Las condiciones económicas y sociales de millones de colombianos se han visto deterioradas por su imposibilidad de trabajar, producir, intercambiar bienes durante la pandemia. Y no son sólo los más vulnerables en el momento en que esta comenzó. Porque muchísimas personas de clase media saldrán de esta infección en condiciones de pobreza, ante la pérdida de su trabajo o la quiebra de su empresa. Esa es una realidad que ni tirios ni troyanos niegan, pero que perciben de distinta manera. Y esa percepción determina el contexto de la carrera presidencial para el 2022, que estará centrada en las medidas económicas y sociales que han de tomarse para sacar el país y a su gente, adelante. Veamos:

El Gobierno ha tomado una serie de medidas para enfrentar esta gravísima crisis, en medio de dificultades económicas como el derrumbe del precio del petróleo y una caída del Pib del 5.5%.  En este escenario, ha destinado el 11.3 del Pib, unos $113 billones, a entender la pandemia, un porcentaje comparativamente mayor al que países desarrollados como España, que provisiona el 10%  (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/coronavirus-en-colombia-cuanta-plata-ha-invertido-el-gobierno-509790).

Su batería de medidas incluye inversiones en saneamiento económico del sistema de salud y en acciones epidemiológicas e infraestructura hospitalaria para atender la pandemia, que suman 7.2 billones en gasto directo.

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Pero también ha otorgado, de manera masiva, hasta la fecha, en ayudas directas se han destinado a programas como Ingreso Solidario, $1.440 billones que llegarán a 3.000.000 familias que no reciban otros subsidios, es decir, las más vulnerables de todos; giros adicionales de $ 3.7 billones a familias en Acción y Jóvenes en Acción; pero es importante anotar que estas ayudas se extenderán hasta el mes de diciembre. También está la devolución del IVA, que será en promedio de 400.000 para 1.000.000 de familias este año, lo que suma $400.000 millones de pesos. A esto, todavía hay que sumarle los $2.8 billones que el gobierno central autorizo para los departamentos y municipios, de los ahorros que estos tienen consignados.

En materia de protección al empleo formal, el gobierno está subsidiando el 40 por ciento del valor del salario mínimo hasta agosto de 6 millones de trabajadores, con un valor de 2 billones de pesos, así como el apoyo a la prima con un subsidio del 50 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresa. Además, el auxilio a más de 150.000 personas que perdieron el trabajo y 600.000 a las que les suspendieron sus contratos, quienes recibirán un giro solidario de $160.000. (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/coronavirus-en-colombia-cuanta-plata-ha-invertido-el-gobierno-509790), (https://ingresosolidario.dnp.gov.co/).

Así mismo el Gobierno da una garantía del 90% para préstamos bancarios con destino al pago de nóminas; del 80%, de capital de trabajo para las Pymes y de hasta el 80% para los trabajadores independientes, para un total de $14 billones.

Estos subsidios son adicionales a los que ya existen y cubren amplios segmentos de la población: el Sisben, el subsidio de los servicios públicos, el de la educación pública en escuelas, colegios y universidades oficiales y en algunos privados.

En síntesis, sí hay apoyos y subsidios a la población para mitigar su sufrimiento en la pandemia.

La oposición, sin embargo, estima que son insuficientes para atender las necesidades de los colombianos , que terminan por resolverle el problema a las EPS y no a los hospitales, que se debe cambiar el modelo de salud de la Ley 100, que se va a hipotecar al país al sistema financiero, y que hay que aprovechar la oportunidad para enfrentar de fondo para atacar el problema de la desigualdad en Colombia con medidas de redistribución de la riqueza como la Renta Básica Universal, RBU (https://www.elespectador.com/noticias/politica/oposicion-cuestiona-al-gobierno-ante-el-manejo-de-los-recursos-de-la-pandemia/).

La discusión sobre la política social será el centro del debate político, en medio de movilizaciones, protestas, y también de acciones vandálicas de algunos, para presionar y cercar al gobierno y crear las condiciones para que la oposición asuma el poder. Que esta ataque al gobierno y use estrategias como la presión social y política, es normal en una democracia, siempre y cuando lo haga por la vía pacífica.  Está dentro de las reglas de juego que, si gana las elecciones, gobierne. Pero también, que, si las pierde, ejerza una oposición leal, que es, precisamente, lo que no hacen sectores radicales de izquierda que apelan a la violencia e intimidación para imponer sus ideas y su modelo de sociedad.

Forma parte de la confrontación civilizada discutir las concepciones del adversario para desnudar sus falencias. Y para eso, los dos bandos necesitan formación teórica. Los gritos son importantes, pero las ideas más. Y más todavía, la apropiación que hagan los ciudadanos de ellas para que su voto sea informado y consciente. La cultura política mejora la democracia.

Por eso, voy a abordar el análisis de la RBU asentando las siguientes tesis:

Nadie puede negar el impacto que sobre millones de colombianos tiene la pandemia. Los subsidios, las ayudas, primero a los más vulnerables, pero también a los que terminan golpeados por el virus, son un imperativo ético y político de cualquier gobierno. El de Duque, está intentando, por lo demás, cumplirlo, como lo demuestran las cifras citadas más arriba. En este punto, la discusión es si son suficientes o no. Y eso sólo puede ser racionalmente definido si se cuenta con datos suficientes.

Para hacerlo, hay que determinar la capacidad del Estado para asignar recursos y esto tendría que ver, según expertos, con la disponibilidad del Estado para generar recursos propios a través de impuestos y transferencias, que depende básicamente de la producción de bienes y servicios y el comercio; es decir, de las actividades económicas.  La otra fuente proviene de la posibilidad de endeudamiento que tiene el país. La tercera, es la venta de activos de la nación, como ciertas empresas. Si fuera necesario, habría que vender las que puedan colocarse a mejor precio, para conseguir recursos. Pero esos bienes son finitos. Y está la discusión de si algunas de ellas son estratégicas para la nación. La izquierda quiere recursos, pero seguramente no las tocaría por razones ideológicas; en cambio, criticaría ferozmente si el gobierno lo hiciera. Aquí el punto es que la ideología impide el objetivo de cumplir con la ayuda y asistencia a los vulnerables. El Gobierno, en cambio, tendría que decidir sobre bases pragmáticas.

Como sea, el esfuerzo del Gobierno de disponer de $113 billones con una economía que se contrae en el 5.5% del Pib, es enorme y compromete, además, recursos que se tendrán que obtener luego de la pandemia.

 El problema es que el país de la pospandemia se encontrará en una situación dramática: El dirigente gremial José Félix Lafaurie sostiene, y en esto coincide con otras proyecciones, que la deuda llegará al 70% del PIB y habrá una reducción del 30% de la capacidad empresarial, lo que arrojará una cifra de ocho millones de cesantes. Como quien dice, desempleo rampante, y un gobierno sin casi margen de endeudamiento y con una economía que tardará en recuperarse para producir impuestos.

De este escenario queda claro que el Gobierno tendrá que mantener el deber de auxiliar, de acuerdo con las condiciones específicas de cada grupo o persona, a segmentos de ciudadanos colombianos, no sólo a los que venía apoyando anteriormente, sino también, por llamarlos de alguna manera, a los nuevos vulnerables. Pero debe ser condicionado a que el beneficiario se integre a la vida productiva, porque habrá otros que también lo necesitan, y no puede ser de manera indefinida, porque los recursos del Estado, insisto, son finitos y en ese momento, muy escasos. Se trataría, conceptualmente, de un Ingreso Mínimo Vital.

Lo que la oposición propone, la RBU, hay que definirla. He escogido esta para ver el alcance total del concepto: “La RBU es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.”( http://www.redrentabasica.org/rb/que-es-la-rb/).

La RBU, en esos términos, además de que económicamente es imposible en nuestro país, también sería inusualmente injusta por subsidiar a los ricos. Pero aún, si sólo se le diese a un sector especial de la población, seguiría siendo altamente negativa porque apunta a borrar la característica central de la dignidad humana, la de que el individuo pueda vivir por su propio esfuerzo, como resultado de su trabajo. Si renuncia trabajar, la pereza y la molicie, es decir, la decadencia personal, se apodera de él y se debilita su autoestima y la solidaridad con el otro. Cuando cede su derecho a vivir por su esfuerzo, abre el espacio a que quien le da el beneficio, lo controle y quite su libertad.

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Estas consecuencias fatales pueden ambas, encontrarse en la historia de Venezuela. En conversación con el profesor Luis Guillermo Vélez, este señaló que cuando la bonanza de los años 70 del siglo pasado, la gasolina y los servicios públicos eran prácticamente gratis, el estado subsidiaba totalmente la salud y la educación y decenas de miles de estudiantes se paseaban por Europa con becas en costosas universidades, sin que tuviesen que responder por los resultados. Trabajar resultaba exótico. Cuando Chávez, y mientras duró la bonanza, la gente aceptó la dictadura de buena gana. Y cuando Maduro llegó, se acabó la bonanza y se robó el país, la gente vende su lealtad y libertad por una bolsa de comida.

Las Clap son la versión perversa de la RBU. Y nosotros nos negamos a llegar a ese punto.