En fecha reciente, funcionarios de la ONU y miembros de las Farc manipularon una caleta del grupo en proceso de desmovilización. Lo hicieron a pesar de no contar con protección y vigilancia de la Fuerza Pública, que se encontraba en el sitio al que la enviaron (¿desviaron?) los restantes miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, según denuncia del gobernador de Antioquia. Este grave hecho pone en riesgo la seguridad de los delegados internacionales, los miembros de las Farc y las comunidades, como en efecto lo confirmaron en sus exculpaciones el Gobierno y el jefe del Mecanismo tripartito.

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El reclamo del gobernador Luis Pérez por esa confusa manipulación de una caleta de las Farc en jurisdicción de Anorí, Antioquia, es razonable, incluso debe considerarse como necesaria intervención de la máxima autoridad civil de la región en defensa de la Constitución, los habitantes y el acuerdo suscrito por el Gobierno y las Farc. No ha sido así, sin embargo. La alerta del Gobernador se pretendió minimizar y hasta ignorar por funcionarios nacionales y el jefe de observadores de la ONU, cuya visión de los hechos merece ser considerada.

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En entrevistas radiales, el comisionado Sergio Jaramillo entró en contradicción con el contenido del acuerdo, en el que se consignó con claridad suficiente que toda operación de recepción de armas, desmantelamiento de caletas y manejo de armas, municiones o bienes de las Farc debe ser ejecutada por los tres integrantes del MM&V, o sea ONU, Gobierno Nacional y Farc. La presencia del Ejército, que no ocurrió en la manipulación de esa caleta, era necesaria para garantizar que las armas no se desviarán a grupos ilegales u otros destinos, y precisamente para ofrecer seguridad a los miembros del mecanismo tripartito.

El jefe de misión de la ONU, general Javier Pérez Aquino, mantuvo la inconveniente y riesgosa interpretación del Acuerdo final sobre presencia de la Fuerza Pública (léase el Estado colombiano) en el desmantelamiento de caletas, pero cayendo en la incoherencia de denunciar la necesidad de interrumpir esa cuestionada actividad, porque el cuadrante donde estaba el alijo de las Farc “no estaba asegurado”. Y ¿cómo iba a estarlo si los miembros de la Fuerza Pública habían sido dirigidos a un lugar distante?

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Los desaciertos llegaron a su máximo, y permiten preguntarse si existe interés de ocultamiento a las actuaciones de dos de las tres partes del MM&V, con la respuesta del vicepresidente Naranjo, quien en vez de ofrecer respuesta declaró que el “Gobierno no va a controvertir con el gobernador”, como si la denuncia de la autoridad delegada para responder por la seguridad, el orden público y el éxito del proceso con las Farc, se pudiera tratar como una camorra que sólo amerita el desprecio del gobierno central.

La tardanza en la entrega de caletas, las dificultades en su manipulación y el crecimiento de actividades criminales de “disidencias” de las Farc, son responsabilidades del Gobierno Nacional con impacto directo, y dañino, en las regiones que deben ser protegidas por sus autoridades, como el gobernador de Antioquia, que merecen respuestas sin elusiones.