Cuando en abril de 2013 el presidente Juan Manuel Santos anunció su estrategia para “erradicar” las mayores “ollas” o plazas de vicio del país en un lapso de 60 días, las autoridades locales de las 20 ciudades incluidas en dicho plan sabían que no sería una tarea fácil. Cinco años y tres meses después, las calles de Medellín son prueba fehaciente de que aquella idea efectista no tuvo resultado distinto al de sacar a la luz un problema mucho mayor que el que se conocía hasta entonces y cuya solución trasciende la forma, la estética y el orden que muchos ciudadanos reclaman.

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En sendos informes publicados por este medio, Habitantes de calle: Recuperar las vidas perdidas (http://www.elmundo.com/noticia/Habitantes-de-calleRecuperar-las-vidas-perdidas/372224) y Medellín recibe habitantes de calle de todo el país (http://www.elmundo.com/noticia/Medellin-recibe-habitantes-de-calle-de-todo-el-pais/373509) hemos mostrado las dos caras de la situación. En primer lugar, los alcances de la política pública, establecida mediante Acuerdo 24 de 2015, cuyo principio fundamental es la atención integral e individualizada, y en segundo lugar, la persistente realidad de la presencia de estas personas en ciertos lugares del Centro de la ciudad, fenómeno que, a decir de algunas personas, los han convertido en sitios prohibidos, debido a la consecuente percepción de inseguridad que generan.

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No se puede negar que se trata, quizá, del problema más complejo de afrontar por parte de la Administración Municipal, pues distinto a otros fenómenos, este, en la práctica, es imposible de solucionar en el corto plazo, por lo menos en el marco de la Constitución y la Ley. Buena parte de la complejidad surge del afán con que algunos sectores de la ciudadanía reclaman una solución automática, negando de entrada que, en su naturaleza, las ciudades son espacios abiertos a este tipo de fenómenos, que reflejan las consecuencias de las patologías sociales imperantes. Cerrar las puertas, o será mejor decir las calles, a quienes eligen los espacios públicos como su lugar de habitación, es imposible, por más que la estética del paisaje se vea afectada.

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A nuestro juicio, la sociedad ha caído en el error de enfocarse en los habitantes de calle como el problema a resolver y no en los fenómenos que generan que algunas personas tomen esa opción de vida. Lo primordial, así suene a lugar común, es que esta situación debería recordarle a cada Administración y a cada ciudadano el valor incuestionable de la educación como medida inicial para evitar que los niños de hoy tomen como alternativas de realización la delincuencia, la drogadicción y la calle. La eficiencia de los recursos inyectados en educación es mucho mayor que la del dinero invertido en tratar de sacar de las calles y de las adicciones a quien ya está en situación de indigencia.

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Sin embargo hay que tener claro que los resultados de la inversión en educación son de largo plazo y, por ende, el problema de hoy se debe atacar simultáneamente de otras maneras, enfocando los esfuerzos en aquellos componentes del ecosistema que hacen atractiva la condición de habitante de calle para un segmento de la población. Nos referimos específicamente al tráfico y consumo de estupefacientes. Si bien las leyes impiden que una persona pueda ser internada por la fuerza para someterla a un proceso de desintoxicación y resocialización, un frente de acción podría enfocarse en reformar la normatividad para que el Estado pueda atender a esta población mediante algún tipo de protocolo médico mientras las autoridades de policía combaten de manera efectiva, mediante operativos puntuales y consistentes, las plazas de vicio en torno a las cuales esta población se congrega. Si la necesidad de consumir torna agresivas a estas personas, lo que se debe combatir es la droga y no la persona, pues ya está demostrado, gracias a la política pública vigente, que los habitantes de calle son ahora menos agresivos en busca de alimentos, puesto que el programa se los ofrece como parte de la integralidad de la atención y de las estrategias para atraerlos hacia la resocialización.

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Y atada a la lucha contra el consumo de drogas tendrían que fortalecerse las campañas para que los ciudadanos no den limosnas, pues esos recursos son, la mayoría de las veces, los que van a circular en el mercado ilegal del vicio. Para satisfacer la necesidad religiosa o moral de quienes consideran un imperativo dar de lo suyo a los demás, dirigir esos recursos a los programas u organizaciones que atienden a la población sería lo ideal.

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Aparece aquí otro frente de discusión: la legalidad de la dosis personal. Ya que el nuevo Gobierno ha planteado el asunto, el mismo debería abordarse también en la perspectiva del habitante de calle como consumidor consuetudinario que alimenta la espiral del microtráfico, y de la indigencia como consecuencia posible para toda persona que, amparada por la norma actual, puede libremente consumir estupefacientes.

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Se trata de un trabajo que toma tiempo y que debe hacerse de manera paralela al asistencialismo que ofrece la política de atención integral al habitante de calle, puesto que la realidad no puede ni ocultarse ni desatenderse. Y no se trata solamente de la coerción, pues esa fue, precisamente, la premisa de la operación promovida por el Gobierno Nacional hace cinco años. Se trata de un trabajo articulado entre las distintas entidades, en el cual el respeto a los derechos humanos debe seguir siendo prioritario pero donde se debe comprometer mucho más al ciudadano, para que cambie su percepción sobre el problema y deje de pensar que la única posibilidad es recoger, encerrar o devolver a sus lugares de origen a quienes son también víctimas y, por ende, el eslabón más débil de la problemática.