Un grupo de campesinos de la vereda de Palocabildo, ubicada en el municipio de Jericó, Suroeste antioqueño, impidieron la entrada de funcionarios de la empresa minera Anglogold Ashanti en los territorios donde esta compañia realiza trabajos de exploración. Los ciudadanos exigieron que se prohíban ese tipo de proyectos por el cuidado del medio ambiente y la vocación agrícola y caficultora de la región.

“Los funcionarios continúan en el camino, que van a entrar al territorio para instalar sus plataformas perforatorias para la exploración. Los campesinos mantienen su posición de permanecer allí día y noche para impedir el paso de ellos”, afirmó Fernando Jaramillo, exconcejal y líder defensor del agua y el territorio en Jericó.

Esta disputa fue acompañada por el Éjercito, la Policía, la Personería y se desarrolló de manera pacífica. También estuvo el alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez, quien pidió la instalación de una mesa de concertación y diálogo para superar la situación.

“Les propusimos una mesa de concertación el próximo martes conformada por la Administración Municipal, la empresa minera y los campesinos, para que hablemos y sepamos todos qué necesita la empresa, qué estudios están haciendo y escuchar a la comunidad sobre lo que piensan”, argumentó el mandatario local.

Para el diputado de Antioquia Norman Correa, “ellos (la empresa) tienen un título para explorar, han estado presentes en el territorio durante tres o cuatro años. Pero en Jericó hay movimiento civil y campesino que no apoyan las actividades de esta multinacional en municipio, no quieren que haya explotación minera”.

Por su parte, la empresa minera Anglogold Ashanti afirmó en un comunicado que la “relación de años con los habitantes del municipio de Jericó y el corregimiento de Palocabildo, zona de ubicación de nuestro proyecto de exploración, siempre se ha basado en el diálogo y el intercambio respetuoso de información” y añadieron que “la situación de hoy (martes) no es la primera vez que se presenta y en ocasiones anteriores ha estado acompañada de retenciones a empleados contra su voluntad y de agresiones físicas y verbales; acciones que son claramente vías de hecho con las que no solo no estamos de acuerdo, sino que además son ilegales”.

Sobre este punto hay consenso entre las partes. Pérez invitó a los involucrados a que “hablemos, escuchemos las partes y siempre obremos de manera legal”. El corporado Correa llamó a “la serenidad, no generar violencia en esta situación. Les pido firmeza a los ciudadanos de Jericó y los suroestanos en la defensa del territorio, del agua y medio ambiente”.

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La administración jericoana defendió la percepción del grupo de campesinos frente a la negativa a la megaminería desarrollada por la multinacional.

“Nosotros como municipio estamos impulsando otro tipo de economías: agropecuaria, la que ha generado el café, agroturismo y ecoturismo. No queremos que nuestro trabajo como comunidad se base en la minería. Nosotros creemos que podemos y tenemos la posibilidad de crecer en otras instancias. No vemos pertinente la propuesta de desarrollo minero que el Gobierno Nacional nos plantea en el marco de la titulación de nuestros predios, agregó el burgomaestre”.

A esta opinión se sumó el miembro de la Asamblea de Antioquia, Norman Correa, el cual complementó que “es necesario que haya respeto a esa decisión soberana de los campesinos de que la minera no ingrese en sus tierras y que en virtud de la consulta popular, se defina si la población quiere minería a gran escala o si prefieren seguir conservando el paisaje cultural cafetero, sus tradiciones campesinas y su estilo de vida ligado al café, a los sembrados”.

Sobre una posible consulta minera, el mandatario local agregó que no solo es necesaria en Jericó, “sino que para todos los municipios donde haya intención de realizar actividades extractivistas y de multinacionales, las cuales deben ser consultadas a tiempo a las comunidades. Quienes son perjudicados o beneficiados por estas determinaciones son los que deben decidir qué actividad económica queremos, cómo nos soñamos el suroeste antioqueño. Que la comunidad sea quien lo decida libremente, así como lo hizo Cajamarca cuando decidió que no a la minería”.

El diputado Norman Correa fue más allá y aseveró que toda la “comunidad del suroeste está en contra de la megaminería en sus territorios y, dado el contexto de lo que sucedió en Cajamarca, en esta subregión antioqueña se pretende comenzar un proceso de consultar popular en el que el pueblo se pronuncie si quiere o no esta actividad”.

Contrastando estas afirmaciones, la empresa Anglogold Ashanti sostuvo que con esta comunidad ha habido relaciones informadas y respetuosas. “En la situación de hoy nos agredió el mismo grupo, compuesto por no más de 30 personas a las que hemos insistido en buscar para dialogar, recibiendo siempre su rechazo y frecuentemente sus agresiones”.

La multinacional subrayó que “la comunidad sabe que la empresa siempre está disponible para desarrollar sus legítimas tareas de exploración, teniendo en cuenta las expectativas de la comunidad dentro de un diálogo amistoso y respetuoso”.