La Fiscalía General de la Nación (FGN), en conjunto con la Policía Nacional, impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre propiedades avaluadas en más de $14.000.000.000 y 15.000 acciones del Club Independiente Santa Fe, las cuales pertenecían a Álvaro Tello Rondón, exintegrante de la junta directiva del equipo de fútbol, capturado el 4 de mayo de 2017.

En su momento, Tello Rondón aceptó cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contrabando en concurso homogéneo y concierto para delinquir con fines de contrabando, y sería uno de los cabecillas de la estructura junto a Luis Jahuer Puentes Méndez, que fue capturado y Óscar Orlando Puentes Corredor, que fue condenado a trece años de cárcel.

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Las propiedades representadas en 32 bienes inmuebles, siete sociedades, tres establecimientos de comercio, 18 vehículos y un cupo para taxi, al igual que las acciones, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio.

Entre las propiedades se destacan casas lujosas en el norte y occidente de Bogotá, fincas de descanso en municipios de Tolima y Cundinamarca, apartamentos en Cartagena, vehículos de gama alta y sociedades en el San Andresito de San José en la capital colombiana.

Las investigaciones realizadas por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) evidenciaron que las propiedades fueron compradas entre 2011 y 2016, los mismos años en los que la organización criminal obtuvo millonarias sumas de dinero con su actuar ilegal.

En una operación simultanea realizada en Bogotá, Villavicencio, Cartagena, Carmen de Apicalá (Tolima), y Madrid, Chía y Ricaurte (Cundinamarca), fueron ocupados 62 bienes que figuraban a nombre de los señalados jefes de la red de contrabando y algunos de sus familiares, y cuyo valor comercial superaría los $14.000.000.000.

La modalidad
La organización criminal fue desarticulada en operaciones realizadas en marzo y mayo de presente año, que dejaron 22 personas capturadas.

De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la red entregó documentos falsos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), elaboró facturas de venta a nombre de proveedores inexistentes en el exterior y certificó mercancía de origen asiático como si fueran productos importados desde Estados Unidos, con el propósito de obtener los beneficios arancelarios que otorga el Tratado de Libre Comercio (TLC).

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Asimismo, los integrantes de la organización modificaban las listas de empaque, alteraban las cantidades de los productos que entraban al territorio nacional o registraban una mercancía distinta a la que llegaba. También se constató que el contrabando ingresaba por los aeropuertos internacionales El Dorado, Bonilla Aragón y José María Córdoba y con auspicio de algunos funcionarios superaba los filtros aduaneros.

Todo este engranaje criminal habría generado una defraudación al fisco nacional por más de $380.000.000.000 entre 2011 y 2016, y un movimiento injustificado de US$50'000.000 a través de cuentas en Panamá, que sirvieron para legalizar los dineros obtenidos con el contrabando.