Las renuncias de Juan Camilo Restrepo, su presidente, y de otros tres importantes negociadores -el general (r) Eduardo Herrera Verbel, el empresario Juan Sebastián Betancur y el político José Noé Ríos- enfrentan al país con la profundización de la crisis con las negociaciones con el Eln. También lo hacen con la necesidad de exigirle al doctor Santos que admita la situación y, por tanto, evite decisiones que la maquillen, como pretende, o, peor aún, lo lleven a cesiones y concesiones superiores a las que se le hicieron a las Farc.

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Los síntomas de esta crisis, que los conocedores de esa guerrilla habían anunciado desde el inicio mismo de las negociaciones, se han manifestado a lo largo del proceso dentro de esa organización y acaban de evidenciarse en los círculos próximos al presidente Santos, situación que ha deteriorado una negociación de suyo difícil.

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La renuencia del Eln para instalar la mesa de conversaciones a la que fue invitado en 2012, pero apenas llegó en febrero de 2017, fue el primer significativo síntoma del desinterés de varios grupos de esa organización por construir un acuerdo de paz, así fuera en los irrazonables términos pactados con las Farc en el acuerdo del Teatro Colón. El único fruto de once meses de diálogos ha sido un acuerdo de cese al fuego que, como aquí expresamos, limitó la capacidad de la fuerza pública para contener la violencia en las zonas donde actúa esa organización, pero no la de sus líderes más violentos para seguir perpetrando crímenes de lesa humanidad, como el asesinato del gobernador Aulio Isarama Forastero, de la etnia Embera Dóbida, en Alto Baudó, y la masacre, atribuida a ese grupo, de trece personas en Magüí Payán, Nariño. Ello, además de acrecentar su actividad para tomarse hombres y zonas de las Farc. El Eln es, así, el primer y mayor responsable de la crisis en estas negociaciones. 

Importantes voceros cercanos a las partes y al proceso han denunciado, en interpelaciones que merecen respuesta del Gobierno, interferencias de agentes oficiosos que se presentan como puentes entre el Gobierno y el Eln, que pujan, sin encontrar plena resistencia en la Casa de Nariño, porque el Gobierno amplíe sus concesiones a esa organización, particularmente en materias complejas como los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A las actuaciones del expresidente Ernesto Samper, el senador Iván Cepeda y el inefable Álvaro Leyva, atribuyen la renuncia del jefe negociador, Juan Camilo Restrepo.

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Puesto ante una encrucijada que el país podría aprovechar para un paréntesis que le permita exigir al Eln negociar en los términos de la Constitución y los derechos humanos, el doctor Santos se muestra proclive a darle oxígeno al proceso, -¿y más gabelas al Eln?-. Su afán por firmar un acuerdo, que puede ser menos digno que el del Teatro Colón, no es responsable con los precedentes de la negociación, mucho menos con la realidad de un gobierno al que difícilmente le quedan cinco meses de capacidad política, aquellos que separan a enero, fecha del próximo encuentro de negociadores, a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, fecha en que, sean quienes sean los candidatos a segunda vuelta o el ganador, concluyen sus potestades para gobernar.