Tras la polémica suscitada por la persecusión política a la fiscal general Luisa Ortega, Katherine Haringhton fue desginada por el Tribubnal Supremo de Venezuela para el cargo, aunque la Fiscalía no la reconoce como tal.
La vicefiscal venezolana nombrada recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Katherine Haringhton, pidió este lunes a la Sala Penal de la alta corte que revise el caso de 14 policías del municipio capitalino Chacao detenidos sin causa, pese a que la Fiscalía no la reconoce en el cargo.
La situación se produce en el medio de una coyuntura de desconocimiento mutuo del Supremo y de la fiscal general, Luisa Ortega, sobre la que se desarrolla un proceso de enjuiciamiento desde la máxima corte que podría separarla del cargo, mientras la funcionaria asegura que los magistrados son "ilegítimos".
Bajo este escenario el TSJ informó a través de la red social Twitter que Haringhton "comisionó a la fiscal 14 AMC (Área Metropolitana de Caracas) para revisar el caso relacionado con los 14 funcionarios de Polichacao", e indicó que la vicefiscal además consignó un escrito de revisión de medidas. Ante esto, el Supremo señaló: "Sala de Casación Penal del TSJ conoce del asunto de casos de funcionarios de Polichacao".
Haringhton fue nombrada por el TSJ después de que la fiscal general nombrara para el cargo de vicefiscal a Rafael González que fue ratificado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora. El pasado 8 de julio la Fiscalía venezolana solicitó la liberación de estos 14 funcionarios que siguen detenidos por su presunta vinculación con el homicidio del exdirector de prensa del Parlamento Ricardo Durán, cercano al chavismo, pese a que un tribunal ordenó su excarcelación hace casi un año.
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La Fiscalía interpuso "una acción de hábeas corpus para la restitución de la libertad" de los 14 agentes a quienes, afirmó, la investigación "no ha arrojado elementos que los vincule con el hecho". El Ministerio Público solicitó, además, una medida cautelar de presentación periódica ante una instancia judicial tras la audiencia de presentación, el 23 de junio de 2016, indicó esta institución en un comunicado.
Según explicó la Fiscalía, el tribunal dictó el 8 de agosto del año pasado órdenes de excarcelación para los agentes, que "no se han hecho efectivas hasta la fecha" porque los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en cuya sede permanecen recluidos los policías, "se niegan" a recibirlas. Esta solicitud del MP se conoció en la misma jornada en que se otorgó la medida de arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López, recluido en una cárcel militar desde hacía más de tres años.
En una rueda de prensa del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, sobre la liberación del político, aseguró que en los próximos días se concederán medidas de arresto domiciliario "a otros venezolanos", sin ofrecer mayores detalles. La libertad de los 14 funcionarios es una de las reclamaciones de la ONG Foro Penal Venezolano, que asegura que esta es una detención "arbitraria".