Por Antonio López

¿Cuáles sectores de la economía van a aportar más y más rápido a la superación de los impactos del virus y sus remedios? Aparte de las prelaciones sociales que guían las ayudas del Gobierno, hay unas diferencias entre las distintas áreas de la economía determinadas por las dinámicas de los mercados que son definitivas a la hora de reactivar los empleos productivos con cierta firmeza. La minería del oro sobresale en el mundo por su demanda en esta coyuntura.

Lea también: Minería sustentable, un esfuerzo colectivo

En Colombia la minería del oro podría aportar rápido y muchísimo a la reactivación económica por su incomparable relación empleo-inversión, por su inmenso beneficio social, por su precio y sus regalías. Sin embargo, cada día es más difícil su extracción legal por parte de las comunidades y de las empresas. Muchas son las razones que se ventilan: desarticulación institucional, corrupción, fundamentalismos y chifladuras que impulsan sin sanción el pánico económico, y sobre todos los males la tradicional desconexión de los tiempos y prelaciones de los aparatos burocráticos responsables con la realidad económica y social del país.

Una de las tantas talanqueras a la producción es la forma como las autoridades mineras nacionales pretenden estructurar las Áreas de Reserva Estratégica, en las cuales están los minerales que tienen mercado, ya declarados estratégicos: oro, carbón, esmeraldas, cobre, plata, platino, hierro, coltán, uranio, magnesio y fosfatos. Ahora las solicitudes de títulos mineros en tales áreas radicadas de acuerdo con el Código de Minas vigente son rechazadas o recortadas sistemática e injustificadamente cuando se superponen a esas Áreas de Reserva Estratégicas Mineras. Entretanto dichas Áreas no funcionan porque los magistrados advierten sus fallas y las rechazan (Sentencias T-766 de 2015 y C-035 de 2016), o porque en la ANM no hay condiciones para llevarlas a sus posibles interesados.

Al final, todos estos minerales estratégicos quedan en el limbo, y los proyectos sepultados bajo unos procedimientos que ya no dejan rastro ni de la libre competencia ni de las aspiraciones legítimas y legales de las empresas junior ni de las empresas grandes o pequeñas que tanto han aportado a la economía nacional, y menos de las esperanzas de las comunidades que han hecho minería por generaciones y no tendrían la capacidad para cumplir los elevados requisitos de tales Áreas.

No se trata de que no haya grandes proyectos mineros sostenibles, pero para lograrlos no es necesario acabar con la libre competencia y la seguridad jurídica, o darles la espalda a las comunidades que podrían trabajar y vivir sin necesidad de subsidios especialmente en este tiempo de pandemia y cuarentena, éstas podrían continuar sus pequeñas UPM, y participar a la vez en los proyectos industriales mediante alianzas con empresas idóneas.

Por un camino diferente a las mencionadas Áreas de Reserva Estratégica van otras iniciativas que sí podrían dar buenos resultados en corto tiempo. El Gobierno de Duque y el Congreso dieron un gran paso en favor de las actividades extractivas de las comunidades con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Allí se contemplaron las facilidades para la formalización de los pequeños mineros, y para legalizar las labores de las comunidades étnicas se establecieron tarifas y procedimientos especiales mineros y ambientales. Sin embargo las normas reglamentarias están atrancadas y por tal razón las 2500 solicitudes de las comunidades, que esperaba resolver en un año la viceministra Rojas (Entrevista del 17 de mayo de 2019), siguen sometidas a exigencias que exceden las capacidades económicas de los pequeños mineros como son los costosos estudios previos de arqueología, de fauna y flora, de hidrogeología y de emisiones atmosféricas. Si se tuvieran en cuenta las probadas guías ambientales o se diseñaran protocolos sencillos para proteger suelos, aguas y eventuales patrimonios culturales se tendrían mejores resultados siempre con algún esfuerzo en fiscalización.

Le puede interesar: Occidente antioqueño, un proceso en marcha

Directa o indirectamente millones de colombianos generación tras generación han vivido de la minería de metales preciosos, de las esmeraldas y del carbón entre otros productos del subsuelo. Hoy el precio del oro está disparado por cuenta de una demanda sin precedentes. Sin embargo, los indicadores de pobreza suben, y el cierre de negocios y el desempleo masivo son cada vez más evidentes en las zonas mineras desde antes de la cuarentena. Este renglón de la riqueza nacional podría aportar aún más regalías de las que el Gobierno entrega ahora para atender la crisis sanitaria y económica (Decreto 513 de Abril de 2020). La minería es una de las mejores tablas de salvación para las finanzas públicas y privadas nacionales y en particular para miles de familias que sólo esperan que sea realidad la formalización minera que tanto han esperado para no tener que entregar el producto de su trabajo en el mercado ilegal por mucho menos de su precio sólo por no estar amparados en un título minero.