Soy respetuoso de las instituciones y en los diferentes círculos en los que desarrollo actividades como directivo, como docente o como ciudadano trato de incentivar ese respeto, pero tal postura personal no puede ocultar la evidencia de la falta de credibilidad de algunas de esas instituciones.  Ahora, es claro que dicha pérdida de credibilidad no se debe a las instituciones como tales sino, por supuesto, a las personas que las conforman y a la manera como ejercen sus roles.

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Una de esas instituciones es la Fiscalía General de la Nación, cuya creación en el proceso constituyente de 1991 puso a tono nuestro sistema penal con los más avanzados del mundo, al pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Con dicho cambio se tuvo que construir una estructura inmensa y muy compleja, integrada en su inmensa mayoría por profesionales responsables, dedicados, sacrificados, que, a veces contra la corriente, hacen lo que pueden por lograr que ese monstruoso aparataje funcione eficientemente.

Lamentablemente, lo dicho sobre los funcionarios de ese ente, no puede extenderse fácilmente a quienes han ocupado su cabeza durante los últimos treinta años: Gustavo de Greiff Restrepo, Alfonso Valdivieso Sarmiento, Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio Isaza, Mario Iguarán Arana, Guillermo Mendoza Diago  como encargado, Viviane Morales, Martha Lucía Zamora como encargada, Luis Eduardo Montealegre Lynett, Jorge Fernando Perdomo como encargado,   Néstor Humberto Martínez, Fabio Espitia  como encargado y Francisco Barbosa.  Personas con pergaminos, unos más que otros, profesionales idóneos, unos más que otros, pero con notorias características en común: gestiones grises, con más pena que gloria y una enfermiza proclividad al espectáculo mediático y a la notificación de sus decisiones a través de los medios de comunicación, circunstancia esta que resta seriedad a cualquier gestión y atenta enormemente contra la integridad y el buen nombre de los ciudadanos.

Es más, tal afecto por las ruedas de prensa, en muchos casos en compañía de otros funcionarios como el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República, han originado una confusión generalizada y es enmarcar a estos tres altos funcionarios como las cabezas de los órganos de control, afirmación esta que he escuchado y leído, incluso, a renombrados juristas. Pues lo cierto es que la Procuraduría y la Contraloría son órganos de control mientras que la Fiscalía pertenece a la rama judicial del poder público y, por lo tanto, su actuación debería atender por encima de todo a la dignidad de la justica y los derechos de los ciudadanos.

Mucho se ha escrito en pocos días sobre la decisión tomada por la Fiscalía y notificada en rueda de prensa, de ordenar medida de aseguramiento contra nuestro gobernador Aníbal Gaviria Correa. Me exonero de hacer en este artículo una defensa de nuestro mandatario regional, pues, en primer lugar, no la necesita y, en segundo lugar, ha sido tan arrollador el respaldo de los diferentes entes de nuestra sociedad que sólo me resta adherir a lo que han manifestado los empresarios a través de Proantioquia, la academia, a través del G8, y, en general, toda la sociedad civil antioqueña.

Todo parecería indicar que, de nuevo, se toman decisiones efectistas para tratar de proyectar una imagen de eficiencia que oculte la realidad estadísticamente demostrable de más de un 90% de impunidad y de grandes casos de corrupción que, quien sabe por cuál razón, se quedan en los archivos sin que jamás suceda nada.

Quisiera preguntar, y ¿A la Fiscalía quién la ronda? ¿Ha existido siquiera una condena contra los exfiscales por acciones de repetición en virtud de los billones de pesos a los que es condenado el Estado Colombiano por privaciones injustas de la libertad? ¿Ha existido contra ellos siquiera una condena por prevaricato por la expedición de decisiones manifiestamente contrarias a la ley?

Reitero, el problema no está en la institución sino en las personas. No se trata ahora de proponer reformas constitucionales para eliminar la Fiscalía ni para reformarla. Ni siquiera se trata de modificar su forma de elección, pues en el mundo se hace de manera similar a la nuestra. Por ejemplo, mientras en nuestro país el presidente conforma una terna de la cual es seleccionado el Fiscal, en Estados Unidos es el presidente quien directamente lo designa, pero allá, como regla general, la Fiscalía funciona muy bien.

Definitivamente, se evidencia otra vez que las leyes de Murphy son infalibles: creímos que bajo la orientación de Néstor Humberto Martínez el cargo de Fiscal General había tocado fondo, pero no, aún faltaba la gestión del fiscal Barbosa quien en pocos meses ha logrado demostrar que toda situación por mala que sea, es susceptible de empeorar.

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NOTA: Mi completa solidaridad con el Señor Gobernador Aníbal Gaviria Correa y su distinguida familia.

Comentarios:

Fernando
2020-06-30 17:54:22

Fajardo está más untado que vara....

Carlos Januario
2020-06-30 08:08:01

Pedro Juan, pedro juan,pedro juan: Entonces entregar dos o tres mil millones del dinero de más, del fisco nacional en un anticipo no quiere decir nada? Entonces hacer un contrato adicional por encima de los topes, eso no es nada? Y si esto ocurre entre el mismo contratista y el mismo contratante en la Gobernación y en la alcaldía eso no es nada? Y si es cierto que se vendió en la mayoritaria un lote por debajo del avalúo oficial y se recibieron coimas en nombre de los hijos, eso no dice nada? No. No jodás dejá que investiguen y al comprometido que se defienda.

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