La reunión que se realizó el pasado lunes entre los miembros de la subcomisión del Senado encargada de buscar consensos en aras de destrabar la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no logró un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los ponentes que acudieron en representación de los partidos.

De acuerdo con Guillermo Rivera, titular del Ministerio del Interior, la propuesta que se expuso por parte del Centro Democrático sería inconstitucional.

El alto funcionario argumentó que la propuesta plantea la fijación de un plazo a los miembros de la Fuerza Pública para comparecer ante la justicia transicional.

Una ley no puede fijar plazos, según lo manifestado por Rivera, porque la reforma constitucional que fue aprobada el año anterior, así como la decisión que sobre la misma dio a conocer la Corte Constitucional hace varios meses, señala que ante la JEP se deberá realizar la comparecencia tanto de los excombatientes de las Farc como de los miembros de la Fuerza Pública que hubieran cometido delitos en el marco del conflicto armado. 

Ante este panorama, la JEP recordó que en la Jurisdicción existe una Sala que se dedica a resolver los casos de los miembros de la Fuerza Pública. Se trata de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

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Según la información, 2.159 miembros de la Fuerza Pública se han presentado a la JEP, muchos de las cuales ya han recibido beneficios jurídicos, como la libertad y la reclusión en unidades militares.

Asimismo, la JEP añadió que desde el 11 de abril pasado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya ha concedido 26 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas de miembros de Fuerza Pública y un agente del Estado, que se suman a las que habían otorgado los jueces con base en la Ley 1820.

Antes de que entrara a funcionar el Tribunal de la JEP, la Secretaría Ejecutiva de la JEP emitió conceptos favorables que para que la jurisdicción ordinaria diera la libertad transitoria, condicionada y anticipada a 1.206 miembros de la Fuerza Pública y para que 172 miembros de la misma fueran trasladados de centros de reclusión militar a unidades militares.

En la actualidad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas estudia 224 solicitudes de libertad transitoria, condicionada y anticipada de miembros de la Fuerza Pública, 107 solicitudes de sometimiento a la JEP de miembros de la Fuerza Pública y once solicitudes de traslado de centros de reclusión militar a unidades militares.

Finalmente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evalúa 92 expedientes de la justicia ordinaria, 22 de los cuales llegaron de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.