El creciente número de víctimas por el uso de minas antipersonales es una de las más claras muestras del deterioro de las condiciones de seguridad que sigue afectando al país, especialmente en las zonas más remotas, producto de los conflictos armados que persisten y que también incrementan otros métodos de violencia que tampoco se pueden ignorar, como son la desaparición forzada, el homicidio, la extorsión, la violencia sexual y el uso de menores de edad por parte de todos los actores armados, entre otros.

En el último de estos episodios, registrado hace dos semanas en zona rural del municipio de Teorama, Norte de Santander, tres militares resultaron gravemente heridos al caer en un campo minado cuando realizaban acciones de registro y control. Un oficial, un suboficial y un soldado fueron las víctimas, quienes entran a engrosar la larga lista de jóvenes mutilados por el accionar de los grupos violentos que usan indiscriminadamente estos artefactos explosivos.

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“No se puede hablar de posconflicto: actualmente, hay al menos cinco conflictos armados en el país“.", dijo Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (Cicr), al presentar este jueves el balance anual de la situación humanitaria en Colombia.

“Aún falta mucho para hablar de la superación de tantos años de dolor”, apuntó Harnisch.

En su informe, el Cicr precisa que en medio del reordenamiento de grupos armados se han fortalecido las dinámicas de violencia que el país soñaba con dejar atrás después de firmado el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016. Y pone como ejemplo dos hechos: en 2018 el número de víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos se triplicó, mientras que la Unidad de Víctimas registró un significativo aumento de desplazamientos masivos.

Cifras en aumento

Con los 24 casos registrados en lo que va de este año, son ya 11.718 las víctimas en Colombia por minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (Muse), siendo históricamente Antioquia el departamento más golpeado con 1.154 accidentes (2.554 víctimas).

Además de Antioquia, los departamentos más afectados por estos hechos son Meta (1.138 víctimas), Caquetá (942), Nariño (919) y Norte de Santander (868).

En cuanto a municipios, en 515 localidades de los 32 departamentos del país se han presentado estos accidentes desde que se tiene registro, pero los cinco con mayor número de víctimas (de 1990 a la fecha) han sido Vistahermosa (Meta) con 368 víctimas, Tame (Arauca) con 347 víctimas, Tumaco (Nariño) con 264, San Vicente del Caguán (Caquetá) con 263 y Tarazá (Antioquia) con 255 víctimas.

Lo peor, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es que después de una década con tendencia a la disminución en estos casos, con excepción de 2012, en 2018 se volvió a niveles que no se presentaban desde el año 1999. De 57 casos registrados en 2017, se pasó a 221 en 2018, es decir un incremento del 387%.

Esta problemática ha dejado heridas a 9.426 personas (80% del total), mientras que las otras 2.292 personas murieron a causa del accidente (20%). Es decir, una de cada cinco víctimas muere.

Por otra parte, Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas de la fuerza pública y esto ha significado que del total de víctimas, el 61% (7.148) han sido miembros del Ejército o la Policía, mientras que el 39% restante (4.570) corresponde a civiles.

Del total de víctimas, la mayoría (86%) son personas mayores de edad (10.519), muchos de ellos miembros de la fuerza pública. También la caracterización ha permitido establecer que del total de personas afectadas el 65% son hombres y de ese grupo masculino el 20% son menores de edad.

Población indígena

De acuerdo con el informe, 11.149 personas han sido víctimas por minas antipersonal y 569 víctimas por munición sin explosionar. A pesar de que los accidentes por Muse no son tan frecuentes, se debe tener en cuenta que son más letales que las minas antipersonal. De cada cuatro accidentes por Muse muere una persona, y por MAP fallece una por cada cinco víctimas.

Del total de víctimas también hacen parte 395 indígenas, que representa el 3% del total. Sin embargo, al tratarse de un grupo minoritario en Colombia, la tasa de víctimas por cada 100.000 indígenas es cercana a 34, lo cual representa un gravísimo problema para este grupo minoritario. Además, es necesario tener en cuenta que el 37% (145) de las víctimas indígenas han sido menores de edad y del total de víctimas el 32% fallecieron por causa del accidente. Eso sí, desde el año 2012, el número de víctimas indígenas ha venido disminuyendo de manera continua.

Una realidad que preocupa, dijo Christoph Harnisch, “porque evidencia el deterioro humanitario en medio del reordenamiento de grupos armados, que han fortalecido las dinámicas de violencia que el país soñaba con dejar atrás después de la firma del Acuerdo de Paz”.

“La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del Acuerdo de Paz”, apuntó. Según el informe, que ubica la Costa Pacífica, amplias zonas del oriente y el sur del país como las más afectadas, la ausencia de una respuesta estatal a las necesidades básicas de las comunidades, combinada con las persistentes violaciones al derecho internacional humanitario y otras normas humanitarias por parte de los actores armados, han afectado duramente las condiciones de vida y de seguridad de la población civil.

Los conflictos armados

También el informe del Cicr da cuenta de los cinco conflictos armados de carácter no internacional que atentan contra la seguridad y la tranquilidad en Colombia, aunque no descarta otros casos. Según esa caracterización, los conflictos que enfrentan al Estado con grupos Grupos Armados Organizados (GAO) son con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Ejército Popular de Liberación (Epl), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las Farc que no se acogieron al proceso de paz. Además, se incluyó en esta clasificación el conflicto entre el Eln y el Epl, que en los últimos meses ha afectado significativamente a varias regiones del país.

“Ningún apoyo humanitario será suficiente mientras los actores armados no respeten las normas humanitarias y se comprometan a dejar a la población civil al margen de las hostilidades y otras dinámicas del conflicto", concluyó Harnisch.

Este 4 de abril, todos unidos contra las minas

El próximo jueves 4 de abril se conmemora el Día Internacional de sensibilización contra las Minas Antipersonal, declarado por ONU en 2005, y por eso el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra ha lanzado en todo el mundo una campaña de concienciación frente a este tema con el hashtag #UnidosContraLasMinas.

Esta campaña manifiesta el deseo de unir fuerzas en toda la comunidad de la Acción Contra Minas Antipersonal para reflexionar sobre el trabajo realizado en la erradicación de esos artefactos en todo el planeta.

Todos, entidades oficiales y privadas, organizaciones civiles y gremiales, líderes de opinión y la población en general están invitados a unirse y alzar sus voces contra el uso de estas minas.

Tratado de Ottawa

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, conocida como Tratado de Ottawa, forma parte de la respuesta internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersonal.

La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos.

La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999.