La agenda pública se apresta a atender en los próximos años asuntos que por su complejidad demandarán esquemas de gerencia modernos que se caractericen por su pragmatismo y flexibilidad, pero, sobre todo, que estén orientados en la atención oportuna de las necesidades emergentes tras la fractura de la tendencia de crecimiento y desarrollo que traía el país.

Basta con leer los estudios de los diferentes centros de pensamiento económico para convencernos de la gravedad de la situación. Por un tiempo indeterminado, la disponibilidad de los recursos públicos se reducirá progresivamente a la vez que incrementarán las necesidades socioeconómicas en todas las regiones del país.

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Los esfuerzos económicos que hoy realiza el Gobierno Nacional se soportan en mayor gasto público, reducción del recaudo de impuestos e incremento en el endeudamiento, lo cual conllevará de manera ineludible a considerables impactos macroeconómicos. Por su parte, existen mayores demandas de subsidios y programas orientados hacia la atención en salud, seguridad alimentaria, educación, reactivación económica, entre muchos otros. En ese sentido, el dilema que vislumbra es en función de la priorización y asignación del gasto público, pues en tiempos de escasez diferentes sectores pueden interpretar que lo que unos ganan otros lo pierden.

Bajo las actuales circunstancias se desborda la capacidad administrativa y presupuestal de las diferentes administraciones, pues no hay capacidad de respuesta para atender todos los frentes de acción de forma eficaz sino de forma parcial y precaria. En este contexto surgen iniciativas como la renta básica universal, que, si bien como propuesta es loable, se enfrenta a la limitación del respaldo presupuestal.

En todo ello existe una paradoja adicional, pues cuando nos aprestábamos a profundizar en la agenda del Desarrollo Sostenible, pareciera que las circunstancias nos retroceden hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cual pone en el centro la dimensión social. Sin embargo, no podemos renunciar a cumplir las metas de la agenda de la sostenibilidad, por el contrario, deben estar en el centro de los cambios políticos y económicos que acaecerán.

Hoy más que nunca, identificar nuevas fuentes de financiación y definir los criterios de priorización del gasto resulta ser un ejercicio que como sociedad es necesario, de lo contrario, se puede advertir una posible crisis institucional con efectos estructurales en el funcionamiento del Estado, el sistema democrático y la cohesión social.

Quienes lideran los asuntos públicos deberán contar con una gran capacidad adaptativa y de relacionamiento interinstitucional para lograr soluciones incrementales. Si bien la descentralización plena es un proyecto inacabado en Colombia, durante la reactivación social y económica deberá primar el liderazgo y la iniciativa local dado el conocimiento de las particularidades del territorio y de las necesidades de sus comunidades. La simbiosis nación-región mediante ágiles esquemas de relacionamiento intergubernamental resulta ser claramente estratégica.

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A las Fundaciones nos impulsa el deseo de seguir trabajando en aportar al bienestar de las comunidades, en últimas, a ello nos debemos.

Bajo este escenario, las organizaciones sin ánimo de lucro tenemos un espacio que ocupar y un rol importante que asumir en cuanto la efectividad en la ejecución del gasto público con fines sociales, dado el conocimiento técnico en su objeto social, la posibilidad de gestionar recursos económicos con fuentes multiactor y la capacidad operativa para atender necesidades básicas esenciales de los sectores más vulnerables en el país en forma complementaria a las insuficiencias del mercado y las limitaciones operativas de la administración pública. Si bien las fundaciones no son ajenas a la crisis y ven amenazada su pervivencia, a muchas nos impulsa el deseo de seguir trabajando en aportar al bienestar de las comunidades, en últimas, a ello nos debemos.

*Socya

Correo: socya@socya.org.co