Por RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS*

Recientemente, para atender las urgencias derivadas de esta pandemia, algunos analistas en el país están planteado que el Banco de la República realice un proceso de emisión monetaria directa con la idea de suministrarle más recursos a la economía y con ello, contribuir a remediar parte de los desequilibrios económicos y sociales que se vienen presentando en gran parte del territorio nacional por esta emergencia sanitaria.

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Al respecto, con base en el artículo 373 de la Constitución Política de Colombia se señala: “Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares”. Esto significa que para llevar a cabo una emisión monetaria de las características que se propone en Colombia, deben estar de acuerdo los siete miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Desde que se estableció la nueva Constitución Política hasta el momento no se ha decretado una emisión monetaria de estas características.

En términos generales, la fórmula de la emisión monetaria directa que implique operaciones de financiamiento a favor del Estado sin mediar compra de deuda es una alternativa que tienen las economías en época de crisis, sobre todo, cuando es urgente reactivar la demanda agregada, estimular el nivel de empleo y recuperar la tasa de crecimiento de la producción. Sin embargo, bien es sabido que existe un riesgo asociado a la expansión de la demanda agregada, y es el efecto que se produce sobre el nivel general de los precios y las expectativas. Como el ajuste de la producción es lento, las mayores presiones sobre la demanda agregada terminan por generar un clima de incertidumbre en materia inflacionaria.

Necesidad de emitir dada la escasez de recursos

En la actualidad, la defensa de la emisión monetaria se justifica en la necesidad de impedir una caída drástica de la actividad económica como resultado del confinamiento al que está sometido el país para evitar la propagación de esta pandemia. Se plantea que los recursos actuales son insuficientes y se quedan cortos, no sólo para frenar la caída del PIB, la pérdida de empleo y de ingresos; sino también para atender los gastos adicionales en salud para combatir la pandemia.

Bajo este panorama, no cabe duda de los mayores esfuerzos que vienen haciendo los gobiernos a todos los niveles de la administración pública en esta coyuntura sanitaria. En el caso del Gobierno Nacional, los cerca de 18 billones de pesos invertidos obtenidos de los ahorros del Fondo de Ahorro Estabilización –FAE- y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, es un paso importante pero insuficiente, máxime si se tiene en cuenta la probable disminución de los recaudos tributarios del orden de los 20 billones de pesos según las estimaciones oficiales. Adicional a esto, el comité consultivo de la regla fiscal modificó la meta de déficit fiscal para este año de 2,2% del PIB que se tenía desde el año anterior, a 4,9% del PIB, lo cual implica un gasto extraordinario cercano a los 18 billones de pesos.

Los riesgos de la emisión

Los críticos de esta medida argumentan que la emisión tiene unos riesgos implícitos, además de la mayor inflación, la fuga de capitales, las altas tasas de interés y el mayor déficit fiscal. Señalan que el remedio sería peor que la enfermedad y colocan como ejemplo lo que pasó en algunos países de América Latina en la década de 1980. Aunque hoy, el escenario es otro, dado que el país goza de una mayor reputación en los mercados internacionales por parte de las calificadoras de riesgo debido a la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos 15 años, el panorama económico podría cambiar ante el cambio en las perspectivas por un proceso de emisión monetaria directa que desatará un cambio desfavorable en los indicadores de estabilidad macroeconómica.

A manera de reflexión final

No es un asunto fácil decidir imprimir dinero sin respaldo para financiar un gobierno; históricamente se ha visto como solución intermedia que muchas veces acrecienta las dificultades de las economías y profundiza los desequilibrios económicos, especialmente, por la pérdida de confianza en la moneda local y el deterioro en las funciones básicas del dinero nacional.

Los tiempos han cambiado y durante los últimos 20 años con la implementación de un nuevo esquema de política monetaria basado en la fijación de metas anuales para el seguimiento de la inflación, muchas de las economías, como la nuestra, han logrado la estabilidad de precios en medio de las dificultades reales y financieras resultado de las crisis por las cuales ha atravesado la economía mundial en lo que va corrido de este siglo. A excepción de países como Venezuela y Argentina, sólo para mirar la región, la mayoría de países han sorteado con relativo éxito los efectos colaterales de estas crisis sin recurrir a la emisión directa.  

En el caso de las economías industrializadas protagonistas de las dos grandes crisis de este tiempo (financiera y de deuda pública), éstas fueron superadas en parte por cuantiosas emisiones de dinero respaldadas en cuantiosos préstamos a sus gobiernos mediante la compra de bonos y de acciones de empresas privadas. En medio de estas medidas, las mayores emisiones de dinero realizadas por la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, por la vía del incremento en la oferta monetaria, no provocaron alzas en los niveles de precios.

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En suma, la emisión monetaria es una posibilidad real y puede ser una buena opción para enfrentar la crisis del coronavirus, siempre que ésta sea respaldada por operaciones de deuda interna. Hoy se requiere salvar vidas y proteger la economía.  

*Profesor Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia