Por: Juan Esteban Sanín Gómez

El proyecto de reforma tributaria fue aprobado esta semana por las comisiones terceras del Senado y Cámara, quedando sólo pendiente que hagan lo propio, en sesiones conjuntas, las plenarias de dichas corporaciones. De lo que fue presentado por el Gobierno como un gran proyecto de reforma tributaria estructural, sólo sobrevivieron las estipulaciones que menos dolientes directos tenían, o mejor dicho, que menos lobistas tenían. Paradójicamente, las estipulaciones que más dolientes directos tienen, tales como lo son el aumento del IVA, que al pasar del 16% al 19% afectará directamente el poder adquisitivo de la gran mayoría de colombianos, quedaron incólumes. Ello, quizás, por falta de lobby.

Según el análisis hecho por La Silla Vacía (www.lasillavacia.com), del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno en octubre fueron eliminados capítulos completos que regulaban impuestos nuevos, tal como sucedió con el impuesto a las bebidas azucaradas. Ello se debió al fuerte y muy estructurado lobby ejercido por la Andi, Fenalco y empresas productoras de bebidas azucaradas, entre otros. Así mismo, sobrevivieron las exenciones a las utilidades en ventas de predios para hacer proyectos de vivienda de interés social y la exención del IVA para libros y periódicos, gracias al lobby ejercido por Camacol, el vicepresidente Germán Vargas Lleras y los representantes de las industrias editoriales, respectivamente. Por su parte, las Iglesias, a través del lobby, lograron no tener que entrar a demostrar la realización de “actividades meritorias” para poder tener un régimen tributario especial, contrario a lo que sucederá con el resto de entidades sin ánimo de lucro. De igual forma, las cajas de compensación, el sector financiero, los representantes de las zonas francas y en general muchos otros sectores afectados con la reforma organizaron sus representantes para interceder activamente frente al Gobierno y al Congreso a fin de no ver afectados sus intereses, y así lo lograron.

Desde que se presentó al Congreso era claro que la reforma tributaria afectaría a todos los participantes del sistema económico. Lo que no era claro -y ya sí lo es- es como se desarrollarían los juegos de poder en el lapso previo a que la ponencia fuera presentada ante las comisiones terceras de Senado y Cámara. Según los medios, las reuniones entre los ponentes de la reforma y los delegados del Ministerio de Hacienda se extendían hasta altas horas de la noche, así como las reuniones de estos con los lobistas de los diferentes sectores y grupos de interés. Tanto fue el trabajo previo, que la discusión de la misma en las comisiones fue prácticamente inexistente, situación extraña -por decir lo menos- tratándose del proyecto de ley que más puede afectar la economía del país.

En un sistema democrático, es natural y lógico que cada quien vele por sus propios intereses y por los de sus representados. Y por ser esta una necesidad inminente para los sectores económicos que puedan verse afectados por una ley, es comprensible que surjan personas naturales o jurídicas expertas gestionar que las leyes se promulguen atendiendo a los mejores intereses de estos. No obstante ello, el desarrollo de estas gestiones debe ser regulado, público y debe garantizar la participación equitativa de los grupos de interés en el proceso de entendimiento de los efectos que una ley pueda tener.

Muchos países tienen leyes que reglamentan la actividad de lobby o cabildeo, y ello lo hacen, precisamente, para que pueda coexistir la libre empresa con la transparencia y equidad democrática y con los principios rectores de la función pública. En Colombia se ha tratado, en varias oportunidades y sin éxito, de regular esta materia. El último proyecto discutido al respecto (y que fue archivado), fue presentado por Germán Vargas Lleras cuando fungía como senador. Es posible que estos proyectos hayan sido hundidos por los mismos interesados por la inconveniencia propia de hacer públicos los compromisos adquiridos, los honorarios pagados y los intervinientes en la dinámica propia de este tipo de negocios. Esto, aunado a la denuncia hecha por la senadora María del Rosario Guerra respecto a que el Ministro de Hacienda estaría ofreciendo a ciertas bancadas del Congreso una adición presupuestal para 2017 a cambio de que las mismas apoyen la reforma tributaria, amerita que este tema sea nuevamente estudiado.