El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado a los empresarios para que incorporen estándares de derechos humanos en sus operaciones.

Si bien la Defensoría del Pueblo reconoció que la actividad empresarial puede ser creadora de valor económico, social y ambiental, con lo cual promueve y contribuye con la realización de los derechos humanos, no solo de sus colaboradores sino de la sociedad en general; también evidenció que en diversos sectores empresariales persisten las brechas en el país. 

Así, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que en temas como el uso de asbesto, "por un lado, el Estado no ha adoptado aún medidas vigorosas con el fin de proteger a los colombianos de los peligros para la salud y la vida que suponen el uso industrial de materiales como el asbesto o el mercurio".

Por lo anterior, dicha dependencia mostró su apoyo al proyecto de ley de prohibición de todo uso industrial del asbesto y la importación de productos con dicho material, además de hacer un llamado para que se ratifique por parte de Colombia el Convenio de Minamata sobre el Mercurio.

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Por otra parte, la entidad se refirió a San Andrés, debido a que se han evidenciado diversos casos en los cuales las empresas "habrían desconocido su obligación de respeto de los derechos humanos y la debida diligencia que de ella se deriva".

Un ejemplo de ello sería la ruptura del emisario submarino en San Andrés el pasado diciembre, el cual puso en peligro de contaminación a la isla, como el derecho a la salud y el saneamiento básico de los habitantes de esta.

A su vez,  la Defensoría del Pueblo manifestó haber sido testigo del impacto y privación de los derechos humanos en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, gestionado por la empresa Transmilenio, por diferentes acontecimientos que han puesto en riesgo la integridad y la vida de los usuarios que tienen este como único medio para llegar a sus lugares de trabajo, estudio o residencia.

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Por otra parte, en el sector de las construcciones, se dio a conocer que en las últimas semanas se ha evidenciado que "la empresa Constructora Quiroz parece haber inobservado el deber de actuar con debida diligencia en la construcción de edificaciones en Cartagena de Indias, sometiendo a los propietarios y residentes a situaciones que arriesgan su vida e integridad, y privándolos del derecho a la vivienda".

Por lo anterior, la Defensoría pidió al Gobierno nacional y los gobiernos locales avanzar en la adopción de acciones o medidas concretas, medibles y efectivas en materia de empresas y derechos humanos y los empresarios en la ejecución de una debida diligencia corporativa en este sentido.