Los 59 colombianos que fueron apresados en Venezuela en agosto de 2016 acusados de paramilitarismo siguen tras las rejas pese a haber recibido esta semana órdenes de libertad dictadas por un tribunal del país, informó este viernes el abogado Héctor Aranguren, uno de los miembros del equipo de defensa del colectivo.

"El tribunal 27 de control ordenó la libertad sin restricción alguna, pero la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hizo caso omiso de la notificación que recibieron formalmente" dijo el jurista tras explicar que no existe una orden judicial para mantener arrestado al grupo.

Señaló que parte del cuerpo diplomático colombiano en Venezuela visitó a los detenidos esta semana en los calabozos de la PNB en el oeste de Caracas, pero consideró que Colombia "no ha sido diligente" en este caso.

"Las personas que están detenidas nos dieron la orden para acusar penalmente por delitos de lesa humanidad y desacato a los funcionarios actuantes que están obstruyendo la justicia en Venezuela", anunció Aranguren.

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El abogado explicó que los detenidos, 58 hombres -con edades que oscilan entre 25 y 70 años- y una mujer, vivían en diferentes zonas de Caracas desde hacía años, no se conocían entre ellos y varios cuentan con documentación expedida por el Servicio Autónomo de Identidad, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela.

"Lo peor es que les dieron la calidad de retenidos, no de detenidos sino retenidos por incidencias migratorias, pero cuando la persona es objeto de una incidencia de migración debe defenderse y a ellos en ningún momento se les dio la oportunidad de defenderse", prosiguió el jurista.

El colectivo es señalado de tener una participación activa en la planificación de una manifestación antigubernamental conocida como la Toma de Caracas y también de paramilitarismo, aunque "no fueron aprehendidos de manera flagrante", según agregó la defensa.

Amnistía Internacional se pronunció recientemente por este caso por el que pidió al Gobierno de Nicolás Maduro "abstenerse de hacer acusaciones que no competan más que al Ministerio Público" y al de Juan Manuel Santos "velar por el bienestar de sus nacionales fuera de su territorio".