“No hay protocolo que ampare el terrorismo. No hay razón jurídica, no hay razón política, no hay razón con ética que justifique que unos protocolos que no obligan al actual Gobierno sean aplicados”.

Esa es la posición del Gobierno colombiano frente a los supuestos protocolos que otros sectores y desde otros pensamientos se quieren interponer para impedir la extradición de los miembros del Eln que están en Cuba y que, con respetuosa insistencia, reclama la justicia colombiana tras el infame atentado terrorista del 17 de enero en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander de Bogotá, que dejó 21 personas muertas y 68 heridas y cuya autoría fue reconocida por el grupo guerrillero.

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“No hay ni puede haber ninguna manifestación de perdón ni de amparo a un grupo que reconoció la autoría de este acto criminal”, sentenció el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, reafirmado por el canciller, Carlos Holmes Trujillo.

Esa posición, incluida la decisión de cancelar cualquier posibilidad de reanudar los diálogos con el Eln, tiene gran apoyo de los partidos políticos de Gobierno, de la gran mayoría de los colombianos, de la comunidad internacional y de dos de los cuatro países garantes de esos diálogos, Ecuador y Chile, que han condenado el brutal ataque y lo han calificado como acto terrorista, pero también tiene voces en contra que dicen que esos protocolos son de obligatorio cumplimiento, y entre ellos están los otros dos países garantes en la mesa de los diálogos que inició el Gobierno de Juan Manuel Santos, Noruega y Cuba, que insisten en el respeto de unos protocolos que para el Gobierno de Iván Duque no existen. Y no existen, además, porque no los ha reanudado.

Incluso, en la nota verbal que Colombia le dirigió a Cuba se hicieron todas las consideraciones del caso, y además se reiteró que los protocolos a que se refieren ellos, que fueron suscritos por el anterior Gobierno, no sólo no son aplicables en las actuales circunstancias, sino que no tienen efecto alguno frente al Estado Colombiano.

No es decisión de Estado

El carácter y los alcances de los protocolos firmados por el Gobierno anterior para la mesa del Eln, “no pueden ser considerados una decisión de Estado, pues nunca fueron sometidos a consulta ni aprobación por parte del Congreso de la República, ni pasaron por el examen de la Rama Judicial”, explicó el Alto Comisionado.

Ceballos agregó que “por esa razón la Corte Constitucional ha dicho que la Política de Paz es de Gobierno y no de Estado. En caso contrario, la responsabilidad del protocolo la tendrían que asumir el Legislativo y el Judicial y, por supuesto, también los partidos políticos. Para que haya un compromiso de Estado, debían haber sido consultados”.

Y para mayor claridad, Ceballos recurrió a la Sentencia 379 de 2016, en la cual, explicó, “la Corte Constitucional validó el procedimiento del Plebiscito frente al Acuerdo con las Farc, y en la que se dice con toda claridad que las políticas públicas de paz son políticas de Gobierno y no de Estado, y por lo tanto solamente obligan a la Administración que esté en el poder en ese momento”.

Por eso, todos los protocolos firmados en el Gobierno anterior, de acuerdo con la Corte Constitucional, como parte de una política pública de diálogos y no de ningún acuerdo, no obligan al actual Gobierno.

Reactivadas las órdenes de captura

“Otro aspecto para destacar es que el Fiscal General de la Nación reactivó, a través de la resolución 058, las órdenes de captura de estas personas y, por tal razón, ya no pueden ser beneficiadas con un protocolo. Reactivadas las órdenes de captura no hay marcha atrás. Una vez estas personas pisen territorio colombiano, la Fiscalía tiene la obligación legal y constitucional de ponerlas a órdenes de los jueces de la República”, explicó Ceballos.

“Esas órdenes no serán suspendidas en su ejecución, dado que una vez se revocó la resolución que había creado la Mesa de Negociación, no queda base jurídica para dicha suspensión. Un acto de terrorismo, como fue declarado por  el Consejo de Seguridad de la ONU, no permite suspender estas nuevas órdenes de captura”, enfatizó el funcionario de gobierno.

Ceballos recordó que todo el país sabe que desde su posesión, el pasado 7 de agosto, el presidente Duque dio un espacio para la reflexión y la evaluación de lo que había pasado durante 17 meses de diálogos entre el Gobierno del expresidente Santos y esa guerrilla. “Pero ese espacio tuvo una respuesta que el pueblo colombiano hoy confirma, y es la no voluntad de paz del Eln. La respuesta a esos 17 meses también muestra esa falta de voluntad, fueron más de 400 actos violatorios de todas las normas nacionales e internacionales, y más de 100 homicidios”.

Por eso, dijo, tras el atentado sucedido en Bogotá el presidente Duque tomó la decisión de no abrir ningún espacio de diálogo con ese grupo terrorista, calificado así por las propias Naciones Unidas, hasta cuando liberen a todos los secuestrados y renuncien definitivamente al secuestro y cesen todos los actos criminales que han venido cometiendo”.

No se puede permitir

Al referirse a quienes amparan los supuestos protocolos, Ceballos aseguró que “no hay ni puede haber ninguna decisión que se tome por encima del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que condenó el ataque y lo calificó como acto terrorista”.

Además, dijo, “no se puede permitir que se aplique un protocolo para que unos señores vuelvan a sus filas en Colombia y se internen en las selvas para esconderse de la justicia. Eso no se puede aplicar, no es válido, no es ético, y tampoco responde a los llamados de los colombianos y de la comunidad internacional contra el terrorismo”.

Por eso el Gobierno sigue a la espera de la entrega de los diez miembros de la delegación del Eln que se encuentran en Cuba. Y hay una razón profunda para ello, dijo el Alto Comisionado, “el Eln como organización reconoce su autoría y como organización debe ser responsable. Todos los miembros del Eln, no solamente los miembros del comando central, todos deben responder y por supuesto los que están en La Habana”.

Organismos internacionales piden justicia

Tras condenar el atentado terrorista del 17 de enero en Bogotá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal de la OEA, expresó que confía que “el Estado colombiano adoptará todas las medidas necesarias para investigar los hechos, juzgar y castigar a quienes resulten responsables de estos graves hechos”.

Una declaración que, destaca el canciller Carlos Holmes Trujillo, va mucho más allá, porque también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que integran como miembros permanentes China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, y como miembros no permanentes Alemania, Bélgica, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana y Sudáfrica, reafirmó que “el terrorismo en todas sus manifestaciones y formas constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional”, por lo que insistió en la “necesidad de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos condenables actos de terrorismo”, además de instar a todos los estados a que de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional, cooperen activamente con el Gobierno de Colombia.

También el Consejo reiteró que “todo acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, en cualquier lugar, en cualquier momento”.

Comentarios:

Edgar
2019-01-26 09:11:19

Ni más ni menos, más claro no canta un gallo. Lo del ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander de Bogotá, fué terrorismo, así de simple. Y sus autores intelectuales y demás deben comparecer ante la justicia.

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