El ente de control informó que la mayor parte de estos recursos, que permanecen en fiducias, hacen parte de Patrimonios de empresas en proceso de liquidación y carecen de control.
El hallazgo se dio a partir de un estudio sobre recursos públicos adelantado por la Contraloría General de la República.
Tras un estudio adelantado por la Contraloría General de la República acerca de los recursos públicos que son administrados por las fiduciarias del país, se determinó que durante el periodo 2010–2016 permanecieron inactivos en fiducias recursos públicos por $3,21 billones en promedio anual. Cifra que evidencia deficiencias en la gestión de los recursos públicos.
Según el ente de control, la cifra es reveladora al dar cuenta que parte de estos recursos hubieran podido tener una destinación que permitiera financiar programas u obras en sectores vulnerables como vivienda, agua potable y saneamiento básico, salud y educación, entre otros.
Para aterrizar la cifra, la Contraloría explicó que los $3,21 billones inmovilizados equivalen al presupuesto asignado al sector Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia 2016.
El estudio estableció que en los últimos siete años, las entidades fiduciarias administraron recursos públicos por $104,19 billones en promedio anual. De estos, la Contraloría encontró que de un total de 1.695 negocios, 415 tienen flujos de inversión inmovilizados.
La mayor parte de los recursos inactivos responden a Patrimonios Autónomos de empresas en procesos de liquidación que se vienen prorrogando en el tiempo sin ningún control. Como Caja Agraria, en Liquidación; Adpostal, en Liquidación; Telecom; BanEstado, en Liquidación.
La Contraloría señaló que por Ley 1753 de 2015 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y se facultó al gobierno nacional para solicitar la devolución de recursos no ejecutados en patrimonios autónomos, con el fin de mitigar la falta de gestión evidenciada.
Esta facultad no ha sido utilizada por el Ministerio de Hacienda, cartera que no presentó ninguna solicitud de devolución, por lo que no hubo reintegros de recursos al patrimonio.
La Contraloría concluyó señalando que con la inmovilización de estos recursos y la ausencia de un control y seguimiento efectivo que permita la devolución de los mismos al Tesoro Nacional, las únicas beneficiadas son las entidades fiduciarias que administran estos fondos.
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