El gremio no pierde la esperanza de que, así como asumió el pasivo pensional de Electricaribe, el Estado asuma la carga que hoy pesa sobre el Fondo Nacional del Café y dificulta los planes de la Federación.
La apertura económica de la década de 1990 obligó a la FMG a competir abiertamente con las navieras del mundo.
Más de un tercio de la contribución que pagan los cafeteros colombianos al Fondo Nacional del Café se sigue destinando, como desde 2008, a pagar el pasivo pensional de la Flota Mercante Grancolombiana (FMG), un hecho que a decir del gremio, no solo le impide a la Federación Nacional de Cafeteros ampliar la cobertura de sus programas sino que le imposibilitaría aportar recursos al Fondo de Estabilización de Precios que está próximo a ser aprobado por el Congreso de la República.
La historia de esa relación entre los cafeteros y los pensionados de la FMG se sigue dando en los estrados judiciales desde que en 2001 la Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación 1023, le asignara al Fondo Nacional del Café la responsabilidad, primero, de proveer la liquidez para pagar las mesadas mientras se liquidaba la FMG y, segundo, asumir los pagos una vez se extinguieron los recursos de esa liquidación.
Y si bien la justicia, mediante los fallos de primera y segunda instancia que en 2016 y 2017, declararon al Fondo Nacional del Café como responsable subsidiario de esos pasivos, fallos contra los cuales la Federación interpuso un recurso de casación que aún no ha sido admitido en la sala laboral de la Corte Constitucional, la decisión del Gobierno Nacional de asumir el pasivo de Electricaribe en noviembre del año pasado, le abrió al gremio la esperanza de una salida política a la situación, que le cuesta a los cafeteros más de 40.000 millones de pesos anuales.
En efecto, el presidente Iván Duque Márquez anunció el 30 de noviembre de 2018, en una reunión con la bancada de congresistas costeños, que el Estado pagará los 1,2 billones de pesos que vale el pasivo pensional de Electricaribe, con el fin de hacer más atractiva la empresa en la búsqueda de un inversionista que la opere.
Si bien el caso de los cafeteros no es comparable con el de Electricaribe, Ligia Helena Borrero, directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros, plantea que mientras los recursos del Fondo Nacional del Café favorecen mediante sus programas a 550.000 familias cafeteras en todo el país, lo destinado al pasivo pensional de la FMG le está llegando únicamente a 701 personas.
“Si el Estado asumiera ese pasivo, porque la Flota fue del Estado a través del Fondo Nacional del Café, esa plata del Fondo le quedaría libre a la Federación para hacer programas que beneficiarían a 550.000 familias. Fíjese cómo la eficiencia de la aplicación de un gasto es mejor por un lado pero inequitativo por el otro”, afirmó en diálogo con EL MUNDO.
La mayor parte de esos recursos, según la doctora Borrero, podrían destinarse a la renovación del parque cafetero colombiano, programa vital para lograr la meta actual de producción de 14 millones de sacos al año, o alcanzar los objetivos trazados por el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, en el pasado Congreso Cafetero, de alcanzar 17 millones de sacos a 2024.
El año pasado, la Federación Nacional de Cafeteros invirtió $38.000 millones en incentivos a la renovación de cafetales.
De otra parte, la actual destinación de tales recursos le imposibilitaría a la Federación aportar al Fondo de Estabilización de Precios, que está próximo a ser aprobado por el Congreso de la República y para el cual el Gobierno Nacional ya hizo un aporte “semilla” de $95.000 millones.
En todo caso, en la declaración final del Congreso Cafetero de diciembre pasado, el gremio se comprometió a “continuar con la defensa del Fondo Nacional del Café” respecto de la responsabilidad del pasivo pensional de la extinta Compañía de Inversiones Flota Mercante Grancolombiana.
La directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros, Ligia Helena Borrero, hizo un detallado recorrido por ese proceso jurídico que ha transitado los estrados durante todo lo que va corrido del siglo XXI.
Las últimas actuaciones ocurrieron en 2016 y 2017, cuando en primera y segunda instancia el Juzgado Quinto Laboral del circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá, respectivamente, señalaron al Fondo Nacional del Café como responsable subsidiario por el pasivo de la FMG dado que el Fondo era el mayor accionista de la Flota con el 80% de la participación desde la salida de Venezuela de la sociedad. De hecho, algunos de los pensionados son del Ecuador, país que mantuvo un 20% de la empresa.
Ante tales fallos, la Federación de Cafeteros interpuso un recurso de casación, que fue admitido por el Tribunal, pero todavía no ha sido admitido por la sala laboral de la Corte Constitucional.
“Si la casación no prospera tenemos que seguir pagando mensualmente hasta que se extinga el último pensionado”, afirma Borrero.
El dilatado proceso comenzó cuando la Compañía de Inversiones de la FMG empezó a tener problemas de liquidez para el pago de sus mesadas pensionales. Entonces vino la intervención de la Superintendencia de Sociedades y una declaratoria de liquidación obligatoria.
Entretanto, explica la directora jurídica de la Federación, los pensionados de la FMG interpusieron una acción “en virtud de la cual estaban reclamando la responsabilidad subsidiaria del Fondo Nacional del Café por los pasivos de la Flota, una acción amparada en la Ley 222, según la cual cuando una entidad se liquida puede llegarse a configurar la responsabilidad subsidiaria de su matriz por los pasivos que hubiera”.
El Fondo Nacional del Café era, por mandato del Gobierno Nacional, el mayor accionista de la FMG, empresa que entró en crisis cuando se acabó la llamada “reserva de carga”, figura por la cual todo el café que se exportaba viajaba en los buques de la Flota, así como otras exportaciones. Esta decisión puso en evidencia que durante 50 años la FMG no se había modernizado ni se había preparado para el transporte de carga en contenedores, por lo cual no pudo enfrentar la competencia abierta en el plano internacional.
“Le tocó entrar a competir pero con unos mecanismos desfavorables, porque tenía unas convenciones que le pesaban y que no le dejaban competir. La competencia lleva a la rebaja de precios y eso fue lo que puso en dificultades a la empresa”, añade Borrero, quien enfatiza: “Todas las marinas mercantes fueron sustituidas por compañías de logística”.
Ante las demandas de los pensionados, la Corte Constitucional emitió su sentencia de unificación, la 1023, que ordena al Fondo Nacional del Café que mientras se decide ante la justicia ordinaria si el Fondo es responsable subsidiariamente de los pasivos pensionales de la FMG, suministre “de manera transitoria” la liquidez.
Tal liquidez, en teoría, se pagaría con los activos fijos de la FMG, pero desde 2008 los recursos de tal liquidación se extinguieron y el Fondo debió seguir pagando las pensiones con recursos propios.
“Como este es el país de los procesos eternos, ese proceso ha sido sensiblemente eterno, nadie sabe por qué. Hubo muchas discusiones primero sobre si era de la justicia civil, de la comercial o de la laboral, y conflictos de competencias por años y años”, cuenta la doctora borrero, hasta que en 2016 se da el fallo de primera instancia y en 2017 el de segunda.
“Tanto la primera como la segunda instancia son desfavorables al Fondo. Es decir, dicen que sí es subsidiariamente responsable”, insiste la directora jurídica, quien añade que la Federación interpuso, entonces, un recurso de casación.
“Nos ha tocado hacer una defensa muy rigurosa del Fondo porque hemos tenido condenas de pensionados que aparecieron después y no se presentaron a la liquidación, los jueces han ordenado incluirlos, o aparece alguien que dice que tiene una prestación social que la flota le debía; hay muchas mujeres jóvenes, muchos hijos pequeños con derechos adquiridos que les daban las convenciones colectivas, y algunas cosas exóticas en las que se abusa mucho del derecho, como si fuera una fuente sin fin”, cuenta Ligia Helena Borrero.
En la actualidad, la mesada promedio que se paga es de $5.010.752, en un rango que va desde $1.066.711 que cobran 111 pensionados y $14.571.404 que cobran 26 pensionados. La mayoría de ellos, 249 en total, cobran una mesada de 4.938.522.
La directiva es enfática en señalar que los cafeteros en ningún momento niegan el derecho adquirido de los pensionados, pero “le pedimos a los jueces que se cercioren de que la persona (los beneficiarios) sí fue empleada, que si tiene derecho a pensión”.
Así pues, mientras el gremio insiste en pedirle al Gobierno del presidente Iván Duque que tome una decisión política a favor del Fondo Nacional del Café, la Federación, según su directora jurídica, tendrá que “seguir pidiéndole plata al Estado” para los proyectos de renovación de cafetales, que es su proyecto prioritario.
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