Como si se tratara de una novela del realismo mágico, el poder político en Cartagena de Indias ha entrado en un círculo de  inestabilidad e incertidumbre tan severo que resulta difícil advertir cuáles serán sus consecuencias. Lo que sí parece claro es la fuente de la debacle que ha puesto a desfilar por el Palacio de la Aduana, sede de la Administración distrital, a nueve alcaldes en los últimos cinco años: la percepción de corrupción generalizada que ha llevado a las casas políticas tradicionales de la región a unirse para obtener la elección y derrotar a las opciones alternativas de poder. El desgaste generado por la interinidad constante en el primer cargo distrital ha minado la confianza de los cartageneros en sus dirigentes y ya empieza a mostrar efectos negativos en la economía de la capital de Bolívar.

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El capítulo más reciente de esta historia ocurrió pocos días después de que el 6 de mayo pasado Antonio Quinto Guerra Varela ganara las elecciones atípicas para alcalde de Cartagena. El Tribunal Superior de Bolívar decretó como medida cautelar la suspensión de los efectos jurídicos de tal elección mientras el Consejo de Estado se pronuncia sobre la demanda que la Procuraduría General de la Nación interpuso para que se declarara la nulidad de la misma por la presunta inhabilidad de Guerra Varela por haber firmado en octubre de 2017 un otrosí en un contrato que tenía con el Ministerio de Vivienda. Si bien la Procuraduría ya había pedido al Consejo Nacional Electoral que declarara inhábil a Guerra Varela para participar en los comicios, el CNE había señalado que no encontraba mérito para impedirle ser candidato. Tras la nueva movida jurídica del ministerio público, Antonio Quinto Guerra le pidió esta semana al Tribunal aclarar el auto que dicta la medida cautelar, lo que le da, por lo menos, diez días más en el cargo.

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Quinto Guerra, como se le conoce en Cartagena a este político conservador, sería el octavo alcalde de la ciudad desde el 14 de noviembre de 2012 cuando presentó renuncia a su cargo por razones de salud el elegido Campo Elías Terán Dix. Sin embargo, tras la medida cautelar del Tribunal Superior de Bolívar, el ministerio del Interior designó como alcaldesa encargada a Yolanda Wong Baldiris, actual Secretaria del Interior y Participación Ciudadana del distrito. Si se llegara a dar la suspensión definitiva de Quinto Guerra, el Gobierno Nacional tendría que designar, de una terna entregada por el partido conservador, al que sería entonces el décimo alcalde en cerca de seis años, quien terminaría el actual período en diciembre de 2019. La ciudad quedaría así con el nada halagador registro de dos alcaldes por año en promedio: Felipe Merlano y Óscar Brieva Rodríguez, ambos funcionarios de Terán hasta que el presidente Santos designó, primero a Carlos Otero Gerdts y luego a Bruce Mac Master, como encargados mientras se convocaron las elecciones atípicas de 2013, en las que fue elegido Dionisio Vélez Trujillo, quien terminó en diciembre de 2015 pero se vio envuelto en un varios escándalos; Manuel Vicente Duque, elegido popularmente para el período 2016-2019, quien fue suspendido por irregularidades en la elección de la Contralora Distrital Nubia Fontalvo y quien, tras la tragedia del edificio Blas de Lezo II, que cobró la vida de 21 personas, renunció en noviembre de 2017. Entonces fue encargado Sergio Londoño Zurek hasta el 6 de mayo pasado cuando, con las nuevas elecciones atípicas, debían terminar la interinidad.

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En estas elecciones quedó en evidencia el hastío de la ciudadanía con la situación, pues la abstención fue del 77,35%, la mayor en la historia de la ciudad. De hecho, la votación de Quinto Guerra fue de apenas 72.111 sufragios, menos del 10% del potencial de votantes, que era de 749.593 personas. Mientras tanto, la ciudad sigue enfrentando graves problemas en distintas áreas y sus obras se mantienen paralizadas o a medio hacer, como es el caso del plan maestro de drenajes pluviales, pues un 70% de la ciudad se afecta por las lluvias, el alcantarillado para dos corregimientos, las obras de protección costera y la central de abastos, entre otras.

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En esta crítica situación política y administrativa encontramos tres aspectos que vale la pena resaltar. En primer lugar que una inestabilidad de este tenor, que no está ocurriendo en ningún municipio perdido en las montañas sino en el principal destino turístico del país y el epicentro de gran parte de los eventos y convenciones internacionales que se hacen en el país, es completamente anormal y refleja un delicado problema de fondo que, a nuestro juicio, tiene que ver con la pugna por el poder desde todas las ramas. No es sólo el ambiente de ingobernabilidad que se crea sino el precio que se debe pagar por el mismo, pues las elecciones de mayo se hicieron con un alto costo económico para llegar al mismo punto de vacío de poder.

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En segundo lugar, deja mucho qué pensar el papel del sector privado. Si bien, previo a los últimos comicios, hubo pronunciamientos de distintos gremios llamando a rodear a quien saliera elegido, no se puede seguir creyendo en la falacia de que son únicamente los funcionarios públicos los corruptos, pues en estos casos no solo peca quien recibe la coima sino quien la ofrece, generalmente los contratistas que están metidos en el juego del poder y se han encargado de minar la política y convertir la administración pública en un escenario de transacción de favores. Y, en tercer lugar, no hay un papel activo de la ciudadanía ni de los sectores sociales. La indiferencia que muestran las cifras de participación  en las recientes elecciones son síntomas de que, sin un liderazgo claro, por ahora no será la ciudadanía la que empuje para salir de la crisis, lo cual resulta triste y preocupante, pues es la ciudadanía la que debe elegir nuevamente, en las elecciones regionales de octubre de 2019, a quien ofrezca la mejor hoja de ruta para sacar a Cartagena de la postración administrativa.

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Esta tarea no le compete ni a Quinto Guerra, si se confirma su elección, ni a quien lo reemplace si queda definitivamente suspendido, pues no tendrá ni el tiempo ni la gobernabilidad necesaria para sacar adelante, desde cero, un Plan de Desarrollo. Su tarea debe ser desenredar el caos administrativo y darle continuidad a lo que hasta ahora se haya hecho bueno en los años precedentes. En este sentido, lo mejor que puede pasar es que se designe a alguien sin ambiciones electorales, capaz de gastar su capital político en organizar la casa. Sería un acto de grandeza del partido Conservador definir, si se llega a este escenario, a una terna de candidatos con estas condiciones.