Es común que en Colombia y otros países de América Latina se comprenda la misión del control fiscal con un ánimo represivo y de persecución al funcionario público, sin embargo un reciente documento del Banco Interamericano de Desarrollo, así como algunas experiencias de México y Chile principalmente, proponen que las llamadas contralorías, actúen en clave de un acompañamiento  a la función pública, sin perder el rigor o la fortaleza que supone identificar y sancionar a aquellos servidores que han cometido fallas en la ejecución de los recursos bajo los cuales se les ha tutelado como ordenadores de dicho gasto.

Con el nombre de Programa de fortalecimiento general de la Contraloría de la república, en febrero de 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo da unas puntadas importantes en la forma cómo se da el abordaje de la función fiscal en relación con los gobiernos y sus integrantes. Proponía dicho texto como objetivo: “Contribuir a fortalecer la efectividad del sistema de control fiscal a través del mejoramiento de la calidad y eficiencia de las acciones de control, y la promoción de la transparencia y participación ciudadana”.

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Vale la pena destacar dos valores que incluye el objetivo que son la calidad y la eficiencia en ese control fiscal en América Latina, un continente con panoramas bien distintos en el ejercicio de auditoría a los sujetos de la función pública con unas cifras poco alentadoras de los hallazgos fiscales en relación con las sanciones que finalmente se determinan en contra de los actores que por acción u omisión han incumplido con su tarea de racionalizar el gasto público.

La calidad se denota en el control fiscal a partir del cumplimiento de los protocolos y procedimientos debidos y establecidos por la Constitución y la Ley. La auditoría de calidad permite altos estándares de precisión en la obtención de la información, procesamiento y evaluación de los factores que deben caracterizar las actuaciones del sujeto auditado. Y la eficiencia del control fiscal principalmente responde al uso de recursos como el tiempo de auditor y auditado, presupuesto o acciones propias del proceso; bajo las cuales se pudieran optimizar estas variables para emplear estos recursos en cubrir muy bien todas las necesidades en una realidad regional, lamentablemente muy afectada por una alta percepción de corrupción, según lo revelan anualmente los informes de Transparencia Internacional.

Si bien la Constitución y las leyes, al menos en Colombia, no permiten la función de advertencia para alertar sobre posibles riesgos de pérdida de recursos públicos en medio de la ejecución de un contrato, es importante avanzar hacia procesos de auditoría que se caractericen por un interés de generar empatía entre auditor y auditado, con base en un ejercicio de las relaciones y de la comunicación que permita comprender que ambos sujetos se encuentran inmersos en un objetivo común: Buscar la trasparencia con eficiencia y calidad y que si alguno es ajeno a este interés, el otro debe actuar con toda prontitud, por el bien del Estado, ese donde cumple una doble función de servidor y ciudadano y desde ambas como garante de los recursos públicos.