En mi más reciente libro ¡Reforma política ya! expresé claramente mi pensamiento de cómo debe adelantarse una reforma política para que tenga éxito en su aprobación, en su puesta en marcha y en su aceptación social.

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En esta misma semana el Congreso tendrá que comenzar a analizar cómo va a ocuparse de dos reformas políticas importantes. Una de ellas es la propuesta por el Partido Liberal, en la que se crean instancias nuevas de decisión sobre temas electorales, entre otras cosas. La otra es el Código Electoral, una anhelada unificación que ya se esperaba.

Son dos esfuerzos importantes que prefiero no juzgar anticipadamente. Además, como suelo decir en mi Canal de You Tube, Ciencia Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres: (https://www.youtube.com/channel/UCCyToknz5_kuDmmI68Eiohg), prefiero que el propio ciudadano opine de acuerdo con unos criterios que esas dos ciencias ofrecen para no dejarse engañar por la multitud de opinadores que la tecnología nos ha traído.

Una vez que usted conozca ambos proyectos por usted mismo o por los medios o redes, juzgue en qué medida cumplen estas reglas que yo considero son necesarias de utilizar, basado para desarrollarlas en esas dos disciplinas,  para considerar buena, legítima y viable una reforma política.

El primer criterio es el de Ingeniería Institucional, desarrollado por el trío franco-italiano-alemán: Duverger, Sartori y Nholen. Aunque  los seguidores de unos y otros debaten mucho entre ellos, en general los tres aconsejan un estudio muy prolongado, profundo y experto antes de proponer una reforma política. El primero es muy institucionalista, el segundo es más bien comparativista y el tercero tiene un enfoque llamado histórico-empírico, más apegado a la realidad de cada país.

La primera pregunta a hacer entonces por ustedes respecto de estas dos propuestas es si fueron el producto de estudios de este tipo. Si es así sería interesante conocerlos, saber quiénes y con qué preparación específica en el tema los adelantaron, dónde fueron publicados y cuándo se debatieron en el mundo académico, interinstitucional  y ante el gran público, por medios y por redes.

La segunda pregunta tiene que ver con esos mismos tres autores, y sería esta: ¿si se dio ese estudio profundo, en cuál de los tres enfoques se sustenta lo propuesto, o si es una combinación de los tres o se basa en otros desarrollos científico-políticos; y sobre todo cuál es la relación entre la propuesta teórica básica y lo propuesto finalmente?

Una tercera pregunta que puede hacerse el interesado cuando lea los proyectos, es: ¿hasta qué punto las propuestas allí consignadas reflejan o no un largo y previo debate nacional y un cierto consenso, como para que tengan legitimidad y aceptación tanto en los partidos como en los ciudadanos? Por ejemplo, para no ser tan abstractos, es un hecho que la lista cerrada ya venía siendo un concepto decantado, aunque no la forma en la que está proponiendo, que es innovadora, en el proyecto de El Partido Liberal. Por el contrario, la idea de unos nuevos tribunales tuvo un amplio rechazo en su momento por lo que tendrá esta propuesta menos aceptación y posibilidades de aprobación y beneplácito ciudadano, experto y no experto. Por otra parte, no queda claro quién perderá competencias y porqué debe perderlas, cómo se instalarán, si va a afectar la descentralización o a concentrar demasiado poder, etc.

Una cuarta pregunta, y que es esencial para el proyecto de Código Electoral, es si lo propuesto es una reorganización técnica necesaria y esperada de normas que no afectan el poder político, o si por el contrario se trata de todo un replanteamiento de las reglas del juego. A primera vista, debo decir, para no sonar etéreo, que al parecer, ese proyecto sí tiene la primera cualidad y no la segunda, pero el ciudadano debe estar tranquilo con ello antes de que avance la aprobación.

¿Por qué tanto “perendengue”? Dirían en mi tierrita antioqueña. Pues, porque si la gente no cree, como dicen los estudios, en las instituciones ni en los electos, ni en los procesos, con mayor razón estas reformas deben ser al mismo tiempo rigurosas, consensuadas y pedagógicamente discutidas antes de llegar al Congreso o, por lo menos antes de ser aprobadas.

Hay que reconquistar el amor del ciudadano por su país, por sus partidos, por sus instituciones. Y cambiando las reglas del juego político sin esa democracia deliberativa previa, sin una clara preparación intelectual de lo propuesto, va a ser difícil esa reconciliación. Confiemos en que eso haya sucedido, pero hay que comprobarlo.

En síntesis, lo que quiero decir aquí es que el ciudadano interesado en estos temas no debe sentarse a analizar si esta o aquella norma le parece buena, mala o regular. Debe mirar todo el proceso de decantación que dio lugar a esas propuestas, pedir que se haga público, y después juzgar, analizando ese recorrido, si puede presumirse que las propuestas van a tener más aciertos que errores.

Para los expertos en estos temas siempre es mejor que un proyecto de tipo técnico surja del debate entre varios organismos del Estado, de un logro consensuado escalonado que da lugar a esa propuesta, previo el debate académico experto, además.

Si así fue, tendrá éxito en su contenido y en su aplicación, pero si es solo una voz institucional va a tener dificultades en ambos sentidos. Este dato será bueno saberlo bien para dar un veredicto, pero sabiendo qué tanta fue la intensidad de la colaboración institucional y si hubo dialogo abierto y continuado. Como académico reconozco que el proyecto de Registraduría me fue dado a conocer con cierta anticipación, no así el otro.

En cuanto a los proyectos surgidos de partidos políticos, habrá que preguntarse qué tanto se debatieron internamente, si hubo casi que unanimidad antes de presentarlo, y sobre todo si se fogueó el proyecto con otros partidos, por lo menos los cercanos ideológicamente. 

Todo lo anterior nos conducirá a saber si ya hay unos pre consensos adecuados para su aprobación y un buen ambiente o si, como sucedió a finales del siglo pasado, se va a volver un Frankenstein, tal cual sucedió con el proyecto Pastrana, o se va a hundir por motivos políticos en el primer debate como el proyecto Samper; o si va a ser finalmente aceptado por amplio debate como la exitosa reforma de 2003.

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Bienvenidas entonces estas propuestas de reformas políticas, aunque algunos hubiéramos preferido que surgieran como producto de un gran diálogo nacional como el que sugerí en mi libro. Pero aún sin ese requisito, un tanto idealista, pueden ser acertadas, llegar a ser aprobadas y modernizar la política colombiana. ¿Cómo lo sabremos? No hay que ser futurólogo. Aplique estas reglas básicas usted mismo y juzgue, sin dejarse influir por medios ni redes sociales, más allá de que le den una información clara para hacer este estudio. En síntesis, no importa tanto su contenido por ahora sino tener claro cuál fue el proceso intelectual que dio lugar a la elaboración de estos proyectos, y saber si sobre los temas delicados que afectan la participación política y el juego de poder, hay o no consensos logrados previamente, no solo a nivel académico y experto, sino también entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de estos asuntos.

Comentarios:

Edgar
2020-07-23 10:39:40

Pues mi querido David, para alguien como el suscrito, lego de solemnidad en estas materias, por lo menos hay una esperanza, la de que estos temas sean desarrollados, comprendidos, discutidos al nivel de la academia, de los expertos, de una forma honesta. Y finalmente , como sugieres en tu columna, darlos a conocer al gran público de forma didáctica. Es todo un plan.

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