Una líder social que había sido secuestrada el pasado 27 de abril, fue asesinada en una zona rural del departamento de Arauca.

"La Agencia de Renovación del Territorio (ART) lamenta y condena el asesinato de María del Carmen Moreno Páez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rico, municipio de Arauquita, en Arauca", detalló esa entidad en un comunicado.

Agregó que según las "informaciones preliminares" de las autoridades, los autores de este homicidio son bandas de delincuencia común. Moreno Páez hacía parte del proceso de construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial.

La directora de la ART, Mariana Escobar, urgió a las autoridades "brindar medidas de seguridad a los líderes que desde las regiones trabajan por la transformación de sus territorios".

La Alcaldía del municipio de Arauquita también informó sobre el hecho: “luego de cinco días y seis noches de intensa búsqueda por parte de la comunidad, familiares, amigos, autoridades y cuerpo de Bomberos, dan con la ubicación del cuerpo sin vida en estado de descomposición de la señora María Moreno en una finca vecina al lugar donde había sido raptada”, afirma el comunicado.

Según un informe del programa privado Somos Defensores, difundido el miércoles pasado, 46 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el primer trimestre de este año, 26 más que en el mismo periodo de 2017.

De los 46 asesinatos, los supuestos responsables de 35 de ellos son desconocidos, cuatro la Fuerza Pública, tres los habrían cometido paramilitares, dos las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc y dos más el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Según la Defensoría, el Cauca es el departamento donde han ocurrido el mayor número de crímenes, 75 homicidios, seguido de Antioquia con 38, Norte de Santander con 17, Nariño con 15, Valle del Cauca con los mismos 15 y Chocó con 14 homicidios.

Un grupo de 445 líderes sociales de Colombia pidió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) la aplicación de medidas cautelares de protección que garanticen "el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos en el país", especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado.