Según reciente informe del Ideam, alrededor de 500 municipios colombianos están en riesgo por deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales, de los cuales 182 se encuentran en alerta naranja a roja, y más de 2.440 poblados están asentados en zonas vulnerables, lo que significa que el 28% de la población colombiana está amenazada por eventos catastróficos. Los deslizamientos y las inundaciones, entre otros eventos, están relacionados con el cambio climático y consecuente calentamiento global, que genera las abundantes e intensas precipitaciones en las cabeceras de las quebradas donde aguas abajo se asientan los poblados, en los cuales el 46% de sus habitantes registra problemas serios de pobreza, lo que significa mayor vulnerabilidad. El calentamiento global no sólo genera desastres naturales, sino que conlleva, entre otros males, la reducción de la producción de alimentos en las zonas tropicales, así como incrementos de morbilidad.

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Todo lo anterior se agrava cuando, según la Procuraduría General de la Nación, tan solo 15 de los 32 departamentos que conforman nuestro país cuentan con planes de gestión del riesgo por desastres naturales y apenas 404 de los 1.102 municipios, es decir el 36% del país, tienen planes municipales de gestión del riesgo por desastres. Según un estudio del 2015 de la misma Procuraduría sobre la capacidad de adaptación al cambio climático en el país, el 85% de los municipios no dispone de un sistema de alertas tempranas asociadas a amenazas naturales y el 82% tienen población asentada en zonas de riesgo por desastres naturales.

En Colombia después de Armero se nos ha vuelto lugar común aceptar que las tragedias por desastres naturales sean tragedias anunciadas. Para no ir muy lejos en el tiempo, una vez ocurrida la mortal avenida torrencial de Salgar (Antioquia) en el 2015 y las del corriente año en Mocoa, Manizales y Corinto (Cauca), se revela que con anterioridad existían estudios que alertaban sobre las posibles avenidas torrenciales que podrían ocurrir en la zona, sin que nadie respondiera. Pero esto parece que ya empieza a cambiar, cuando la Fiscalía General de la Nación anunció la semana pasada imputación de cargos a la actual gobernadora del Putumayo y al excalde de Mocoa por los delitos de homicidio culposo y otros, por no haber tomado las acciones necesarias para prevenir la tragedia del pasado mes de abril, anticipada en un estudio de 2014.

Infortunadamente casos de negligencia por parte de las autoridades como los de Salgar, Mocoa, Manizales y Corinto, se replican a lo largo y ancho del país.

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas humanas y materiales ocasionadas por eventos o procesos, como las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las avenidas torrenciales, la deforestación, la contaminación atmosférica y otros. Gran parte de los desastres son causados por la actividad humana que altera la normalidad de los ecosistemas. En próximas columnas, con la ayuda de Liliam Eugenia Gómez, Phd en Eco-Etología, seguiremos analizando la tragedia ambiental que se generaría en el país si se permiten las grandes explotaciones mineras en los páramos, donde se produce y regula el recurso agua del que dependen las poblaciones andinas.

El calentamiento global es un hecho avalado por innumerables pruebas de carácter científico. Que su origen sea antrópico, es decir que lo estemos generando exclusivamente los humanos, es otro tema distinto y todavía objeto de numerosos debates en la comunidad científica. Pero lo que sí es un hecho probado científicamente, es que la tendencia general muestra que a partir de la Revolución Industrial el planeta se empezó a calentar de manera acelerada. Como lo fundamental es la pregunta por lo que podemos hacer para mitigar el calentamiento global, a continuación insinuaré algunas respuestas:

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• Antes que nada es necesario aceptar que todos somos responsables por el calentamiento global, principalmente con el consumismo exagerado de mercancías y lujos que nos ha impuesto el neoliberalismo, casi todos producidos con energías provenientes de combustibles fósiles
• Es urgente detener la tala de bosques ya que los árboles son los grandes retenedores del CO2 de la atmósfera, lo cual debe complementarse con una extensa campaña de reforestación con especies nativas que sean las más eficientes en la captura de este elemento, mayor causante, después del metano, del calentamiento global. El posconflicto y la lucha contra los cultivos ilícitos facilita estas acciones
• Desestimular el consumo de carnes y leches bovinas, ya que el ganado es el gran emisor de metano
• Reordenamiento del uso del suelo urbano en las grandes y medianas ciudades, que permita asentamientos de la población trabajadora en las vecindades del transporte público masivo, el cual debe ser operado con hidroelectricidad
• Gravar con altas tasas impositivas el uso del vehículo privado
• Incentivar la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas para la producción de hidrógeno y su posterior almacenamiento para su uso en pilas de hidrógeno, que produzcan la energía que reemplazará los combustibles fósiles que requiere el motor de combustión interna

P.S. SOS por la antigua mina de Industrial Hullera en Amagá y el riesgo para los mineros y población vecina. Catástrofe que sería otra tragedia anunciada, sin que el Alcalde de Amagá ni el Gobernador de Antioquia se hayan dado por informados.