Bajo el liderazgo del gobernador Luis Pérez Gutiérrez y con el presidente Juan Manuel Santos como testigo, fue presentada ayer la iniciativa “Antioquia libre de coca”, encaminada a convertirse en una política pública cuyo propósito final trasciende los mecanismos tradicionales de persuasión para erradicar cultivos ilícitos y propone, mediante la unión de esfuerzos vía convenios y acuerdos que inicialmente suman 124.000 millones de pesos, ofrecer una atención integral a los campesinos de los territorios donde tales cultivos se han establecido.

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Valoramos altamente el enfoque de esta idea que, más allá de poner al departamento como el primero en avocar el reto de ser declarado libre de coca, mira justo allí donde hay que enfocar los esfuerzos para lograr que los cultivos ilícitos, una vez erradicados por la fuerza o por la sustitución voluntaria, no se resiembren o se trasladen a nuevos territorios. Hablamos del campesino, de su trabajo y de  su vida en la ruralidad, afectada por factores como la falta de movilidad para los cultivos lícitos, bien por condiciones de inseguridad o bien por la falta de infraestructura. La competitividad ofrecida por esta política, que en términos básicos equivale a vías, asesoramiento técnico  y comercialización de los productos, dignifica la labor de los campesinos y le habla a esta población de una presencia del Estado "con autoridad como virtud de la democracia" pero también con oportunidades.
Es obvio que estos componentes de integralidad no van a funcionar si no se desarrollan en un marco institucional que promueva la legalidad y erradique, junto con la coca, la cultura de ilegalidad que tan acendrada está ya en muchos territorios. Es por ello que entre los seis convenios firmados, aparece uno, por 56.000 millones de pesos, con el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, para erradicar los cultivos ilícitos y apoyar la acción contra las minas antipersona, entre otras labores.

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Si bien Antioquia no es el departamento con más cultivos de coca, sí es el que más fuerte ha sentido las consecuencias de la violencia derivada del narcotráfico. Un factor que ha dificultado enfrentar esta problemática, es que los cultivos, a diferencia de otras regiones, no están en grandes extensiones sino en minifundios que, además de dificultar la erradicación, ha dejado mayores huellas de daño ambiental.

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Por otro lado, no es fácil tener certeza sobre el tamaño del problema. Por ejemplo, la formulación de esta política pública partió de un censo que identificó que Antioquia tiene 8.885 hectáreas sembradas en coca de manera dispersa, sin embargo, según el propio Gobernador de Antioquia, hay unos 15.000 campesinos cuya caracterización muestra que entre todos ellos tienen sembradas unas 12.000 hectáreas. Si este dato se cruza con el de las 6.500 hectáreas erradicadas en lo que va corrido del año, quiere decir que han aparecido tantas hectáreas nuevas como las atacadas, lo que deja claro, como tantas veces lo hemos dicho aquí, que la erradicación manual no alcanza o no va al mismo ritmo de la resiembra.
Para afrontar esta situación, el programa plantea un componente fuerte de seguimiento y control para que la sustitución sea exitosa y sostenible y no únicamente otra intervención más que entregará recursos que, al extinguirse, empujarán a muchos campesinos a volver al cultivo de coca como alternativa de subsistencia o a que otros ocupen los terrenos supuestamente sustituidos con nuevos cultivos ilícitos.

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Retomando una frase del gobernador Pérez Gutiérrez, se trata de ejercer la “autoridad como virtud de la democracia”, y al mismo tiempo que el Estado pueda extender la mano a los campesinos que desean pasar la página de los cultivos ilícitos. La presidencia mira con buenos ojos la iniciativa que es innovadora, puesto que empodera a la región y a sus mandatarios locales, en un tema que siempre ha estado delegado al Gobierno Nacional. Hay que reconocer, como dijo el presidente Santos, que si los alcaldes y los gobernadores se comprometen con esta tarea, al Gobierno le queda más fácil actuar en los terrenos que mejor conoce, como el programa nacional de sustitución y la persecución de los traficantes, bien sea para incautar la droga o para lograr el sometimiento de los criminales.

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Y ya que el narcotráfico constituye uno de los puntos del acuerdo de La Habana, seguimos esperando que las Farc participen activamente en estas iniciativas, no solo suspendiendo toda actividad relacionada con el narcotráfico sino promoviendo la erradicación de cultivos y entregando toda la información sobre las rutas, algo que todavía no han hecho y que permitiría desarticular el negocio y evitar que otros actores ilegales los sustituyan a ellos.