Luego de un trabajo en terreno con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), la Defensoría del Pueblo informó que por lo menos 778 familias están en riesgo en los consejos comunitarios de Juanchaco (500 familias), Ladrilleros (178 familias) y La Barra (110 familias). También se aumentó el riesgo en las comunas doce, cuatro y tres de la cabecera municipal de Buenaventura (Valle del Cauca).

Los grupos armados ilegales que amenazan a la comunidad son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); el Ejército de Liberación Nacional (Eln) –hasta antes del acuerdo con el Gobierno Nacional- y otro identificado como 'la gente del orden’, que haría presencia en barrios de la zona urbana.

En algunos de los delitos ocurridos presuntamente estarían involucradas estas estructuras como son las amenazas, los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes, contra la integridad sexual, desplazamientos forzados individuales y masivos, y las extorsiones.

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Incluso se conocieron hechos recientes como el desplazamiento forzado de una familia en Ladrilleros, quienes señalaron que los gaitanistas amenazaron con reclutar a los menores de edad integrantes de la misma.

En el casco urbano de Buenaventura hombres armados que se identifican como ‘la gente del orden’ también buscan jóvenes que hayan prestado servicio militar, para pagarles $1'000.000 por sus “servicios”. Un muchacho de la comuna doce declaró que tuvo que huir con su familia al negarse a integrar este grupo armado ilegal.

En cuanto al Eln, el 24 de agosto en esa misma comuna fue dejada una pañoleta roja y negra en la calle, causando intimidaciones de las AGC a varios pobladores; previamente, el 4 de julio, apareció una bandera en la zona turística de El Malecón, y en el barrio Juan 23, de la comuna siete, declara una familia que recibió amenazas si los jóvenes no se dejaban reclutar por ellos.

El aumento de las extorsiones es preocupante en las comunas tres y cuatro, en donde las AGC les cobran a conductores de lanchas en las que se transporta carga y pasajeros entre Buenaventura y el Naya, Raposo, Micay, Mallorquín y Dagua, principalmente.

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Otro factor grave de riesgo está relacionado con la violencia sexual. Se recibieron denuncias en las cuales sujetos buscan llevarse a la fuerza a jovencitas para sostener relaciones y por lo cual algunas familias tuvieron que desplazarse de la zona.

Ante esta situación, la Defensoría solicitó a autoridades como la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Buenaventura, la Fuerza Naval del Pacífico, la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), “adoptar las medidas eficaces y oportunas de prevención y protección para mitigar o eliminar el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal de los pobladores descritos en el informe de riesgo de inminencia, debido a la alta probabilidad de ocurrencia de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH”.