Una muy curiosa coincidencia familiar se registró con motivo de la elección de la nueva contralora general de Antioquia, Elsa Yazmín González Vega.

A finales de siglo XX y comienzos del actual, entre 1998 y el 2000, ejerció como contralor departamental el abogado y dirigente liberal rionegrero y excongresista Hernando Betancur Ramírez.

Pues 20 años después de concluir la tarea fiscalizadora de Betancur R. fue elegida y ya asumió como jefe del control fiscal seccional su esposa Elsa Yazmín González Vega, quien igual a como le tocó a su marido en esa época, ahora asume el enorme compromiso de seguir avanzado en el restablecimiento de la imagen institucional de la Contraloría General de Antioquia, entidad que en este 2020 cumplirá 88 años de funcionamiento.

Durante su desempeño hace dos décadas como contralor regional Hernando Betancur emprendió un ataque frontal contra la corrupción con una campaña que denominó “Antioquia Siglo XXI, cero corrupción”, y que inició dentro de la misma entidad contra los títulos falsos de algunos funcionarios y además contra una “contraloría paralela” que funcionaba en alrededores de La Alpujarra, maquillando informes de auditoría de los municipios.

Pues ahora su esposa Elsa Yazmín González tiene el gran desafío de normalizar como titular del cargo, que estuvo encargado en el último semestre del 2019, el prestigio misional del control de fiscal en el departamento, que se vio alterado por los escándalos en que estuvieron involucrados altos directivos de la Contraloría y que lesionaron seriamente su imagen pública, pese a los esfuerzos por mejorar esa situación que llevó a cabo la contralora encargada Diana Carolina Torres García, junto a una decena de mujeres y al compromiso de los demás empleados honestos, muchos de ellos íntegros profesionales.

En la actualidad el control fiscal territorial está en el ojo del huracán de la sociedad colombiana y el centralismo ha intentado más de una vez y recientemente liquidar a las 65 contralorías departamentales y municipales que subsisten.

La Contraloría General de la República es partidaria de asumir la función fiscal en los territorios, pero estas contralorías se salvaron en el Congreso de la República durante la consideración de un acto legislativo que les da un nuevo respiro pero bajo nuevas condiciones o quizás es la última oportunidad para que cumplan bien su papel de vigilancia.

Es así como está en plena vigencia el Acto Legislativo 04 de 2019, con el cual se busca que las contralorías seccionales y las municipales realicen una función de advertencia antes que se produzca un daño fiscal, o sea, como una especie de control preventivo.

Pero además esa enmienda constitucional también introdujo un sustancial cambio en los periodos de los contralores en las regiones y municipios.

Los que acaban de ser elegidos ejercerán sólo por dos años, 2020 y 2021, y al final de este último año se deberán elegir nuevos contralores ya para cuatro años, que comenzarán sus tareas en la mitad del mandato de los recién posesionados gobernadores y alcaldes en aquellos municipios donde aún existen contralorías y terminarán gestión en la mitad del periodo de los próximos gobernantes territoriales. La idea es acabar con la influencia de los gobernadores y alcaldes sobre los encargados de vigilarlos.

Su esposo y excontralor Hernando Betancur y sus dos hijos acompañaron a la contralora en su posesión.

Contra la corrupción

En medio de este nuevo ordenamiento fiscal, asumió el pasado viernes la contadora y abogada Elsa Yazmín González como contralora de Antioquia, entidad que es considerada un meridiano para todas las demás contralorías territoriales, dada su importancia nacional.

Entonces y tal como hizo su esposo hace 20 años atrás en la misma entidad, la nueva contralora emprenderá también una frontal lucha y ética contra la corrupción.

Dijo que realizará un riguroso control financiero a los órganos vigilados, para que se administre con transparencia, objetividad y equidad cada recurso presupuestal que la Administración y los entes municipales gasten o inviertan, así como una adecuada revisión de las cuentas y su fenecimiento o no.

Ejercerá el control de legalidad y examinará si los órganos vigilados cumplen a cabalidad con el ordenamiento jurídico en cada una de las operaciones administrativas y contractuales que realicen.

Con lupa revisará los informes de auditoría, y en caso necesario, iniciará los procesos de responsabilidad fiscal. Y de la misma manera realizará los traslados de rigor a los órganos de control disciplinario y/o penal, cuando fuere menester.

Y fue enfática en que conformará un equipo integral, dentro y en el exterior de la Contraloría General de Antioquia, que permita rescatarla de la lamentable situación e imagen en la que ha caído en los últimos años.

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Para materializar todas esas metas trabajará en cinco principios esenciales y desde los cuales el control fiscal puede medir y valorar a sus sujetos vigilados. Son:

1. Eficiencia

2. Eficacia

3. Economía

4. Equidad

5. Valoración de costos ambientales

Eficiencia para optimizar los recursos y evitar que lleguen a los bolsillos de personas privadas y públicas.

Eficacia para que las metas y objetivos de los planes de desarrollo del gobernador y de los alcaldes sean alcanzados.

Economía para vigilar que la adquisición de bienes y servicios se lleve a cabo en igualdad razonable de condiciones, se privilegie a los mejores y a los menos onerosos.

Equidad para que el administrador público sea imparcial y justo con todos los ciudadanos, jurando el cumplimiento del mandato constitucional y que su preocupación sea por la población más vulnerable.

Y la valoración de costos ambientales para proteger la relevancia del patrimonio ambiental dentro de las riquezas de la Nación, de conformidad con la Carta Magna, en pro de la consolidación de un modelo de gestión sostenible.

Fraternidad conservadora en el juramento de la contralora de Antioquia.

Trayectoria

A lo largo de su vida profesional, Elsa Yazmín González se ha desempeñado durante 20 años en cargos dentro del sector público, que le han permitido conocer el funcionamiento y la administración de los recursos del Estado.

Ha sido Jefe de la Oficina de Control Interno del Municipio de Itagüí en dos oportunidades, asesora del despacho del auditor General de la República, asistente en el Senado, asesora de control interno y directora administrativa y financiera de Pensiones de Antioquia, coordinadora del área administrativa de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, directora del Banco de los Pobres, asistente financiera en la Secretaría de Gobierno de Medellín, Jefe de la Oficina de Pagaduría y Auxiliar de Bienes Inmuebles en la Personería de Bucaramanga.