La situación presente exige dignidad para reconocer y enfrentar la amenaza sobre los colombianos. Y valentía para acompañar y cuidar fuertemente a las víctimas.
El partido de las Farc acompañó y apoyó a a. santrich cuando enfrentó acusaciones por narcotráfco
El video en el que las cabezas del equipo negociador de las Farc en La Habana protocolizan su condición de líderes de un gran cartel del crimen organizado, en alianza con el Eln y otras de las peores organizaciones delincuenciales, obliga al país a reconocer y encarar los errores de un acuerdo escrito con el cinismo de las Farc y la incoherencia, todavía notoria, del Estado. Los anuncios del pasado 29 de agosto habían sido predichos por los conocedores del carácter de las Farc y anunciados gota a gota por los 1800 guerrilleros que, oficialmente, ya se filaron en el cartel criminal, condición que no aligera la carga de estos hechos para las comunidades más vulnerables.
En el video ampliamente difundido y escasamente analizado en redes sociales sobresalen la amenaza generalizada al país, en especial a las comunidades rurales, y la intención que tienen los negociadores de consolidar un cartel de economía criminal en el que se proponen sumar a los grupos criminales hoy abiertamente dedicados al narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la extorsión: el Eln, los clanes y las bandas criminales con las que confluyen en algunas regiones del país, así las Farc tengan la más amplia y fuerte presencia en las regiones con mayor afectación por cultivos ilícitos, producción y exportación de cocaína y producción criminal de minerales, en especial oro.
El anuncio impone un gran reto a los ex guerrilleros integrantes del Partido de las Farc que declaran su interés de acatar al Estado de Derecho y defender sus ideas en el marco de la Constitución y la Ley. Sus jefes adquieren la obligación de demostrar la voluntad de paz que declaran con adornadas palabras, pero no demuestran con hechos, asumiendo responsabilidades con el cumplimiento de los acuerdos y con la sociedad a la que victimizaron y de la que se han burlado. Ya es hora de que los responsables de crímenes de lesa humanidad y delitos de guerra abandonen las curules que indignamente ocupan, para dedicarse a atender sus obligaciones con la justicia transicional, o sea con las víctimas, que nunca estuvieron en el centro del proceso. También es momento para que los jefes entreguen tanto bienes como armas, informen detalladamente de sus negocios criminales y expulsen de su partido a quienes siguen delinquiendo; no es hora de aparecer como víctimas, como hábilmente lo vienen haciendo con complacencia de quienes se consideran avezados periodistas. Si los jefes y bases sí se han desmovilizado, los primeros tienen la enorme responsabilidad de garantizar que los militantes sean debidamente protegidos de la amenaza de nuevos reclutamientos o asesinatos por el grupo criminal derivado de las Farc.
El Estado no puede evadir sus responsabilidades por haber negociado y seguir actuando bajo la afectación de una modalidad de Síndrome de Estocolmo, en el que la contraparte de un tramposo renuncia a su papel de contradictor y a cumplir sus deberes legales, y lo consideramos así pues nos negamos a creer que tantas concesiones se hayan hecho sólo para garantizarle al doctor Santos su Nobel de Paz. Después de afectar a los negociadores, el mencionado Síndrome también aquejó al Congreso y las Cortes, que en distintos momentos se han negado a analizar y corregir el acuerdo tramposo, las instituciones débiles y las reglas unilaterales que la mesa de La Habana le impuso al país, además de que también han rehuido cumplir obligaciones que les son inherentes, como castigar a incumplidos, como alias márquez, que ha tenido el único castigo de pérdida de investidura por inasistencia, y santrich, y sus secuaces en el narcotráfico, hoy libres por un legalismo cómplice de la JEP.
En la nueva situación, el Estado tiene también la inmensa responsabilidad de reorientar el manejo del acuerdo final con las Farc. Aceptando y dando garantías a quienes demuestren que efectivamente se desmovilizaron y rompieron lazos con el cartel relanzado. Y actuando frente al nuevo grupo criminal. Corresponderá al Ejército, que merece de la ciudadanía respeto por su sacrificio y solidaridad activa con la denuncia, garantizar que los criminales sean conducidos ante la justicia. Deberán las instituciones de justicia actuar según su competencia: la JEP, expulsando a los criminales, y la Fiscalía y las cortes librándoles órdenes de captura, además de estudiar las solicitudes de extradición pendientes. Y le tocará a la Cancillería desplegar un gran esfuerzo diplomático para afianzar las alianzas con países y organismos multilaterales aliados de Colombia; para exigir a los garantes y acompañantes de la negociación y el acuerdo ser estrictos frente a los incumplidos y sus protectores en el exterior, y para demandar de esos apoyos de los criminales, acatamiento del orden jurídico internacional.
La situación presente exige dignidad para reconocer y enfrentar la amenaza sobre los colombianos. Y valentía para acompañar y cuidar fuertemente a las víctimas directas de las Farc, hoy atemorizadas por el riesgo de sufrir nuevos ataques, así como a las comunidades vulnerables, sobre las que están recayendo las nuevas y agresivas amenazas de esa organización.
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