En su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2017, Amnistía Internacional señala motivos de alarma en los cinco continentes, especialmente Latinoamérica. A pesar de su importancia, el documento ha tenido escasa divulgación, un hecho que contrasta con el interés que despertaba en los años 70 y 80, cuando la organización hacía fuertes señalamientos a gobiernos autoritarios de derecha. Hoy que denuncia violaciones de los gobiernos de izquierda y la incapacidad de otros para contener a grupos ilegales, algunos con pretensión de beligerancia, el informe apenas se menciona.

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En Venezuela, el organismo documentó violaciones a once derechos fundamentales, en particular la vida y la libertad; políticos y sociales. Estas, señala, son atribuibles a la debilidad de la democracia, fruto de la toma del chavismo a las instituciones. Por esas condiciones, y gracias a la persistencia del secretario Luis Almagro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la crisis del país, fundamentando la Resolución 1095 del Consejo Permanente, emitida el pasado viernes. La declaración, aprobada por 19 votos a favor -entre ellos Chile, Uruguay y Brasil-, 5 en contra, 8 abstenciones -entre ellas las de Ecuador y Nicaragua- y 2 ausencias, insta al chavismo a “que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral” a fin de garantizar los derechos de la oposición y la observación internacional; también demanda al Gobierno que “implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional”.

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A propósito de Venezuela y el consenso internacional, demostrado en las declaraciones de Mercosur, el Grupo de Lima y la OEA, así como en los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre su crisis, debe el alto Comisionado de Derechos de la ONU explicar la inexplicable intervención del funcionario Alfred M. de Zayas, quien el jueves, actuando como delegado suyo, desconoció la situación venezolana, alegó que “he comparado las estadísticas de Venezuela con la de otros países y no hay crisis humanitaria”.

De máxima gravedad, también, es la situación de los derechos humanos en México, país que, con Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala, recibe críticas por la incapacidad del Estado para contener a grupos armados ilegales. Allí, Amnistía lamenta la ocurrencia de seis clases de crímenes contra los derechos humanos, entre los que considera severos los crímenes contra periodistas y líderes sociales. En ese país, gravemente afectado por el narcotráfico, la organización también critica limitaciones a los derechos de género.

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En lo referente a Colombia, se documenta la concurrencia de once clases de crímenes que han hecho que la etapa del posacuerdo no sea la de posconflicto. Amnistía Internacional demuestra que en 2017 continuó la comisión de delitos que caracterizaron el conflicto con las Farc, como son el desplazamiento forzoso, el confinamiento de comunidades, el reclutamiento forzado de menores de edad, siembra de minas antipersona y crímenes continuados contra líderes sociales, étnicos y de derechos humanos. Demuestra así el organismo que el posacuerdo no ha traído respeto a la vida y los derechos humanos, cuya garantía fue la justificación para que la ciudadanía pasara por alto las normas e instituciones de nuestro Estado de derecho y renunciara a los derechos de las víctimas. Además de la violencia, el organismo denuncia la impunidad que asoma en el acuerdo final, debido a las decisiones legales de dar trato “diferenciado (y de privilegio) de los agentes del Estado, en detrimento de los derechos de las víctimas de delitos cometidos por el Estado en el contexto del conflicto armado”, así como la garantía de que “el Estado no entablara enjuiciamientos penales en ciertos casos -aunque no quedaba claro cómo se iba a implementar eso-“, decisión que “debilitaba los derechos de las víctimas a la verdad y a una reparación integral”.

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El panorama de violaciones a los derechos humanos también demuestra la pérdida de las libertades sociales y políticas en países bajo gobiernos de izquierda, como Bolivia, Chile, Nicaragua y Ecuador, país que anuncia cambios de rumbo con el gobierno de Lenin Moreno. Con semejante panorama continental, es extraño el silencio de la prensa y analistas que ocultan, aunque antes divulgaron y aplaudieron, la vocería de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos.

Comentarios:

Julio
2018-03-05 06:29:51

Es necesario elemental que Latoamérica, sus habitantes, los gobiernos y Estados analice las denuncias de AI y que los medios de comunicación, le vuelvan a dar la importancia a estas denuncias.

Julio
2018-02-25 05:58:29

Hoy más que nunca es fundamental la presencia y documentos de Amnistía Internacional en América Latina, Africa, Cuba, China, Oriente Medio. Que alguien se pronuncie más allá de lo que muestran y analizan los Medios de Comunicación.

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