La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría entregaron los primeros resultados de la estrategia llamada “Transparencia por la Emergencia”, que dejaron varios procesos de investigación abiertos y sanciones a varios gobernantes del país.
A través de la estrategia llamada “Transparencia por la Emergencia”, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría vigilan las medidas de emergencia tomadas
La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría emprendieron acciones contra la corrupción que se viene presentando en el país a través de las contrataciones para atender la emergencia sanitaria que se vive por la covid-19.
Este viernes, los tres entes de control realizaron una rueda de prensa conjunta, en la que dieron a conocer las primeras decisiones que se tomaron frente a estas irregularidades presentadas en varios departamentos del país y que dejaron varios procesos abiertos.
“Gracias a trabajo conjunto de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría hemos evitado que un cúmulo de recursos puedan ser desviados”, afirmó el fiscal General, Francisco Barbosa, sobre los resultados de esta estrategia a la que llamaron “Transparencia por la Emergencia”.
La Procuraduría General de la Nación informó que, desde el 23 de marzo cuando se dio la declaratoria de emergencia sanitaria, ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia derivada del covid-19, para ayudar en temas de salud, como la deuda con la red pública hospitalaria, que supera los $5,4 billones, o para proveer equipos de bioseguridad que protejan a los hombres y mujeres que hacen frente en la primera línea a esta pandemia.
De esos 1.286 casos priorizados, la Procuraduría inició 990 procesos preventivos, que incluyeron, entre otras acciones, vigilancia a la contratación. Simultáneamente, abrió 296 registros, de los cuales en 123 se inició proceso disciplinario y en cada uno de ellos ya se ha tomado alguna decisión. Otros 132 se encuentran en etapa preliminar y 41 fueron archivados.
Así mismo, se iniciaron 24 expedientes por contratación en catorce gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías, también se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial.
Por presuntas irregularidades en la contratación se adelantan 40 procesos, 28 de ellos por sobrecostos en la adquisición de mercados, seis por sobrecostos en adquisición de elementos de protección, nueve por trasgresión del aislamiento obligatorio, tres por vulneración de derechos de la población carcelaria con ocasión de la pandemia, dos por extralimitación de funciones de servidores públicos y 34 por otros hechos.
Por primera vez en la historia, la Procuraduría citó a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepción, a un funcionario. Se trata de la alcaldesa de El Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones. De acuerdo con lo establecido en la Ley 137 de 1994, este es un procedimiento rápido que podría tomar días.
También se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad Centro Vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato.
Igualmente fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de San José de Cravo Norte por $570 millones, que fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19.
Al gobernador se le reprocha además la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.
Este gobernador enfrenta otro proceso, por el cual se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.
El alcalde de Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera, fue llamado a juicio disciplinario por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo.
Otra de las decisiones que tomaron los organismos de control fue la de abrir investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, a quien se le ordenó suspensión por tres meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.
Además se investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus.
También se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma (Cundinamarca), John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.
En este proceso, el material probatorio, en su gran mayoría, fue recopilado con ayuda de los ciudadanos y en menos de 15 días la indagación dio curso a una investigación disciplinaria.
Para el caso del alcalde de Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, se ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por tres meses por presuntas irregularidades con contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.
Igualmente se investigan la queja presentada por el representante legal de la empresa Inversiones Echeverry S.A.S., propietario del establecimiento de comercio Supermercado El Progreso, quien desconoce su firma en la suscripción del contrato que fue publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - Secop I.
A la investigación también fueron vinculados el subsecretario Administrativo de Calarcá, Gesner Arneth Rengifo Arias; la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Laura Estefanía Arenas Arias, y la secretaria de Servicios Sociales y Salud, Natalia Vannesa Castillo Martínez.
En el caso de la alcaldía de Armenia se abrió indagación por un contrato por $300 millones, con la empresa Guitarra & Coffee, para el suministro de servicios logísticos, operativos, asistenciales y de restaurante para el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio para atender la emergencia generada por el covid-19. El contrato fue suspendido por petición de la Procuraduría.
Para la Procuraduría este contrato podría constituir un quebrantamiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.
La Procuraduría detalló que en los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros once procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.
En este momento un equipo de investigadores del programa “Transparencia por la emergencia”, de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, se encuentra en la sede de la Gobernación de Tolima recopilando pruebas determinantes para decidir en los próximos días si se convoca a audiencia de juzgamiento disciplinario.
Al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se le vinculó formalmente a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández Dangón, para suscribir 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.
Este proceso tiene origen en el expediente que se abrió por presuntas irregularidades y malos manejos en la contratación y uso de recursos destinados por la gobernación del Cesar para atender necesidades de la población. En este caso se están revisando 37 contratos y dos adiciones.
Así mismo, se indaga a los diputados Raúl Romero Rodríguez y Petra Romero, por presunta participación en política en la entrega de ayudas alimenticias en el departamento, posible extralimitación de funciones y quebrantamiento de las medidas de la cuarentena.
Por el caso de los subsidios Ingreso Solidario se adelanta un proceso preventivo y otro disciplinario, en el que se evalúa si se presentaron irregularidades en la planeación y ejecución que hubieran podido causar un detrimento en el monto de las ayudas.
Frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millón de mercados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra de su director, Eduardo José González, y funcionarios por establecer de la Ungr.
En el marco de las nuevas facultades que le permiten a la Contraloría General de la República ejercer el llamado control concomitante y preventivo, el contralor Carlos Felipe Córdoba ordenó realizar, en tiempo real y oportuno, seguimiento permanente a las medidas que adoptó el Gobierno al decretar el estado de emergencia económica y social a nivel nacional para contener el contagio de la covid-19.
El jefe del organismo de control autorizó activar todos los mecanismos de seguimiento al recurso público, dispuestos en el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, por el cual se dictaron “normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.
Esto con miras a la obtención de información y la vigilancia de la gestión fiscal relacionada con las medidas de mitigación de riesgo y contención del virus covid-19, y demás políticas, proyectos o actividades tendientes a conjurar la crisis sanitaria y la emergencia económica y social a nivel nacional, y solventar las necesidades relacionadas con esta pandemia.
El objetivo es observar a los sujetos de control mientras estos realizan sus procesos o toman sus decisiones, sin que la Contraloría General de la República pueda interferir en aquellos o tener injerencia en estas.
El Contralor General determinó que el vicecontralor General y la contralora Delegada para el Sector Salud, dirigirán la articulación y coordinación de los mecanismos de seguimiento permanente al recurso público y a la gestión fiscal destinada a la contención de emergencia relacionada con el coronavirus.
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