Con el propósito de cumplir con las obligaciones asumidas para la eliminación de las minas antipersona en el país, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, presentó las razones por las cuales Colombia solicita una nueva prórroga, en la sesión virtual de la reunión intersesional de la Convención de Ottawa, que se realiza del 30 de junio al 2 de julio en Ginebra, Suiza.

Durante su intervención, el funcionario presentó un balance favorable en cuanto a los avances de Colombia en el desminado humanitario. Entre 2001 y 2010 el país únicamente contaba con intervenciones en cuatro municipios. Actualmente, de los 720 que presentan algún nivel de contaminación por estos artefactos explosivos, Colombia cuenta con 156 municipios en intervención y 404 declarados libres de sospecha de minas antipersona.

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Ceballos explicó que: “Estos avances han permitido un despeje acumulado de más de seis millones de metros cuadrados y la destrucción de 3.733 minas antipersona de naturaleza improvisada. Este despeje representa un impacto directo en más de catorce millones de habitantes de los municipios declarados libres de sospecha de minas antipersona, lo que corresponde aproximadamente a 30 por ciento de la población colombiana”.

El Alto Comisionado para la Paz también explicó que la solicitud de extensión se basa en el Plan Operativo de Desminado Humanitario 2020-2025, que propone como meta la limpieza de más de ocho millones de áreas peligrosas confirmadas en los 156 municipios donde se adelantan intervenciones de desminado humanitario.

Colombia remitió la solicitud de extensión establecida en el Artículo 5, por un periodo de cuatro años y diez meses, comprendido desde el primero de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Sin embargo los retos para Colombia en la descontaminación del territorio dependen de la ubicación y limpieza de las minas antipersona de naturaleza improvisada, las exigencias de las condiciones topográficas y climáticas del país, los grupos ilegales que siguen instalándolas y la sostenibilidad financiera de las operaciones de desminado humanitario”, manifestó Miguel Ceballos.

Dicha solicitud de prórroga fue remitida en el mes de marzo al Comité de Implementación del Artículo 5 de la Convención, la cual prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona e insta a los diferentes Estados a destruir los artefactos de este tipo que tengan en su territorio, como parte del proceso de preparación para la Decimoctava Reunión de Estados Parte, que se celebrará en noviembre de 2020.

Igualmente, durante la sesión virtual, el funcionario fue invitado a participar en la mesa redonda sobre las mejores prácticas, implementación y lecciones aprendidas de Colombia en los temas de género y diversidad de la política nacional de acción contra minas antipersona.

Sobre el tema, indicó que en materia de afectación, a mayo de 2020, 404 indígenas han sido víctimas de accidentes por minas antipersona. De estos, 148 eran menores de edad, y del total de víctimas, 30 por ciento fallecieron a causa del accidente.

Por lo anterior, insistió en que “Colombia ha desarrollado históricamente más de 16.000 actividades de Educación en el Riesgo de Minas, beneficiando a 500.000 personas, de las cuales un 20 por ciento corresponden a las comunidades étnicas”.

También resaltó que el país ha avanzado significativamente en ajustar los procesos en prevención teniendo en cuenta las necesidades culturales, sociales y políticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, con el fin de fortalecer sus capacidades para disminuir el riesgo por presencia o sospecha de minas antipersona.

Finalmente señaló que en 2019 el Gobierno Nacional asignó recursos para el desarrollo de una metodología en Educación en el Riesgo de Minas dirigido a comunidades étnicas, por valor de 280.000 dólares, beneficiando a más de 15.000 personas. Y para este año esos recursos se aumentaron a 360.000 dólares.

Asimismo, para el periodo de 2020-2022 el Gobierno tiene proyectado invertir más de 146 millones de dólares, es decir una asignación anual por más de 48 millones de dólares para el sostenimiento de las operaciones de desminado humanitario que adelanta la capacidad nacional representada en la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario y la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina.

Comentarios:

Edgar
2020-07-02 11:52:19

Lo primero es señalar que los grupos terroristas, llámense FARC, ELN, y los paramilitares y todas las pintas de ilegales, como los llaman, siguen sembrando esos horrorosos artefactos. A ésos malditos les importa un comino las firmas de convenios que haga el gobierno. Y otra cosa que me llama la atención es que en el artículo se nombra específicamente a la comunidad indígena y la afrodescendiente, y eso está bién, pero y los demás? Los campesinos? Y los soldados que caen en esas terribles minas? Porqué no se nombran? Es que son invisibles?

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