Con voz tranquila, conciliadora y amena, el sacerdote jesuita Francisco José de Roux Rengifo contó cómo en 1997 se adentró en las selvas de Bolívar para interceder por nueve trabajadores de cultivos de palma de aceite quienes fueron secuestrados por el frente 24 de las Farc.

Ese era uno de los cinco frentes del bloque magdalena medio de ese grupo guerrillero, bloque que contaba con unos 550 hombres, dos columnas móviles, estaba liderado por Rodrigo Londoño Echeverri, alias timochenko, y era su segundo Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias pastor alape, por quien hasta hace poco el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de $2.5 millones de dólares. De Roux se fue a buscar al frío y calculador guerrillero para intentar una liberación.

Al llegar a un lugar apartado en la espesura, lo recibió Guevara, a quien le pidió, quedo y sosegado, que liberara a los secuestrados sin exigir dinero a cambio. El fiero pastor alape no estaba, pero le dejó una razón, fría, perturbadora: “Tranquilo, que no paguen, que ya tenemos listas nueve bolsas de polietileno. Cada mes les vamos a mandar un cadáver para que vean que esto es en serio”.

De Roux, caleño, defensor de los derechos humanos desde hace décadas, reconocido por su trabajo en temáticas de campesinado colombiano, proyectos de desarrollo agrícola y análisis del conflicto colombiano y construcción de paz, cree fervorosamente, por encima del pesimismo que rodea el proceso, que la finalización del conflicto armado en el país es posible. Que la verdad es el elemento clave para la reconciliación.

El sacerdote jesuita sostuvo que alias pastor alape, nacido en Puerto Berrío, Antioquia, es hoy, a sus 71 años, un hombre distinto. “Lo es. Es otro. Uno muy diferente. Uno que pide perdón. Así como lo hizo en Bojayá (Chocó), en donde pidió perdón por la masacre ocurrida en mayo de 2002. Acepta su responsabilidad y no exige que los perdonen, no, pide perdón y espera que algún día los perdonen, porque saben que es difícil”.

De Roux trae del recuerdo otro episodio doloroso: el secuestro de los diputados del Valle. “Las Farc reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón. Pablo Catatumbo explicó que se confundieron con otro frente amigo al que creyeron de las Fuerzas Militares y ordenaron asesinar a los secuestrados, porque ese era el procedimiento para ellos. Esos hombres que por muchos años estuvieron en el campo ahora bajan las montañas, se quitan el seudónimo, reciben una cédula, aceptan la legitimidad del Estado y piden participar en política. Ellos tendrán una justicia distinta, pero piden perdón, cuentan la verdad. Son hombres con otra actitud, que comprenden que aquí se necesita un cambio. Es que para el hombre que ha estado por mucho tiempo haciendo lo incorrecto es muy difícil corregirse. Difícil pero no imposible. Es como el hombre infiel: da dos pasos adelante porque quiere ser fiel, pero uno atrás, mientras se pregunta ¿cómo dejar a esa mujer en la que encuentran cosas buenas?

Ellos no serán santos de un día para otro, por eso les tenemos que ayudar, comprenderlos. Ahora están los del golfo y los de la oficina con propuestas que los ponen a pensar. Les ofrecen $1.800.000 de sueldo mensual y una arma, les dicen que no sean bobos, que el Gobierno no les va a cumplir. También les preguntan: ¿Que van a dejar de sembrar coca? No, eso no. Se tienen que ir de acá entonces, pero no dejar de sembrar coca. Entonces esos hombres desmovilizados están llenos de incertidumbre. Que no se haga extraño que hayan deserciones”, detalló.

Y prosiguió: “Las Farc en La Habana lo entendieron, lo dijeron, tenemos que darle la vuelta a esto, decían sus líderes. Porque después de bajar hasta su propio infierno, cada colombiano que demuestra que es capaz de lo peor, sale a decir que los colombianos no solamente somos eso, que somos capaces de salir de esa situación, de volver a mirarnos a los ojos, de volver a creer, de reconstruir este país, de reconciliarnos, de perdonarnos”, observó de Roux, ordenado sacerdote en 1975 e impulsor del primer Laboratorio de Paz de Colombia.

Francisco José de Roux es el presidente de la recién elegida Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, instancia que está conformada por otras diez personas, seis hombres y cinco mujeres, quienes tendrán a su cargo reconstruir una verdad no jurídica sobre los hechos más graves del conflicto armado en el país durante los últimos 52 años.

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Dos tareas principales

De las muchas cosas que tendrán por hacer, dos serán sus tareas principales. En diálogo con el periódico EL MUNDO, Francisco de Roux explicó cuáles son.

“Esta es una responsabilidad muy seria. Nuestra primera tarea será recorrer todo este país dividido y polarizado, escuchar las víctimas con respeto y compasión, comprender la furia y el dolor de las víctimas”, destacó. Agregó que intentarán desentrañar y descifrar qué fue, cuáles fueron las razones, los motivos que originaron la violencia que sufrió Colombia durante 52 años. “Tal vez no obtengamos toda la verdad, pero nos esforzaremos por tenerla, con diálogo, con ánimo reconciliador. Sabemos que no hay nadie que no haya sufrido en tantos años de conflicto. Pero esta verdad no es para aumentar odios, es para la reconciliación, para que construyamos un ‘nosotros’, para que perdonemos y para que no se repitan esas acciones dolorosas”.

La segunda, añadió de Roux, es construir un relato, una narrativa con los más mínimos detalles, con los datos de todo lo ocurrido, con las certezas alcanzadas, teniendo en cuenta los bemoles que tiene la verdad. “Diremos, ‘esto fue lo que sucedió’. Es lo más seguro. Dentro de tres años entregaremos un informe, amplio, detallado, con la verdad real del conflicto, una verdad para perdonar, para unir, para que nos protejamos como seres humanos, para que no se repitan los horrores de la guerra”, concluyó.

A continuación, presentamos el perfil de cada uno de los comisionados.

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Los comisionados

1. Francisco José De Roux Rengifo (Presidente de la comisión)

Nacido en Cali, Colombia. Sacerdote jesuita. Se graduó en 1968 como Licenciado en Filosofía y letras de la Pontificia Universidad Javeriana. En 1973 consiguió la Maestría en Economía de la Universidad de los Andes. En 1981 obtuvo una maestría en investigación de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres.

En ese mismo año logró el doctorado en Economía del desarrollo de la Universidad de París I Pantheon Sorbonne. Habla español, francés e inglés.

Fue subdirector y director general del Centro de Investigación y Educación Superior Cinep en 1994, con experiencia en Formulación, Gestión, Seguimiento, implementación y evaluación de proyectos.

También se desempeñó como director y representante legal de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Entre sus actividades estuvo la creación del primer laboratorio de paz en Colombia en el contexto del escalonamiento del conflicto. Y en la creación del Observatorio de Paz Integral en Barrancabermeja, Santander.

Prepósito de la Compañía de Jesús en Colombia. Director y orientador de las obras e instituciones de la Compañía de Jesús para el desempeño de su tarea en la sociedad con una perspectiva de regional. Promoción de acciones para la superación de la pobreza, el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica. Mediador e interlocutor con diversos actores sociales, institucionales, políticos y actores del conflicto.

Desde 2016 y lo que va de 2017 es el director ejecutivo del Centro de Fe y Culturas en Medellín. Gestor y ejecutor de las actividades de la Fundación. Interlocución y diálogo con víctimas, sectores excluidos y líderes sociales, empresarios, académicos, artistas y políticos. Apuesta a la construcción colectiva de una sociedad justa, democrática y reconciliada. Acompaña los procesos de paz con las Farc y con el Eln.

Entre los diferentes reconocimientos y condecoraciones recibidas está la Orden Nacional de la Legión de Honor de la República Francesa. Y recibió el Premio Nacional de Paz en Colombia en diciembre de 2001. Ha escrito artículos en revistas y capítulos de libros referentes al conflicto.

“Desde hace décadas asumí el compromiso de apoyar la finalización del conflicto armado, fui durante varios años fiscal del Comité Permanente de Derechos Humanos que presidía el Doctor Alfredo Vásquez Carrizosa, participé en la selección y acompañamiento de las víctimas que fueron a La Habana.

El 11 de julio del 2015 escribí en torno de la Comisión de la Verdad un artículo que hoy reafirmo y sustento: Todo acuerdo de paz requiere que se asuman positivamente la verdad y la justicia como condiciones para la sostenibilidad del proceso.

La tarea de la Comisión de la Verdad es establecer los hechos violentos, lograr explicaciones rigurosas, esclarecer responsabilidades y promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades; en una dinámica de participación territorial, centrada en la dignificación de las víctimas, con respeto, confianza y justicia social, y con cuidado especial por las mujeres.

La Comisión, es obvio que debe ser absolutamente independiente, y solo comprometida con la verdad. Libre de toda motivación de defender intereses. Autónoma ante autoridades legales o ilegales. Rigurosa en el método que somete informaciones y testimonios a la crítica para buscar la objetividad posible. Capaz de llegar a explicaciones compartidas sobre violaciones graves de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Firme para clarificar responsabilidades de todos los lados y estimular el reconocimiento voluntario de responsabilidades directas o indirectas de todos los lados.

Esta comisión es una garantía para reconstruir el tejido social, sanar las heridas, reconocer y respetar la dignidad humana de todos y promover la reconciliación y convivencia social.

2. Saúl Alonso Franco Agudelo

Nacido en El Retiro, Antioquia. Consiguió su título de médico cirujano de la Universidad de Antioquia en 1975. Es Doctor en Ciencias de la Fundación Oswaldo Cruz, Brasil, en 1998. Habla español, portugués, inglés y francés.

“Treinta años de investigación, docencia y acciones colectivas por ayudar a comprender y enfrentar el conflicto armado colombiano y las distintas violencias en el país y en América Latina, me han llevado a la convicción de que es esencial construir un relato creíble que escuche e interprete a las víctimas, los actores y la sociedad, para propiciar el perdón y convivir en paz. De ahí mi convicción de la importancia de la CEV, reforzada por el conocimiento de los aportes y dificultades de Comisiones anteriores en países como Suráfrica, El Salvador y Guatemala.

La agudización en Antioquia, mi región de origen, de la persecución y el asesinato de defensores de derechos humanos en los ochenta, me obligó a salir del país y a convertirme desde entonces en docente-investigador de las distintas violencias y promotor de su reconocimiento como problema de salud pública.

Mi mejor escuela para pensar la violencia fue la realización de mi tesis doctoral en salud pública: “Contextos explicativos de la violencia en Colombia”, publicada con el nombre de “El Quinto: No Matar”. El método elegido me exigió estudiar la literatura y aprender a escuchar, en todo el país, a las víctimas, los actores y la sociedad.

Hoy reafirmo tanto la complejidad del proceso de construcción de la verdad, como su absoluta necesidad para nutrir la memoria y hacer posible un país en paz.

Las investigaciones realizadas, la producción teórica y la participación en diversas organizaciones por la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la misión médica, me permiten respaldar la inscripción de mi nombre como candidato a la CEV, aceptando así las postulaciones hechas por 13 organizaciones, asociaciones e instituciones internacionales, nacionales y regionales”.

3. Lucía Victoria González Duque

Nacida en Medellín, Antioquia. Es Arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se desempeñó como asesora y orientadora estratégica para la implementación, visibilización, difusión y posicionamiento de la Hoja de Ruta de la Delegación de la Unión Europea para la Sociedad Civil.

“Me he formado moral e intelectualmente toda la vida para asumir una responsabilidad como esta. Y he tenido suficientes experiencias que me permiten reconocer la realidad profunda de este país, muy de cerca. Mi proyecto de vida ha estado relacionado siempre con construir condiciones que contribuyan a hacer de Colombia un país en el que podamos vivir en paz, a partir fundamentalmente de tres premisas: respeto y valoración de la diferencia, profundización de la democracia y justicia social.

Conozco a fondo el conflicto, los acuerdos pactados en la Habana, los mecanismos de justicia transicional. Creo en la posibilidad de reconciliación del país, sí hay verdad y si a ésta le sigue una reflexión sobre las causas estructurales que nos impiden vivir en comunidad. Tengo formación moral e imparcialidad para contribuir con buen juicio a este importante escenario hacia la paz”.

4. Carlos Martin Beristain

Es español, de Bilbao. Se tituló de medicina y cirugía en la Universidad del País Vasco en 1982. Es Doctor en sicología social de la misma universidad.

“Colombia es un país querido, en el que he estado trabajando con distintas organizaciones sociales, la Iglesia, comunidades, víctimas y organizaciones de derechos humanos desde 1994. La primera motivación para poder participar en la Comisión de la Verdad es la confianza de muchas víctimas y organizaciones, hacia las que fundamentalmente se debe dirigir la Comisión. En este caminar, he trabajado en la sistematización y redacción de numerosos informes basado en esta experiencia de las poblaciones afectadas”.

5. Alejandra Miller Restrepo

Nacida en Cali, Valle del Cauca. Es Economista de la Universidad del Valle. Experta en Gestión de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada en España. Docente e investigadora de la Universidad del Cauca hasta 2015.

“El posconflicto en clave de construcción de paz, pasa inevitablemente por las voces de los actores, las víctimas, las autoridades y la sociedad en general, que requiere de la verdad histórica para poner los cimientos de la no repetición, entrar a una nueva etapa de desarrollo y democracia, y superar los odios desde una narrativa que enseñe a las nuevas generaciones el sentido de la convivencia en Colombia. Estoy en capacidad de aportar a la construcción de la verdad histórica desde la Comisión”.

6. Alfredo de la Cruz Molano Bravo

Nacido en Bogotá. Es Licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.

Doctorado en sociología de la Escuela Práctica de estudios superiores, de Francia, en 1977.

Fue asesor de la Presidencia de la República para las conversaciones de paz con el Eln entre 1994 y 1998.

“Toda mi vida he escuchado relatos de campesinos, indígenas y afroamericanos y me he puesto de su lado y a su lado. Nací en el campo y fui testigo de los conflictos agrarios en la región de La Calera y relatos sobre la violencia de los años 50 en los Llanos orientales. He recorrido la gran mayoría de zonas de conflictos del país relacionados con la tierra, he descrito su origen y sus desarrollos y denunciado los atropellos contra campesinos, indígenas y afroamericanos”.

7. Carlos Guillermo Ospina Galvis

Nacido en Bogotá. Es abogado de la Universidad La Gran Colombia.

Profesional en ciencias militares de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

“El haber pertenecido al Ejército Nacional por más de 21 años y haber vivido el conflicto armado, los horrores de la guerra, me hacen hoy querer como nadie la paz, en un entorno de justicia y verdad para lograr una verdadera reconciliación de los colombianos.

El ser víctima reconocida, motivo por el cual he participado desde los inicios de los diálogos de la Habana en los diferentes foros y encuentros nacionales y regionales de víctimas aportando ideas en la búsqueda la reconciliación y la convivencia de los diferentes actores sociales que sea incluyente y plural para una restitución de derechos en la dignificación de la persona. He sido abanderado a las víctimas de la comunidad militar, buscando su inclusión y acompañamiento en la restitución de sus derechos como víctimas en los casos previstos dentro la normatividad de los conflictos armados y el DIH.

Soy profesional en Ciencias Militares, en Derecho y en Administración de Empresas, con Especialización en Administración de la Seguridad e Inteligencia Militar.

Lidero desde el 2013 la Asociación Colombiana de Militares Victimas del Conflicto Armado, Acomivic O.V., y he propiciado la creación de más de 20 asociaciones de víctimas en los territorios, asesorándolas en DDHH, DIH y DICA y justicia transicional”.

8. Marta Cecilia  Ruiz Naranjo

Nació en Urrao, Antioquia. Es Comunicadora Social-Periodista de la Universidad de Antioquia.

Vinculada por mucho tiempo con la revista Semana.

“La Comisión debe asumir varios procesos para el cierre simbólico del conflicto armado. El primero es el de develar la trama interna del conflicto. El déficit de nuestra verdad ha sido la reconstrucción de los contextos, aclarar la interacción de los actores, la incidencia de doctrinas e ideologías, los conflictos locales y grandes intereses en juego. Puedo aportar en esa reconstrucción de la “trama” dado que como periodista mi fuerte ha sido la investigación y el análisis de las principales dinámicas del conflicto. “Quiero asumir la tarea de una verdad que sirva para unir y no para separar”.

9. María Ángela  Salazar Murillo

Oriunda de Tadó, Chocó. Coordinadora y vocera voluntaria de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de Antioquia.

“Estoy segura que la Comisión de la verdad es un gran aporte para la construcción de la paz estable y duradera tan necesaria para toda la sociedad colombiana. Desde mi condición de víctima estoy convencida de que este es el camino para lograr la reconciliación del país, y me dispongo a poner todo mi empeño para la realización de tan importante labor”.

10. María Patricia Tobón Yagarí

Nació en Medellín, Antioquia. Pertenece a la comunidad Embera. Es abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

Ha sido asesora y coordinadora de proyectos para el fortalecimiento de la autonomía y control territorial de los pueblos indígenas de Colombia.

“En la CEV quiero contribuir desde el enfoque étnico, de género y territorial, a la construcción de metodologías que permitan la identificación de esquemas de discriminación que favorecieron la ocurrencia de las violaciones de derechos humanos, promoviendo procesos de memoria y diálogo sobre el conflicto que puedan ser comprendidos por la sociedad a través de estrategias pedagógicas, cotidianas y comunicativas; que contribuyan a generar reflexiones para la reconciliación, la no repetición de conflictos armados y educación para una cultura de paz”.

11. Alejandro Valencia Villa

Nació en Pereira, Risaralda. Se graduó en 1985 como abogado de la Universidad de los Andes, Bogotá.

Fue consultor en la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Docente en el Washington College of Law de American University y de la universidad Externado de Colombia.

“Desde 1989 me dedico de manera exclusiva a la protección y promoción de los derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional en Colombia y en América Latina. Fui asesor del proyecto de recuperación de la memoria histórica ‘La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia’ de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Nuestra misión: Escuchar a las víctimas y esclarecer las más graves violaciones con un enfoque territorial, diferencial y de género y construir una memoria inclusiva como lo demanda la realidad colombiana”.

¿Qué es la comisión?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición es el resultado de más de 25.000 propuestas sobre el punto de “víctimas” que llegaron a la Mesa de Conversaciones y de los aportes de las 60 víctimas que viajaron a La Habana para hablar con las dos delegaciones, así como de las observaciones y sugerencias de los sectores del No tras el plebiscito.

1. Creación: El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.

Como producto del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se pondrá en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que entrará a funcionar una vez sean escogidos los comisionados y se disponga todo lo necesario

2. Objetivos: Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado.

Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que sucedió.

Promover la convivencia en los territorios, mediante una ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces.

3. Criterios orientadores: El trabajo de la Comisión estará centrado en las víctimas del conflicto y buscará asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho la verdad.- Será un mecanismo imparcial e independiente, de carácter transitorio.

Deberá contar con un proceso de participación amplia y pluralista.

Será una entidad de nivel nacional, pero con enfoque territorial.

Tendrá un enfoque diferencial y de género.

Será un mecanismo de carácter extra-judicial.

4. Mandato: La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de: Las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar con ocasión del conflicto.

Las responsabilidades colectivas por estas prácticas y hechos.

El impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las diferentes poblaciones.

El impacto del conflicto en el ejercicio de la política y en el funcionamiento de la democracia.

El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto armado.

Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto.

5. Ámbito temporal: La Comisión tendrá como ámbito temporal el período del conflicto, pero debido a lo amplio de este periodo podrá establecer estrategias de priorización en sus investigaciones y análisis.

6. Funciones: Investigar sobre todos los elementos del mandato.

Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas, con el fin de escuchar las diferentes voces y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo de quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto.

Elaborar un informe final.

Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo.

Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión.

Rendir cuentas de manera periódica sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de sus funciones.

7. Duración: La Comisión tendrá una duración de tres años, con un periodo anterior de preparación de seis meses.

8. Compromisos de contribución al esclarecimiento: Tanto el Gobierno Nacional, como las Farc se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades.

9. Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión: Un Comité hará seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones que formule la Comisión.

10. Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado: La unidad es la respuesta a la masividad de las desapariciones ocurridas en el conflicto armado por diferentes razones. Dentro del universo de personas que serán objeto de la Unidad, se incluyen tanto personas víctimas de delitos como la desaparición forzada y el secuestro, hasta otras que no hayan sido víctimas de ningún delito, pero cuyo paradero se desconoce, siempre y cuando sean desapariciones ocurridas en el contexto y en razón del conflicto armado.

La Unidad tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de restos, y así contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Para ello, diseñará planes nacionales y planes territoriales de búsqueda y podrá recibir y solicitar información de distintas fuentes, donde se incluyen entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

La Unidad es de carácter humanitario y extrajudicial, es decir que la búsqueda de personas que realiza no tiene fines judiciales, ni de atribución de responsabilidades penales. No obstante, la Unidad contribuirá con la justicia al garantizar que los informes técnico forenses y los elementos materiales asociados al cadáver puedan tener valor probatorio en lo judicial.

La Unidad tendrá un director que será escogido por el Comité de Escogencia y contará con un Consejo Asesor, conformado por entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

11. Sistema integral: La Comisión y la Unidad hacen parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz.

La Comisión y la Unidad no pueden entenderse aisladas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pues todos los componentes del Sistema buscan satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del conflicto.

La integralidad del Sistema se garantizará a través de relaciones de condicionalidad entre los componentes y requisitos para mantener los tratamientos especiales de justicia. Para la Comisión, la integralidad se materializa en tanto quienes reciban tratamientos especiales en la JEP deberán contribuir a la verdad participando en los espacios que ponga en marcha. Por su parte, para la Unidad se refiere a la participación en las medidas correspondientes para lograr la búsqueda, localización y recuperación de las personas desaparecidas.

Comité de Escogencia:

El Comité de Escogencia de carácter independiente e imparcial, será el encargado de elegir a los altos funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, entre ellos, los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; el director de la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas; los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros.

Está compuesto por cinco personas designadas por el Secretario General de Naciones Unidas, el Sistema de Universidades del Estado, La Corte Europea de Derechos Humanos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Centro Internacional de Justicia Transicional –ICTJ.

Respectivamente, estas entidades designaron a: Diego García-Sayán, Claudia Vacca, Álvaro Gil Robles, Francisco Acuña y Juan E. Méndez.

Los miembros del Comité fijaran su reglamento y el procedimiento para la convocatoria amplia y participativa y el procedimiento para la selección de los funcionarios del Sistema que, en todo caso, será de 4/5 bajo un mecanismo que promueva el consenso. Ese Comité ya fue instalado.

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El papel de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas acompaña la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, en cumplimiento del punto 5 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno y las Farc.

Este es uno de los instrumentos de justicia transicional que contribuirá a la satisfacción de los derechos de las víctimas y a la construcción de una paz estable y duradera.

Los once comisionados fueron elegidos por el Comité de Escogencia, mecanismo establecido en el Acuerdo y creado por el Decreto 587 de 2017 para seleccionar los altos cargos de las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, bajo los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y criterios de cualificación para su selección.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 60/147 de 2005, el derecho a la verdad es un derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario. En concordancia con lo anterior, resaltamos la importancia de celebrar amplias consultas públicas en las decisiones relacionadas con el establecimiento y composición de la CEV, y hacemos un llamado a la participación activa de las víctimas en esta fase inicial y en las etapas siguientes.