Posiciones divididas ha generado la situación que se presentó en la Institución Educativa Corazón del Valle, en Tuluá, cuando algunas madres y padres de familia, manifestaron algunas dudas al darse cuenta de que una docente transgénero estaba dándole clases a sus hijos.

Rubén Darío Gómez Ospina llegó a la institución y se presentó como la profesora Andrea Gómez, les narró su historia de vida en la que ha pasado 55 años "confundido" y les contó que se haría una cirugía de cambio de sexo.

Desde este momento, los padres de familia manifestaron por medio de una carta y una protesta que la docente, como prefiere ser llamada, estaba confundiendo a sus hijos, a la vez que esta denunció el propio rector del colegio le había dicho que se presentara como Andrés, y no como Andrea, lo que para ella significaba retroceder en este "tipo de simplezas". El psicorientador del colegio, a su vez, le recomendó que fuera un día como hombre y otro como mujer, además de que las directivas pretendían que fuera sin pintarse las uñas y sin aretes.

Andrea afirmó a medios de comunicación que ha formado más de 7.000 estudiantes y que nunca ha significado un problema, aunque sí ha tenido que ser trasladada desde otras instituciones educativas por recibir amenazas, que califica como "transfobia".

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La polémica fue mayor cuando la Secretaría de Educación de Tuluá (Valle) señaló que la docente debía apartarse de su cargo en el colegio y que se le garantizarían todos sus derechos. El panorama plantea una discusión sobre los derechos constitucionales de ambos, cuál prevalece sobre cuál y qué es lo que se ha decidido anteriormente (la jurisprudencia) al respecto.

John Fernando Restrepo, abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Medellín explicó que frente a este caso, que contiene tensiones entre los derechos de una y otra población, es fundamental revisar qué decisiones ha tomado la Corte Constitucional, garante de la carta magna colombiana, en el pasado, lo que constituye precedentes cuando se presentan estos hechos.

"Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional estamos del lado de la profesora. Por sentido común uno diría que habría que estar del lado de los niños, la protección de los menores, porque el articulo 44 termina diciendo 'los derechos de los menores prevalecen sobre los de los demás', pero me atrevería decir que es más complejo porque según este caso, no es un reclamo de los menores, es de los papás", explicó Restrepo.

Para el caso de Andrea, es crucial tener en cuenta que uno de sus derechos fundamentales es el de el libre desarrollo de la personalidad, otro derecho consagrado en la Constitución que ha permitido que las personas puedan adoptar su identidad sexual.

En ese sentido, explicó que el deber de la sociedad y el Estado es propiciar la inclusión de los mismos, es decir, la no discriminación a las personas que eligen una identidad sexual diferente a la que puede ser "correcta" para estos padres de familia. "La identidad sexual es un asunto al que la constitución, las instituciones y la sociedad, en vez de darle la espalda, lo que debe hacer es permitirle que pueda tener un desarrollo social, económico, laboral, profesional íntegro, porque una sociedad como la nuestra lo que debe hacer es trazar puentes de inclusión, no de exclusión".

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A su vez y del lado de los menores de edad, el docente fue enfático en que falta claridad sobre cuál derecho prevalece. "Al decir que los derechos de los menores prevalecen sobre los de los demás habría que decir cuáles, porque uno de esos derechos es el de la educación, entonces lo que habría que medir es si esta persona es intelectualmente o no competente, si tiene las competencias pedagógicas y didácticas para adelantar un proceso de aprendizaje", expuso.

Y es que, otro de los aspectos es que la anterior generación creció bajo los mandatos en los que solo existe hombre y mujer y no otras fluctuaciones que permitan incluir más decisiones en la sociedad. "Fuimos educados en una concepción biológica y genital del género. Hemos sido poco educados para la tolerancia y el respeto del otro, en la apropiación de los derechos fundamentales", apuntó.

Y es que como en otros casos, se han excluido a los docentes por otras razones que no se alinean con el deber ser para esa generación, por ejemplo porque no tienen preferencias religiosas,  tienen otro color de piel, un docente divorciado, entre otros. El caso podría replicarse, según el decano, cuando venga un desmovilizado de las Farc y se postule como docente a un concurso público de méritos, momento en el que se diría "yo no quiero que un matón le dé clase a mis hijos". 

"Estamos dando un mensaje muy negativo porque la educación en realidad no es llenar cuadernos, la pizarra y presentar exámenes; la verdadera educación que se necesita en Colombia es una que nos ayude y nos permita vivir con el otro", concluyó Restrepo.