Adicionalmente, han constatado que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional.
Un centenar de manifestantes protestan en el Obelisco de la Ciudad de Guatemala contra el Gobierno de presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) confirmó este jueves que 277 personas han muerto en Nicaragua por la crisis sociopolítica que vive este país centroamericano y constató, además, el incremento de la represión en la última semana.
El grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Cidh registró al menos once personas muertas y un centenar de heridos en la última semana.
"Lo que aumentaría el número total de muertos registrados desde el comienzo de las protestas a 277 personas asesinadas y más de 2.000 heridas", según un informe de ese organismo.
El Meseni, en su tercera semana de trabajo en Nicaragua, también "constató en terreno la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades", según ese informe.
El martes pasado, el Meseni documentó un operativo realizado en la comunidad indígena de Monimbó, Masaya, por agentes de la Policía Nacional con el objetivo de desmantelar los tranques en la ciudad, que se habría extendido por más de siete horas.
"Es de destacar que, en el marco de la intensificación de los operativos de limpieza, el Meseni y el personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre el terreno han constatado el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados", de acuerdo con el informe.
Observó que esas fuerzas se caracterizan "por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques".
La Cidh reiteró su llamado al Estado de Nicaragua sobre su obligación de garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión.
Asimismo, que Nicaragua debe desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil, con apoyo y aquiescencia del Estado.
Para ello, debe investigar los hechos en los que han participado, así como identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado.
La Cidh también hizo un llamado para que en cualquier contexto de represión, el Estado garantice la atención médica y la evacuación de las personas heridas.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente, que ha dejado entre 277 y 351 muertos, según organismos humanitarios.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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