamos a reducir brechas con los países desarrollados del continente o el planeta. Para no mencionar las deformidades del modelo económico asumido, que nos tiene como uno de los países más desiguales del mundo e incapaz de generar condiciones de movilidad social suficientes, que justifiquen los esfuerzos de jóvenes y adultos para acceder a las precarias oportunidades de un sistema educativo embotellado en su cobertura superior, de pésima calidad y poco pertinente. No hablemos de la inveterada corrupción. La economía, desde la colonia, poco ha cambiado como trampa para generar pobreza y desigualdad.