“Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones; nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones, y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo; y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte”. (Primer párrafo de “LA GITANILLA”, de don Miguel de Cervantes Saavedra).

Abrumado por la vergüenza, como lo estamos todos los armenios y los quindianos, he dedicado muchas horas a pensar en lo que hasta ahora se ha conocido. Finalmente, he resuelto que mi deber es examinar los hechos, pese a que, por ser inusitados, monstruosos, hablan ellos mismos. Advierto, expresamente, que, por razones jurídicas, no mencionaré una sola persona por su nombre propio: hacerlo sería superfluo,  pues todo el mundo los conoce. Además, apenas conozco los hechos por ser notorios, y no tengo la pretensión de juzgar a nadie. Hay que distinguir: juicios,  condenas o absoluciones, corresponden a los encargados de administrar justicia.  Quienes estamos en la llanura, personas del común, podemos criticar, vale decir, examinar los hechos ilícitos. Más aún: estamos en la obligación de hacerlo. Pero hasta ahí llegan nuestra obligación y nuestro derecho: condenar o absolver es tarea reservada a quien administra justicia en nombre del Estado.

Sobra decir que estos comentarios no son incompatibles con la presunción de inocencia, que cobija a los sindicados de cualquier delito, y que únicamente desaparece, en cada caso concreto, cuando se está en presencia de una sentencia condenatoria, de última instancia, contra la cual no procede recurso alguno.

Escrito lo anterior, intentaré responder la pregunta que todos tenemos a flor de labios: ¿Por qué Armenia afronta la vergüenza de tener un alcalde, dos exalcaldes, concejales, y cinco  o seis de los altos empleados del Municipio, en la cárcel, sindicados de saquear el tesoro municipal?

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No es pregunta fácil, pero se pueden señalar hechos que ayuden a responderla. Veamos.

1. El sistema político (más exactamente, politiquero) del cacicazgo que impera hoy en el Quindío;
2. La baja calidad intelectual y ética de quienes ejercen el mando o la orientación de la política regional; que hoy no es, realmente, política sino politiquería, palabra que el diccionario define como “el bastardeo de los fines de la acción política.”
3. La corrupción que ha invadido el país, y que se ha convertido en guía de toda la administración pública: nacional,  departamental y municipal. A tal punto ha crecido esta enfermedad,  que ya es verdadera epidemia.
4. La elección popular de alcaldes y gobernadores que, como lo vengo repitiendo desde antes de la malhadada reforma constitucional de 1991, entregó los departamentos y municipios a los caciques en usufructo a perpetuidad. So pretexto de democratizar la administración regional, este sistema perverso acabó, prácticamente, con la autoridad que se ejerce en beneficio de los gobernados, y estableció el cacicazgo corruptor. Basta un ejemplo.

Sabido es lo que cuesta elegir alcalde de una ciudad mediana, como Armenia: ¿serán necesarios quince mil millones de pesos? ¿Serán, acaso , suficientes cinco mil no más?  No lo sé.  Y no tengo el menor interés en saberlo. Pero, aceptando, en gracia de discusión,  que únicamente sea necesaria la cifra más baja, la pregunta es esta: ¿De dónde salen?  ¿De los bolsillos del candidato? Jamás: nadie con una capacidad económica semejante, aspira a ser empleado público. A menos, claro está, que busque, literalmente, saquear el erario para compensar su inversión.

¿De los de su patrocinador, cualquiera que él sea? Dudoso, por decir lo menos. Pero si así fuera, ¿cómo negar que ese patrocinador ejercerá, en la sombra, el poder real, y será irresponsable, ante la ley, de cualquier desafuero que obligue a cometer a su títere?

El pagaré de cinco mil millones de pesos, que ya es hecho público y notorio, no sólo  es prueba de delitos contra la administración pública, sino de estupidez, que, lamentablemente para sus autores (quien lo firmó y quien lo aceptó),  explicaría y justificaría las sentencias penales condenatorias que se avizoran. Sobra decir que ese extraño papel ni siquiera presta mérito ejecutivo. Pero si lo prestara, ¿de dónde sacaría dinero para pagarlo, el “ingenuo”  personaje que lo aceptó? 

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Finalmente: habrá (así lo esperamos todos) justicia cumplida: los responsables serán condenados y pagarán las correspondientes penas privativas de la libertad; y si resultare, por ventura, algún sindicado inocente, será absuelto. Y con esto basta. “Amanecerá y veremos…”

(En la segunda parte de este escrito, el domingo 20 de mayo, trataré de explicar mis ideas sobre el futuro inmediato del Quindío y de Armenia.)