No había concluido el anuncio de la mesa de Quito sobre avances en busca de un acuerdo del Gobierno y las Farc, cuando el Eln perpetró otro atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en Norte de Santander, ratificándose así como el peor autor de crímenes ambientales en la historia de Colombia.

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El ataque, en El Carmen, región del Catatumbo, hizo que el crudo cayera en dos quebradas, hasta el lunes cristalinas, que proveen el agua para el consumo humano y la actividad productiva de los campesinos. El derrame de petróleo sobre fuentes de agua dulce, no sólo la hace impotable para los humanos sino que afecta gravemente todo el ecosistema. La voladura del oleoducto detiene las exportaciones de petróleo, la mayor fuente de divisas del país.

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A pesar de la gravedad del ataque, los voceros de la mesa en Quito persisten en anunciar el cese al fuego temporal y los pasos hacia el cese al fuego definitivo, haciéndose los sordos ante la gravedad de los atentados terroristas del Eln en varios departamentos. Así, el Gobierno mantiene el patrón que usó con las Farc, de escoger “la paz” por encima de la institucionalidad, la democracia y la seguridad. Y lo más grave, cede al chantaje y expande los límites de control a una contraparte pendenciera.

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Los costos de la debilidad gubernamental los paga el país a través de pactos que entregan la Nación construida hasta ahora, con sus virtudes y equivocaciones, a cambio de la dejación ¿parcial? de las armas. El precio se hace notorio con hechos tan desgraciados como el ingreso de las Farc a la vida política sin antes haber concurrido a la justicia especial para la paz y cumplido con sus obligaciones con las víctimas, que tantas veces se anunciaron inaplazables.

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