Los migrantes se han convertido en los apestados de esta época. Ningún país los quiere, sufren constante rechazo y, por fuerza de las circunstancias, se han convertido en amenaza sanitaria a raíz de la pandemia.  Si son acogidos, es a regañadientes, con una frágil mezcla de conmiseración, solidaridad y corrección política. Los estados no les dan la bienvenida y entre las poblaciones de los países receptores, crece la xenofobia.

Así como desesperados árabes y africanos encuentran muros infranqueables en las fronteras europeas, a los centroamericanos, y mientras esté Donald Trump, se les han cerrado las puertas de Estados Unidos con el agravante de que cruzar el largo territorio mexicano es una aventura con mínimas posibilidades de final feliz. 

De este lado del continente, la huida de Venezuela fue un salto al vacío.  No encajan donde están, menos en su propio país, aunque, al final de cuentas, pareciera su único reducto posible. Si desde el inicio las oleadas de migrantes venezolanos eran percibidas como amenaza a la estabilidad regional, la llegada del coronavirus agravó considerablemente su situación.

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Al riesgo de enfermar se agregó el peligro de multiplicar la enfermedad en territorio ajeno. Más difícil aún para cualquiera que tiene los ojos del Estado encima.  Es una población sin seguridad social ni protección médica. Llegó pensando que de este lado habría futuro y está presa de la peor combinación posible: pandemia más crisis económica sin precedentes.

No tiene cómo acatar el confinamiento decretado por los gobiernos porque habita espacios reducidos; menos, mantener sana distancia o practicar hábitos de higiene saludable.  Carece de empleo, ya difícil para los nacionales, engrosa las filas de la abultada informalidad, vive al día, sin siquiera la garantía de alimentarse.

Por falta de documentos no pueden inscribirse en los programas de ayuda organizados por los gobiernos.  Para ellos, la situación sólo tiende a agravarse por el crecimiento del desempleo en los países donde pudieron llegar. En este escenario, el drama venezolano desaparece entre la amenaza del contagio y los muertos del covid-19. 

Mientras los adultos desesperan por su situación laboral, la gran mayoría de la niñez padece de falta de colegio y desprotección. La escuela virtual es una ficción inexistente. Los venezolanos fuera de su país suman cerca de 5 millones; 2 millones menores de edad. El equivalente a la población de Costa Rica, desperdigada por varios países de nuestra región. Jamás pensaron en vivir su crisis dentro de una crisis mayor y de proporciones globales. 

Son familias que huyen y no sólo individuos que escapan.  Salieron confiando que tendrían para vivir y enviar dinero a quienes quedaban atrás. Esas dos posibilidades se han cerrado, motivo adicional para el ahondamiento de la crisis en su país.

En medio de este callejón sin salida viene como aire fresco la noticia de la recaudación de 2 mil 544 millones de Euros resultantes de la conferencia de donantes organizada por España y la Unión Europea hace pocos días.  Aunque cuantioso en sí mismo, el monto será corto para atender la interminable lista de necesidades de la población venezolana dentro y fuera del país: repatriación, crisis sanitaria, alimentación, medios de vida, alojamiento, escuela, protección y mucho más. Los donantes, según fue acordado, tendrán la última palabra sobre el destino de los recursos. Lo sí indispensable es que los derechos de la niñez sean asegurados, en primer lugar, y tanto como sea posible. 

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La reciente conferencia de donantes y los constantes llamados del sistema multilateral, con la ONU a la cabeza, evidencian que el covid-19 modificó el rostro de la migración: la opción del éxodo ha decaído considerablemente por la crisis generalizada y el temor al virus. Quienes se fueron, prefieren volver a su tierra pese a la incertidumbre que los espera y, por un buen tiempo, difícilmente los donantes estarán en condiciones de organizar una nueva bolsa en favor de Venezuela.

Urge la actualización del Pacto Mundial sobre Migración, aprobado a fines de 2018 en Marruecos porque, pese a no ser vinculante, reconoce la soberanía de los estados, subraya el valor de la responsabilidad compartida, enfatiza la no discriminación y los derechos humanos, además de convocar a la cooperación conjunta. Todos elementos esenciales para un consenso acorde con la nueva realidad que obliga a soluciones creativas.