Los burgomaestres/burgomaestras de primera clase pueden seguir dilapidando el tesoro para su engrandecimiento político personal,
Desde el inicio de esta cuarentena se hizo notorio que muchos alcaldes/alcaldesas estaban comprando toneladas de alimentos a precios por libra superiores a los que se obtenían al detal en las tiendas de barrio.
Ante la gravedad de esta nueva modalidad, la señora vicepresidente propuso la organización de un “grupo elite” para investigar y obtener, de manera expedita, las pruebas necesarias para sancionar penalmente a esas “ratas de alcantarilla”, pero esa oportuna iniciativa fue impedida por la triada de fiscal, contralor y procurador, burócratas clientelistas y santistas, los personajes menos confiables en sus respectivos cargos, expertos, eso sí, en investigaciones tan exhaustivas como inútiles.
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El pasado 20 de abril, en un artículo respaldado por excelente investigación, La Silla Vacía analiza 48 contratos cuyos sobrecostos, al parecer, equivalen a una suma suficiente para atender los auxilios requeridos actualmente por 68.000 familias… Y esto, probablemente, es solo la punta del iceberg.
Por otro lado, dentro los diarios episodios pintorescos que ofrece, voluntaria o involuntariamente, la alcalde de Bogotá, se presentó su conyugal compra de mercado, que causó indignación no solo por la violación de las regulaciones que esa señora redacta y reclama con estridencia, sino por el mal ejemplo para los ciudadanos.
Con prontitud digna de mejor causa la Fiscalía se ocupó de esa contravención, simple asunto de barandilla, como si se tratase de un delito, por puro afán publicitario. Finalmente, la primera pareja capitalina reconoció la falta y parece que pagó la multa, humilde suma para un hogar que recibe más de cien millones de pesos mensualmente del erario, pero nadie inició proceso al fiscal por extralimitación de funciones… ¡Por algo estamos en el universo mediático!
Si un medio digital puede averiguar tanto detalle oscuro de alcaldesas y alcaldes de pueblo, ¿cómo es que las “ías” nunca ven nada? O peor: ¿Será que su labor es selectiva y obediente a criterios políticos?
Es evidente que la alcalde de Bogotá es hiperactiva, exhibicionista, imprudente, conflictiva, competitiva, arbitraria, agresiva, contradictoria e incontinente verbal. Diariamente ofrece shows a un país ávido de entretenimiento en medio de la obligada reclusión, pero este loable afán de distraer al pueblo no ha sido entendido por tantos columnistas, que unánimemente censuran a la locuaz funcionaria, cuyo creciente y merecido descrédito en los círculos que leen prensa no la afecta en los demás estratos. Mientras disponga de presupuesto para repartir mermelada a los medios de radio y tv, y mientras pueda ejercer su inagotable capacidad demagógica, tiene asegurado un porvenir aterrador para la república.
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Por tanto, conviene analizar los primeros meses de su gestión descobalada y delirante, de la cual dan indicios más que preocupantes los contratos que la opinión empieza a conocer, como los $ 6.000 millones para adquirir espacios publicitarios en radio, prensa, tv, Facebook y Twitter y los $1.280 millones destinados a evaluar la percepción ciudadana de su gestión, así como los que reflejan su munificencia con personas, como los $227 millones por un contrato de seis meses con un individuo que le donó $33 millones para su campaña. Y los $273 millones para la twittera Larissa Lozano y los $111.6 millones para Juliana Vernaza, los $95 millones para Selma Asprilla, los $90 millones para Carlos Amaya, los $44 millones para el hermano de Antonio Navarro Wolff, etc., etc…
Pero si en Bogotá llueve, en el resto del país no escampa. En Medellín, a última hora fue abortado un contrato celebrado entre la Alcaldía de Medellín y una papelería para la compra de 1´350.000 tapabocas, por $2.641 millones, pero parece que no fue el único. Dicen que hace parte de una pintoresca serie de adquisiciones multimillonarias.
Desde la Colonia se dice que la justicia es para los de ruana. Por eso se teme que las investigaciones de las “ías” sean únicamente para los alcaldes/alcaldesas de ruana, mientras los burgomaestres/burgomaestras de primera clase pueden seguir dilapidando el tesoro para su engrandecimiento político personal, fletando medios, pagando asesores de imagen y sosteniendo canales locales de tv para inflarlos.
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La declaración de Sergio Fajardo según la cual está dispuesto a encabezar una coalición de todas las fuerzas contra Álvaro Uribe en la elección presidencial de 2022, indica la más baja motivación, porque el odio no parece ser la mejor bandera para lograr el desarrollo del país, ni el expresidente aspira a volver al solio. Pero además, esa manifestación es inocente y prematura, porque Claudia López no lo va a llevar a la presidencia ese año, para que él, a su vez, se la asegure en el 2016. Entre ella, Petro y Fajardo, la pelea por el primer puesto en esa elección presidencial será a muerte.
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Aunque menos impreparados que la generalidad de los congresistas, los magistrados tampoco merecen los ingresos astronómicas que reciben hoy por haber convertido la justicia en una institución tan desacreditada justamente como las cámaras. ¡Y ahora, la corte suprema compra 51 camionetas Toyota (de $266 millones c/u) por $13.276 millones. ¿Por qué las raposas togadas no pueden conducir sus carros particulares ni montar en bus?