Una nueva ruta de tránsito a la legalidad, que comprende beneficios jurídicos y socioeconómicos para quienes tomen la decisión de dejar las armas, abrió el Gobierno Nacional a través del Decreto 965 firmado este 7 de julio.

Se trata de una nueva invitación para el regreso a la vida civil, dirigida directamente a los integrantes de los Grupos Armados Organizados -Gao-, que incluyen a disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Caparros, cuyos integrantes podrán someterse individualmente y recibir dichos beneficios.

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Este Decreto, que contiene tanto las sugerencias de diversos sectores de la sociedad civil como los comentarios y observaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, apunta a dos objetivos básicos: primero, brindar alternativas de retorno a la legalidad de manera individual, fortaleciendo el accionar de la justicia, colaborando con la misión de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Pública, con un especial énfasis en la desvinculación de menores de edad que han sido reclutados forzosamente por esos Gao; y segundo, continuar la acción para desmantelar esos grupos armados y así poder buscar una paz completa que permita garantizar la seguridad y la defensa nacional, enmarcada en el plan de desarrollo 2018-2022 y cuyos pilares son la legalidad, el emprendimiento y la equidad.

Un aspecto muy importante en esta nueva ruta, explicó el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, es que “este Decreto no sólo busca beneficiar a los miembros de los Gao que opten por el retorno a la legalidad, sino también a todo su grupo familiar”, por lo que la calificó como “una gran oportunidad”, frente a la que dijo que “preservar la vida es lo fundamental, pues la vida de todos los seres humanos vale”,  por lo que insistió en “el llamado y la insistencia a todos los cabecillas, a todos los jefes de estos grupos que hoy se enfrentan al Estado, para que preserven la vida y dejen que sus miembros que quieren dar un paso a la legalidad lo hagan”.

Así las cosas, este Decreto brinda alternativas de retorno a la legalidad para quienes se incorporen a un proyecto de vida digna y segura, para sí mismos y sus familias, con el propósito de desarticular las diferentes expresiones de criminalidad. De esta manera se fija el procedimiento para el sometimiento individual de los integrantes de los Gao y la ruta para acceder a los beneficios socioeconómicos y los beneficios jurídicos que otorgará bajo la legislación penal ordinaria la Fiscalía General de la Nación a través del principio de oportunidad o de preacuerdos. “Colombia no puede tener la pandemia del virus y la pandemia de la violencia. Lo importante es que no haya más violencia, secuestros, reclutamiento de menores e instalación de minas antipersona” indicó el Comisionado.

De igual forma, el Decreto 965 incluye de manera integral los derechos de las víctimas previstos en el procedimiento penal en Colombia, haciendo especial énfasis en el derecho a conocer la verdad. Y también establece que el Gobierno Nacional podrá disponer de condiciones especiales de reclusión para quienes habiéndose acogido a la justicia deban estar privados de la libertad.

Asimismo, establece que esta nueva ruta no incluye a los integrantes del Eln, porque “para ellos seguirá siendo la establecida en el Decreto 128 de 2003, compilado en el Decreto 1081 de 2015, por medio del cual los miembros de esta organización podrán seguir optando por la desmovilización individual”, explicó Miguel Ceballos.

Dos fases, tres etapas

Desde el mismo momento de manifestar su voluntad de sometimiento individual a la justicia, cada integrante de los Gao recibirá ayuda inmediata (alojamiento, alimentación, vestuario, atención en salud y transporte), apoyo sicosocial y los beneficios económicos para iniciar un nuevo proyecto de vida.

Por eso, esta ruta de sometimiento individual comprende dos fases:

1. Presentación del integrante del Gao, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

2. Proceso de atención diferencial, a cargo de la Agencia de Reincorporación y Normalización -ARN- de Presidencia de la República.

La fase de presentación está estructurada en tres etapas.

Primera etapa: es la presentación voluntaria de la persona con fines de sometimiento a la legalidad ante cualquier autoridad militar, de policía, administrativa o judicial, y se puede realizar en cualquier municipio del país.

Segunda etapa: es la recepción a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, que comprende un periodo que puede variar entre dos y tres meses, y en el cual el grupo familiar puede acompañar a quien está en ese proceso de sometimiento voluntario.

Tercera etapa: es el proceso de certificación a cargo del Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad -Cisil-, en el que la persona que se somete va a tener un periodo de acompañamiento de cinco o seis años a través de la agencia de Reincorporación y Normalización -ARN-, que le brinda apoyo en el proceso de reinserción económica y laboral, pero también un acompañamiento permanente a través de beneficios preliminares.

“En el componente de los beneficios jurídicos hay que resaltar que la Fiscalía General de la Nación tiene todas las atribuciones de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio y de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, para aplicar los beneficios jurídicos penales que tienen que ver con las rebajas de penas, que pueden llegar hasta el 50%, y también la aplicación de los beneficios que se derivan de los preacuerdos que estas personas puedan hacer con la Fiscalía y con la aplicación del principio de oportunidad. Este es un Decreto que tiene la inspiración de la aplicación de una visión del derecho penal, en la cual se privilegia la colaboración, la expresión de la voluntad de la persona de redimirse y de reintegrarse a la sociedad, por eso es una gran apertura y una mano tendida para aquellos que quieren realmente regresar a la vida civil”, precisó Ceballos.