El proyecto de demoler la sede de alcaldía de Caldas para construir una nueva ha generado polémica. La Administración municipal argumenta que es necesario por los riesgos que representa la estructura. Por su parte, voces ciudadanas y urbanísticas lamentan haber llegado allí.
En una casa construida a finales del siglo XIX está ubicada la Alcaldía de Caldas, un recuerdo republicano del pasado de esta localidad: una de las primeras edificaciones en la plaza, de dos pisos de altura y construida en tapia.
Según señala Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Valle de Aburra (2011), publicación del Área Metropolitana, el edificio dejó de ser una casa de familia en la década de 1940, cuando la autoridad civil la adquirió. Aunque su diseño siguió siendo el mismo, distribuida alrededor de un patio con corredores perimetrales y salones en galería, fue modificada para el funcionamiento del Concejo, el Catastro y el despacho del alcalde. Otras oficinas funcionan en edificios anexos y en la parte posterior se encuentra la plaza de mercado.
Perdió funcionalidad
Debido a fallas estructurales y a que el espacio es insuficiente, según manifestó el alcalde de Caldas, Carlos Eduardo Durán, la edificación será demolida y construida una sede que se acomode a las necesidades administrativas. Hace parte de varias propiedades que serán derribadas para permitir la nueva obra, entre estas la cárcel municipal.
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La administración afirma que al no ser un edificio reconocido como patrimonio, sería un error destinar recursos para su recuperación.
Si bien es cierto que la casa consistorial no ha sido declarada ni está en proceso de declaratoria como bien cultural de interés nacional (siendo el único bien declarado en este municipio por el Ministerio de Cultura la Estación del Ferrocarril), el Plan de Ordenamiento Territorial de Caldas establece esta edificación como un bien de interés cultural de segundo nivel con registro Ipuava 129-028.
Un bien con sentido
Por su valor patrimonial, el artista caldense Dorian Flórez solicitó al Área Metropolitana su intervención para frenar la demolición de la casa consistorial y ha pedido que sea conservada como sede de la casa de la cultura de Caldas.
Su afirmación está sustentada en el documento Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Valle de Aburra que señala que “la situación de desarticulación y precariedad de la oficinas hizo necesaria la proyección de una sede administrativa, cuyo proyecto arquitectónico fue financiado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ejecutado mediante convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, sede Medellín, en el año 2009. La nueva sede se proyecta ampliando el área hasta la carrera 48 sobre el lote que ocupó la Normal de Varones. En este proyecto se conserva la casa para rehabilitarla como sede de actividades culturales y se diseñan varios edificios enlazados: uno para el Concejo, otro para las Secretarías y la oficina del alcalde y otro más, destinado al comercio”.
Darío Ruiz Gómez, fundador del Centro de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, apuntó que “derribar una joya como la casa consistorial de Caldas es una demostración de barbarie, explicable solamente por la ignorancia de los funcionarios de turno. Se está olvidando que según la ley lo primero que debe ser contemplado en un plan de desarrollo de un municipio es lo referente a la conservación del patrimonio urbano, arquitectónico. La conservación del edificio debe hacerse con la eficacia y rapidez con que lo permiten las más modernas técnicas para la renovación de las estructuras”.
Las opiniones en Caldas respecto a la demolición están divididas. Camila Vélez, habitante del municipio, comentó que se encuentra de acuerdo con el proceso planteado por la administración y que si la demolición se realiza para evitar que una construcción en mal estado ponga en riesgo a los pobladores, no encuentra ningún inconveniente.
El riesgo que asusta
El alcalde explicó que la casa “ya se ha caído en su parte principal, remodelada y hecha con cemento”, pese a esto, sigue generando riesgo: “nuestro primer objetivo es salvar vida, aquí a diario hay más de 400 personas en peligro por la inestabilidad de la construcción”.
Por esto se construirá “un palacio municipal moderno, un lugar al que puedan acceder todas las personas, inclusive para las personas de movilidad reducida, un lugar que no amenace ruina”, apuntó Durán.
Además, "sale el triple de caro reconstruir o remodelar el edificio", aseguró, y dijo que ya se cuenta con los diseños para empezar una nueva construcción en el mismo lote.
El sustento para la demolición de la obra es un informe técnico elaborado por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del Área Metropolitana en el que se observa que al ser una edificación configurada estructuralmente por un sistema de muros de carga en tapia pisada “no dispone de elementos de concreto reforzado y las cargas verticales y horizontales son resistidas por los muros de carga, que tienen un comportamiento frágil y de mínima disipación de energía. Adicionalmente, su alto peso favorece la dinámica inercial de las fuerzas sísmicas, lo cual puede ser perjudicial para su desempeño durante un evento de estas características”.
El informe especifica que hay “deterioro del sistema de cubierta, deformaciones en la losa de entrepiso, deformaciones y dilataciones en los muros de tapia, ausencia de cimentación, irregularidades en planta y en altura, distribución de los en planta, pérdida de la verticalidad (o plomo) de los muros, protección contra la humedad, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, conexión entre muros, entrepisos y ausencia de diafragmas, estructuración de cubierta, rutas de acceso y evacuación, extintores vencidos, elementos expuesto y posibles impactos”.
Difícil resolver
Advierte que “desde el punto de vista sísmico, este tipo de edificaciones no evidencian un adecuado comportamiento durante estos eventos, lo cual implica unas condiciones de riesgo importantes para el municipio”.
“Por su edad de servicio, no cumple ciertos parámetros técnicos de diseño y construcción que reglamenta la normatividad colombiana de construcciones sismo resistentes actual. Además de esto, los elementos presentan fallas que dañaron el comportamiento monolítico de la estructura, facilitando que aun ante condiciones normales de servicio se presenten lesiones de manera frecuente”, agrega.
También propone unas recomendaciones de intervención entre las cuales destaca que se haga “un análisis detallado de la vulnerabilidad sísmica de la edificación y de sus posibilidades e intervención, máxime si se tiene el deseo de mantener el patrimonio cultural e histórico que representa la edificación.
Alternativas híbridas
El informe afirma que en Colombia algunas edificaciones en tierra apisonada “se han conservado por su valor histórico y cultural, pero en su gran mayoría han sido modificadas de tal manera que se han adaptado a las necesidades de las edificaciones actuales”, explicando que la edificación ha sido modificada en su configuración puesto que se le han adicionado elementos y realizado reparaciones a daños.
Finalmente, advierte que luego de estos análisis, la administración debe determinar las acciones a seguir que pueden ser de rehabilitación o de demolición y construcción de una nueva sede, “estas acciones deben ser realizadas en el futuro inmediato (…) De no realizar estas acciones, el deterioro puede aumentar e incluso comprometer en un futuro la estabilidad de la edificación”.
Basado en este estudio, el Área Metropolitana aprobó el proyecto para construir la nueva sede de la Alcaldía y aclaró que la decisión de si la demuelen o no, le corresponde al municipio, que en consideraciones funcionales, financieras y legales, propone avanzar a la nueva sede.